Los demandantes han reclamado millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.
Los demandantes han reclamado millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

El caso de la petrolera en Nueva York (Estados Unidos), derivado de la decisión de de expropiar a la española el 51% de las acciones de esta empresa en el 2012, llega este jueves a una fecha crucial a partir de la cual se abren varias posibilidades con importantes implicaciones.

La demanda fue impulsada en el 2015 por Burford Capital, una firma que adquirió los derechos de litigio de dos sociedades españolas -Petersen Energía Inversora y Petersen Energía- que antiguamente pertenecieron al grupo argentino Petersen, propietario del 25% de YPF en el momento de la nacionalización.

Además de las dos sociedades españolas Petersen -la argentina no está involucrada- cuyos derechos de litigio posee Burford, desde el 2016 otra parte en la demanda es el fondo estadounidense Eton Park, que en su momento tenía una participación accionarial de 2.9% en YPF.

Los demandantes han reclamado millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

Argentina e YPF han argumentado que la ley aprobada por el Parlamento en el 2012 por el entonces gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) que declaró de utilidad pública sujeto a expropiación el 51% de YPF, le impedía al Estado adquirir acciones adicionales.

Los demandantes han solicitado a Loretta Preska, jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, que dicte una sentencia sumaria a su favor, incluyendo una compensación por presuntos daños de US$ 15,900 millones.

Argentina e YPF objetan ese cálculo y sostienen que, si fueran hallados responsables -algo que rechazan-, a lo sumo la reparación podría ascender a US$ 146 millones.

Las partes podían presentar sus escritos finales hasta este 23 de junio, por lo que se espera que en los próximos días Preska dicte un fallo que previsiblemente tendrá impacto sobre las cotizaciones de bonos soberanos argentinos, y las acciones y títulos de deuda de YPF y de Burford.

Entre las posibilidades en manos de la jueza existe la de llevar a ambas partes a una vista oral para que expongan sus argumentos; la de dictar un juicio sumario a favor de Argentina e YPF, o un juicio sumario a favor de las sociedades españolas Petersen (Burford) y Eton Park.

Según el analista Sebastián Maril, director de la firma Latam Advisors, también hay un escenario “poco probable” de que la jueza rechace todas las mociones de fallo sumario y eleve el caso a un juicio completo.

En su última nota de resultados trimestrales, YPF reiteró que la petrolera y Argentina “no tienen ninguna responsabilidad” y que, por lo tanto, Preska “debería dictar una sentencia sumaria a su favor”.

No obstante, YPF incluyó el litigio como una amenaza en su último informe anual y señaló que si la Justicia de Estados Unidos se pronuncia a favor de Petersen o Eton Park, la empresa podría afrontar “importantes costes y pérdidas” que repercutirían “material y adversamente” en sus condiciones financieras.

Los demandados han objetado la legitimidad de la jurisdicción estadounidense para llevar adelante el caso, ante lo que los demandantes han argumentado que están bajo el amparo de la regulación bursátil de Estados Unidos, ya que YPF cotiza en Nueva York además de Buenos Aires.

Ayer, YPF se anotó una victoria en otro caso en este país al obtener un fallo parcialmente favorable en una demanda por daños ambientales interpuesta por Maxus Energy, que ha sido elevada a juicio en un tribunal de bancarrota del estado de Delaware y que le evita de momento pagar un reclamo multimillonario.

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