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Se espera que el sector de servicios públicos en América Latina sea uno de los más resistentes de la región en medio de la desaceleración de la actividad económica y la presión sobre las métricas crediticias como resultado de la pandemia del coronavirus, dijo Fitch Ratings en un reciente informe.
“Aunque la calidad crediticia de las empresas de servicios públicos en América Latina enfrentará inevitablemente la presión de una menor demanda de electricidad, periodos de gracia y mayores necesidades de capital de trabajo como resultado del brote de coronavirus, estos emisores tienden a tener un alto margen de calificación, una sólida liquidez y un menor riesgo comercial que la mayoría de las empresas”, dijo Lucas Aristizabal, director senior de Fitch Ratings.
El principal riesgo para el sector radica en la complejidad y duración de la interrupción de la demanda en una recesión económica. Este riesgo podría verse exacerbado por el aumento del desempleo, una reducción significativa en la demanda de energía, el riesgo de contraparte y el riesgo de demora en la finalización de proyectos.
El impacto de la menor demanda de electricidad variará según el país y el tipo de negocio. Los países donde la demanda de electricidad está altamente vinculada al consumo industrial y comercial, que es típico en América Latina, verán una disminución más pronunciada de la demanda que países como Colombia, donde el consumo residencial representa cerca de dos tercios de la demanda.
Las compañías de generación de energía con una alta exposición comercial serán las más expuestas debido al menor consumo de electricidad y a los precios spot más bajos esperados este año.
Fitch ha designado una categoría de riesgo de A, B y C para todas las empresas de la región, desde las más riesgosas hasta las menos riesgosas, y casi todas las empresas de servicios públicos están en la categoría de riesgo más bajo de C.
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En Argentina, el efecto de la pandemia en la economía global probablemente agregará una presión adicional a la economía. Este riesgo, junto con la reestructuración de la deuda soberana, podría presionar aún más al gobierno federal, lo que puede retrasar aún más el pago a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
En Brasil, varios grupos de energía eléctrica estarán bajo presión. De modo favorable, el sector de energía eléctrica en Brasil presenta una flexibilidad financiera superior al promedio para aumentar la deuda, si es necesario, e históricamente ha recibido un tratamiento de apoyo del gobierno en escenarios con riesgo sistémico.
En Chile, las empresas del sector eléctrico tienen las estructuras de capital más sólidas de la región, junto con una fuerte liquidez, lo que les proporciona un buen acceso a los mercados de capitales.
En Colombia, las empresas generadoras verán una alta volatilidad del flujo de efectivo en el 2020 como resultado de una hidrología inferior al promedio y una disminución en la demanda de electricidad. El riesgo crediticio para estas compañías calificadas por Fitch es mitigado con estructuras de capital conservadoras y requisitos de capital manejables.
En México, la demanda de energía también sigue el crecimiento del PBI de EE.UU. y se espera que los resultados de un menor consumo de energía sean manejables para los emisores calificados.
El riesgo más inminente está relacionado con el riesgo de contraparte, ya que las empresas tienen una exposición significativa a entidades relacionadas con el Gobierno mexicano, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE; BBB / estable), Petróleos Mexicanos (Pemex; BB / negativa) y Cenagas (sin calificación).
Perú
En Perú, la mayoría de las entidades calificadas en el sector tienen sólidos perfiles de liquidez, que ofrecen cierto margen para absorber un repentino aumento temporal en el apalancamiento, así como la flexibilidad para posponer los planes de inversión en curso.
La menor demanda de energía debería presionar los flujos de efectivo de las empresas generadoras, ya que por lo general hay un margen derivado de las ventas de generación. Las empresas con activos / tecnologías diversificadas, altamente contratadas y con estructuras de costos más flexibles, deberían estar más aisladas de la menor demanda de generación.
Eso es cierto para Kallpa Generation (BBB- / negativa) y Orazul (BB / estable). Aquellas firmas que están menos diversificadas, con menos contratos y con estructuras de costos menos flexibles, como Fenix Power Perú (BBB- / estable), podrían enfrentar un impacto más significativo en su Ebitda.
El impacto en el flujo de efectivo se ve mitigado por posiciones de efectivo adecuadas, acceso robusto a los mercados de capital y un mayor apoyo de los accionistas.
Para las empresas de distribución de energía, las menores ventas y el aumento de la morosidad que se espera por parte de los clientes presionarán los requisitos de capital de trabajo, pero deberían ser manejables.
En un esfuerzo por mitigar la interrupción del flujo de efectivo en el sector, el Gobierno peruano aprobó un decreto de emergencia que prevé la reprogramación de los recibos de electricidad y gas natural durante el estado de emergencia nacional.
Los pagos se dividirán en hasta 24 meses sin intereses ni cargos para la población de bajos ingresos. Los intereses serán cubiertos por el Fondo de Inclusión Social de Energía (FISE) por un período acumulativo de dos años.
El menor crecimiento económico en los próximos años debido a la desaceleración económica mundial debería reducir el consumo de energía, prolongar el período de precios spot extremadamente bajos en el país y afectar la rentabilidad de las empresas.
El flujo de caja de las compañías generadoras también se verá afectado en el mediano plazo si van a volver a contratar capacidad bajo la expectativa de precios spot continuamente más bajos.
La sobrecapacidad de generación del Perú, como resultado de los aumentos en la capacidad de generación hidroeléctrica en los últimos años, ha dejado inactivas las centrales térmicas durante la cuarentena a nivel nacional. La demanda de electricidad se redujo en un 30% interanual después del inicio del período de emergencia el 20 de marzo (Fitch consideró esta fecha).
Considerando un período de confinamiento de 37 días y un aumento gradual de la actividad económica desde entonces, la demanda de energía podría disminuir en torno al 5% durante el 2020.
