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Actualmente, según información del Banco Central de Reserva (BCR), la recaudación tributaria (acumulada a 12 meses) hasta agosto representa alrededor del 15% del PBI, esta cifra, para el cierre del 2020, representó alrededor del 13%, siendo un porcentaje alejado de la recaudación de muchos países en América Latina. La evasión de impuestos es parte del problema.
Según Jorge Picón, abogado tributarista y socio del estudio Picón, la carga tributaria en el país está completamente mal distribuida, pues ha “convivido” con la informalidad y contrabando por mucho tiempo, lo cual termina en evasión. En ese sentido, el foco está en el control tributario y no solo en el lado legal, pues no ha habido acciones contundentes alrededor de ello.
El “atacar” puntos críticos de evasión y hacer público el tema son opciones clave, las cuales no son realizadas de manera óptima en Perú. Picón señaló que personajes icónicos, en otro países, son llevados a la justicia tributaria y, al hacerse público el tema, se genera un cumplimiento tributario por defecto.
“Es importante que Sunat encuentre focos de evasión, por ejemplo, es conocido que en Chimbote la pesca tiene un alto porcentaje de informalidad o en Chiclayo o Trujillo con el azúcar o arroz. Si sabes de grandes centros de evasión concentrados, cómo es posible no controlar esto. No sé si es desidia o incapacidad”, afirmó.
En relación a ello, Walker Villanueva, socio del estudio PPU, indicó que la informalidad ya es un “viejo cuento”, el cual no ha sabido ser abordado por parte del Estado, lo cual explica gran parte de la evasión.
La deficiencia en el planteamiento de regímenes tributarios para las pequeñas y micro empresas (RUS, Mype y RER), va en contra de los incentivos hacia las mismas. Ante ello, habría que pensar un régimen tributario, laboral y financiero para que estas empresas se formalicen.
“Son regímenes que no están coordinados con el tema laboral. Para temas laborales, las micro y pequeñas empresas tienen otros parámetros de medición distintos al tributario, lo cual es una locura. Imagínate a un pequeño empresario que quiere formalizarse, tendría que asesorarse por un laboralista y por un tributarista, que terminen por complejizar más la situación. Hay una pereza del Estado”, afirmó.
Es necesaria, según Picón, una reestructuración de la Sunat, la cual deba seguir una agenda para contrarrestar la informalidad y contrabando. Añadió que el directorio debe ser multidisciplinario con prospectos técnicos ceñidos al plan y que lleve los procesos de manera ordenada.
“Todas las normas que den no sirven de mucho si es que hay un gran sector de la población que no les hace caso. No estamos hablando de informalidad de supervivencia, estamos hablando de una informalidad que hace mucho dinero en provincias”, manifestó.
Otras cuestiones
Hay cuestiones legislativas, según Picón, que pueden abordarse, como evaluar impuestos patrimoniales en la medida que no desincentiven la inversión.
“La empresa formal como tal no tiene, en promedio, una mayor carga que imponerle. Se pueden considerar impuestos a la herencia, consumo electrónico o intervenir plataformas tipo Netflix, lo cual podría funcionar siempre y cuando no sea oneroso para el consumidor”, señaló.
Villanueva, por su parte, indicó que la Sunat debe ocuparse también de las operaciones no reales, relacionadas a la venta de facturas, pues la legislación no es suficiente.
“Se debe buscar poner barreras de entrada a los que se encargan de estas actividades ilícitas a través de mecanismos legales”, afirmó.
