Después de tocar fondo en abril como resultado del aislamiento social obligatorio (cuarentena) establecido para frenar la propagación del covid-19 en el país, la economía peruana desaceleró su caída registrando una contracción de -32.8% en mayo, por el reinicio de la actividad económica (fase 1 de la reanudación).
¿Cómo le fue en junio, con el inicio de la fase 2? Se estima una contracción de 21.7% en el sexto mes del año, y con ello, una caída de 31.8% en el segundo trimestre del 2020, según un reporte de Thorne & Associates. “Seguimos pensando que las tasas anuales se harán menos negativas a partir del tercer trimestre de este año, pero recién volverán a terreno positivo en el segundo trimestre del 2021″, refiere el texto.
En este contexto, “solo un extraordinario repunte de las cifras” en el segundo semestre evitaría la previsión de caída de 17% para la economía en el 2020. indicó la consultora.
Durante el discurso por Fiestas Patrias, el presidente Martín Vizcarra detalló algunas de las acciones que se realizarían durante los últimos 12 meses de su mandato con el fin -entre otros- de mantener la economía a flote y lograr iniciar la recuperación en las actividades.
No obstante, fue “un mensaje a la Nación sin novedades significativas en materias económica y sanitaria”, resume el reporte. En esa línea, Thorne & Associates revisó seis principales puntos en el discurso: consumo privado y protección social; empleo; salud; proyectos de inversión pública; minería; y formalización de títulos de propiedad. ¿Será suficiente para alcanzar un repunte en lo que queda del 2020?
Consumo privado y protección social
Para la consultora, el apoyo económico a las familias afectadas por la crisis del covid-19 ha sido insuficiente. La entrega del primer bono más la ampliación del mismo (de 6 millones a 8.5 millones de familias beneficiarias) representó 0.8% del PBI; y una segunda ronda de estos bonos a estos 8.5 millones de familias significarán 0.8% adicional del producto.
Además de los problemas de gestión que retrasaron la entrega de los principales bonos, y podrían repetirse en la segunda ronda de entrega de subsidios, se observa que la magnitud de estas ayudas es limitada. “El efecto que pueden tener para mitigar la caída de los ingresos y el consumo es poco significativo. En efecto, dado un programa económico de más de 17% del PBI, queda la duda de por qué se ha destinado menos de 2% del PBI para apoyar a las familias”, se menciona.
Lo que propone el texto para amortiguar la caída del consumo es ampliar el apoyo a familias de 1.7% a 3% del PBI. Esto se lograría otorgando dos bonos de aproximadamente S/ 1,000 cada uno a todo trabajador cuyos ingresos hayan sido afectados a raíz de la pandemia. Además, dice Thorne & Associates, se debería implementar un seguro de desempleo, inicialmente financiado con fondos públicos y luego privatizado tras la emergencia sanitaria.
El empleo
En el ámbito laboral, lo que se puede extraer del discurso del presidente es que el Gobierno espera que haya una recuperación significativa del empleo en los meses que vienen, y que esta impulsará un rebote del consumo privado. De hecho, durante el mensaje, señaló que las cifras de la planilla electrónica evidenciaban una recuperación del empleo formal.
Sin embargo, se debe considerar dos hechos: que la dimensión formal del empleo explica menos del 30% del total; y que es natural que haya habido una importante recuperación de los indicadores laborales formales hacia fines de este mes, pero no se especificó cuántos puestos de trabajo permanecen destruidos.
Para generar más puestos de trabajo, la propuesta oficial se enfocó en los programas Arranca Perú y Trabaja Perú, que generarían más de 1 millón de puestos de trabajo. Aún así, dos problemas surgen de esta propuesta. En el reporte se señala que buena parte de las obras queda a cargo de autoridades subnacionales (en coordinación con ministerios), cuya ejecución presupuestal de recursos de inversión pública es particularmente baja; y que no se plantearon medidas para estimular la creación de empleo privado en el corto plazo.
