A diciembre de 2020, alrededor de 97% de establecimientos del primer nivel de atención y el 96% de hospitales se encontraban con capacidad instalada inadecuada, según el diagnóstico de brechas de infraestructura y equipamiento del sector salud elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa).
“De 50 obras de infraestructura de salud, (más de US$ 15 millones que suscribieron contrato bajo la modalidad de obra pública tradicional entre 2010 y 2019) el 20% están paralizadas al 26 de julio de este año; la mayoría con contrato resuelto”, apuntó Yovanna Ramírez, jefa del Área Económica de Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).
Tal es el caso del hospital de Andahuaylas, que luego de seis años de la elaboración del perfil, inició obra en el 2013 pero se encuentra paralizada desde 2014 y con contrato resuelto desde 2019.
Asimismo, el hospital de Cañete (meta II, que comprende la construcción y equipamiento de este nosocomio), inició obras en septiembre 2015. Desde entonces presenta 18 adicionales (es decir, prestaciones que no estaban previstas originalmente en el contrato) y 47 ampliaciones de plazo; y aún se encuentra en ejecución, con retraso respecto a lo programado.
“Construir una obra de infraestructura implica un largo proceso de coordinación entre las partes. Lamentablemente, la mala gestión en algunos casos generó sobrecostos para el erario público que podrían haberse evitado”, apuntó la ejecutiva.
Este es el caso de las obras de infraestructura y equipamiento de la nueva sede del hospital regional Miguel Ángel Mariscal Llerena que iniciaron en 2014 y que fueron entregados en 2018, 10 meses después de lo programado. Durante su ejecución se presentaron irregularidades que generaron un perjuicio económico que asciende a más de S/ 5 millones, según estima la Contraloría General.
En 2020, apenas se adjudicaron cuatro contratos de obras con las características descritas. En tanto que este año, al 22 de julio, se convocaron cuatro procesos de contratación de obras de este tipo, los cuales se enmarcan en acuerdos Gobierno a Gobierno, y una contratación directa para un saldo de obra.
Los problemas de gestión se reflejan en la baja ejecución del presupuesto para inversión en salud, que registró 63.7% en 2020 y un avance de 24.5% al 30 de julio 2021. En ese sentido, apuntó, no sorprende que nueve gobiernos regionales que reciben recursos COVID-19 para inversión en salud hayan ejecutado este año menos del 50% al 30 de julio, entre los que se encuentran Huancavelica y Cajamarca; regiones con altos niveles de pobreza.
“No están consiguiendo gastar por carecer recursos, sino porque su capacidad es limitada. La solución al problema pasa por elevar la capacidad técnica de los funcionarios y facilitar un ecosistema colaborativo para la gestión de proyectos”, agregó Ramírez.
Además, se necesitan más especialistas en salud. La brecha de personal solo en el Minsa y las regiones es de 9,662 médicos especialistas, 2,542 cirujanos, 27,478 profesionales y 20,003 técnicos asistenciales a julio 2021, según la Dirección General de Personal de la Salud del Minsa.