Uno de los aspectos claves en el sector exportador es el llamado drawback, que hace referencia a un procedimiento de restitución de derechos arancelarios. Esto aplica cuando una empresa exportadora tiene que importar insumos para concretar su proceso comercial.
El drawback plantea una devolución relacionada a ese pago de impuestos en la importación que es equivalente a un porcentaje del valor FOB del bien exportado, es decir, del precio de compra o adquisición de la mercancía, descontando el costo del flete y el seguro. Sin embargo, como adelantó Gestión en exclusiva, esta tasa estaría a un paso de cambiar por un Decreto Supremo que alistaría el Gobierno peruano.
Desde el 2019, la tasa de restitución es del 3% del valor FOB. La propuesta gubernamental es que se pase a un procedimiento en el que “la empresa productora - exportadora acceda a la restitución efectiva de los derechos arancelarios que gravan la importación de insumos incorporados o consumidos en la producción del bien exportado”.
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Así, se determinaría que, desde el 1 de enero del 2025, se aplique una tasa de restitución de 0.5%, en tanto la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) “emite el procedimiento e implementa el sistema informático correspondiente para la aplicación de dicha modificación”. Fuentes en el rubro indican que esto tardaría, al menos, seis meses.
El análisis de esta propuesta detalla que “se ha visto por conveniente modificar el esquema de restitución arancelaria” a fin de que se restituya a los exportadores, “de una forma más exacta los aranceles pagados por los insumos incorporados o consumidos”. A esto se suma que, según calculan, se tendrá un ahorro fiscal de S/770 millones para el 2025 y de S/1,000 millones para el 2026.
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Radiografía
La tasa de restitución está vigente en el país desde 1995. Se dispuso que esté vinculada a un porcentaje del valor FOB, dado que era complejo determinar el pago efectivo del arancel, entre otros. Empezó siendo un 5%.
Lo cierto es que en Perú no se aplica como tal el drawback, sino una versión simplificada. La Ley General de Aduanas (LGA) contempla dos opciones para esta restitución. La primera, correspondiente al artículo 83, es una “restitución simplificada”, vigente desde 1995, usada hasta hoy y que es el reembolso de un porcentaje del valor FOB. La segunda, el artículo 82, aborda una restitución total o parcial de aranceles pagados por insumos importados. Nunca se desarrolló a nivel reglamento.
De acuerdo con un reporte presentado por la Sunat, al 2018, la restitución que se aplica como tal hasta hoy le costaba al país más de S/850 millones al año. Se agrega que los factores que sustentaban el inicial mecanismo de restitución fueron desapareciendo, como que altos aranceles afectaban las exportaciones y distorsionaban las decisiones de exportadores.
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Otro hallazgo del reporte de la Sunat era que el monto restituido podría superar 12,000 veces el arancel pagado por los insumos. Por ejemplo, una empresa agroindustrial, dedicada a los envíos de jugos y conservas, que pagó de arancel US$ 20, se le terminó restituyendo US$252,000. Siguiendo esta línea, se determinó que, en promedio, se devolvió más del 50% de los aranceles que el Estado cobró.
También se identificó que los principales beneficiarios son las grandes empresas. A cifras del 2017, solo un 6% de los exportadores beneficiarios con esta restitución recibió el 50% del valor total, equivalente a casi S/430 millones.
Además, se estimó que si se hubiese devuelto los aranceles efectivamente pagados sería solo el 9% del total restituido. Es decir, a cifras del 2018, de los S/858 millones restituidos, debió entregarse solo S/80 millones.
Cabe mencionar que, si bien todos los países partieron del mismo escenario de “procedimiento simplificado”, al 2018, algunos como México, Argentina, Uruguay, Chile y Ecuador ya aplican el régimen drawback como tal.
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Posiciones
La Unión de Gremios “Empresarios Unidos por el Perú” se mostró en contra de una eventual propuesta de actualización al considerar que las exportaciones no tradicionales perderían competitividad en los mercados internacionales.
“Las exportaciones no tradicionales peruanas, que representan casi el 30% de las exportaciones totales del país y generan más de cuatro millones de empleos, estarán en grave riesgo (...) El procedimiento simplificado del drawback ha permitido que las empresas peruanas afronten el incremento de costos internos y mantenerse operando”, informaron.
Los sectores que se verían afectados, principalmente, son la agroexportación, agroindustria, textiles y confecciones, pesquería y acuicultura, madera, metal mecánica y siderúrgica, entre otras actividades productivas.
Antonio Castillo, gerente general de la Sociedad Nacional de Industria (SNI), señaló que “no es el momento adecuado” para realizar estos ajustes, más aún cuando los costos operativos en el Perú se mantienen a niveles superiores al de otros países con los que se compite.
“Hicimos un cálculo de que la inflación, entre enero del 2000 y agosto del 2024, fue de 109% en Perú, mientas que la devaluación de la moneda, solo de 7.5%. Si comparas con otros países como Chile (76%), México (106%) y Colombia (112%), hay una desventaja en los costos para exportar. De una manera u otra, el drawback compensa este escenario”, comentó.
Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios Gamarra Perú, consideró la propuesta sobre el drawback como un “absurdo”, pues funciona como “un pequeño incentivo” para los medianos y pequeños empresarios e incentiva el dinamismo para crezca el mercado exportador peruano. “Además, pedir un drawback no es fácil, por su propios trámites, ayuda a la formalidad empresarial”, refirió Saldaña.
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Por su parte, Jaime Dupuy, director ejecutivo de ComexPerú, consideró que esta propuesta es positiva, pues busca “sincerar el mecanismo” de restitución de aranceles y dejar de ser un “subsidio ciego”.
Sin embargo, Dupuy cuestionó el momento en que se realiza, pues la economía peruana, reflejo del desarrollo empresarial, no ha logrado recuperarse. A esto sumó que viene siendo “una mala práctica del Ministerio de Economía y Finanzas” que estos temas no pasen por un correcto análisis de impacto regulatorio, convocando a terceros, como la academia y gremios empresariales.
Katarzyna Dunin Borkowski, Directora de Consultoría Tributaria y Aduanera en PwC, también consideró que el esquema actual es un “subsidio ciego”, pero criticó la drasticidad en esta modificación al bajar la tasa de restitución de 3% del valor FOB a un 0.5%, en una fase transitoria.
“Debería ser gradual porque se está impactando de golpe en los flujos financieros de las empresas. Tiene que dárseles predictibilidad. Incluso, debería la Sunat realizar un análisis segmentando sobre qué sectores requieren dinamizarse con este régimen”, añadió.
Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), coincidió en que esta actualización es “abrupta” y debería establecerse una gradualidad”, atendiendo que es un subsidio que está injustificado.
Luis Arias Minaya, exjefe de la Sunat, también saludó que se revise este “subsidio” e indicó que cualquier fórmula que aproxime a una devolución real del tributo arancelario será “una medida técnicamente adecuada”.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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