“Considerando que se trata de empleos temporales, en el mejor de los casos, el efecto amortiguador sobre el consumo privado sería transitorio. También habría que tomar en cuenta cómo se adaptaría la tasa de ahorro de las familias. Por ende, es necesaria una inyección de confianza al sector privado para estimular la generación de empleos no solo en el corto plazo, lo que a su vez estimularía la demanda de los consumidores y la producción de las empresas. En línea con ello, también sería conveniente ofrecer incentivos tributarios a las empresas que vuelvan a contratar a su personal, así como promover temporalmente una flexibilización en el mercado laboral”, detalla.
Salud
En materia sanitaria, las políticas anunciadas fueron el aumento del presupuesto del sector salud en 2021, la unificación del sistema integral de salud (SIS) y Essalud, el uso de pruebas moleculares rápidas para diagnóstico y el sinceramiento de las cifras de infectados y fallecidos por covid-19. No obstante, la ausencia de recursos presupuestarios no es el principal impedimento del sector, sino una baja capacidad ejecutora, sobre todo de gasto de inversión (menos de 15% de ejecución en lo que va del año y 56.1% en 2019).
Además, la unificación del SIS y Essalud supone un quebrantamiento de la ley de creación de Essalud (Ley N° 27056), que estipula que el Seguro Social de Salud es una entidad autónoma, cuyos fondos no provienen del presupuesto público. “De fusionarse ambas entidades, sería necesaria una modificación de la Constitución; y también el Estado asumiría la responsabilidad financiera derivada de los costos incrementales de Essalud”, anota el reporte.
Para la consultora, más importante es evitar que el aumento de la movilidad traiga consigo una aceleración de los contagios, por lo que no debería sorprender que las crecientes cifras de infectados terminen generando un rebrote y exacerben la crisis económica que vivimos. Ante ello, la propuesta es implementar un régimen de rastreo y aislamiento de contactos de infectados y poblaciones vulnerables, además de continuar con el uso comunitario de implementos de protección (como mascarillas).
Proyectos de inversión pública
Si bien el reporte consideró que son positivos los anuncios de acuerdos de gobierno a gobierno para megaproyectos como las líneas 3 y 4 del Metro de Lima y la Carretera Central, entre otros; se deben consideran dos puntos: que estos no implican un impulso fiscal contracíclico en el corto plazo, el cual es dejado en manos de los programa Arranca Perú y Trabaja Perú; y que se trata de proyectos que no están estructurados y podrían demorar hasta 3 años en ser licitados.
“El Gobierno está asumiendo una responsabilidad presupuestal que en la práctica correspondería a la próxima gestión (2021-2026), que podría decidir que estos proyectos no forman parte de sus prioridades y descartarlos”, detalló.
En ese sentido, se consideró que un impulso fiscal más efectivo y agresivo provendría del uso del mecanismo de acuerdos de gobierno a gobierno para diseñar un plan de inversiones multianual, por un equivalente de 10% del PBI, priorizando los proyectos en la cartera de Proinversión.
Minería
El discurso presidencial no profundizó sobre la minería, en un contexto de nuevas tensiones en Espinar (Cusco) y con una cartera de proyectos paralizados con una inversión de casi US$ 25,000 millones (alrededor de 11% del PBI).
Para lograr el destrabe, sería necesario diseñar una estrategia para mitigar las tensiones sociales, que podría basarse sobre tres ejes: el adelanto de los beneficios del canon a la etapa de inversión (y no de explotación); el incremento de la calidad y el alcance del registro de la propiedad comunal; y mejorar la ejecución de los recursos tributarios mineros.
Títulos de propiedad
Finalmente, el presidente señaló que se busca otorgar títulos de propiedad a los predios estatales, a modo de formalizarlos.
“Esta medida incentivaría las invasiones de terrenos y desincentivaría la inversión inmobiliaria por una menor demanda de vivienda formal. Para evitar esto, una opción podría ser fortalecer los programas de apoyo estatal (como Techo Propio) y tranzar los predios estatales a precio social, es decir, a cambio de una compensación económica menor a la equivalente en el mercado privado”, finalizó el reporte.