Porcicultores resaltaron beneficios de la Ley de promoción agraria. (Foto: GEC)
Porcicultores resaltaron beneficios de la Ley de promoción agraria. (Foto: GEC)

La () se pronunció acerca de la derogatoria de la . A través de una misiva, el gremio señaló que esta normativa ha fomentado la formalización e incremento de los puestos de trabajo en el sector agrario en las últimas dos décadas.

En lo que corresponde a la porcicultura, detalla que se han realizado inversiones mejorando el empleo formal y una reducción de la pobreza en el agro, propiciando el crecimiento y desarrollo del sector, así como de la cadena de valor.

“En el caso de la producción porcina, la nueva Ley de Promoción Agraria debe ratificar la necesidad de mantener los beneficios tributarios del 15% del Impuesto a la Renta. Sin embargo, en el caso de las remuneraciones a los trabajadores del sector pecuario, al ser una actividad permanente que se desarrolla a lo largo de todo el año, los trabajadores se encuentran en el régimen general con todos sus beneficios laborales como 30 días de vacaciones, pago de CTS, ONP y AFP”, se lee en la misiva.

“Entendemos perfectamente que en el caso de la agroindustria de exportación, donde en su mayoría los cultivos son estacionales, los trabajadores se mantengan en un régimen especial debido a la temporalidad de su actividad laboral, donde en el sueldo que recibe el trabajador ya está incluido la proporción de Gratificación más CTS, pero es innegable los beneficios de una Ley de Promoción Agraria que garantiza la sostenibilidad del crecimiento del sector agrario y el posicionamiento que el Perú ha logrado en los mercados mundiales de alimentos”, añaden.

Consideran que se debe continuar por la ruta de promover un ambiente económico estable y predecible para el buen funcionamiento de las políticas agropecuarias en pro de elevar la competitividad de nuestra agricultura y alcanzar el desarrollo rural.

“No permitamos quitar competitividad al sector agrario. Países vecinos mantienen normas permanentes de promoción y fomento a sus actividades agrarias para competir con el comercio global de alimentos, por lo que es imperativo que el Congreso, con aportes del Ejecutivo y los Gremios Agrarios, impulse en forma expeditiva una nueva Norma Legal que sustituya a la norma derogada”, concluyen.