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En julio pasado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la decisión de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Suprema que permitió lograr la liberación de un terreno de 276 mil metros cuadrados para lograr la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Sin embargo, la Contraloría General de la República emitió un informe el pasado 19 de setiembre en el que advirtió riesgos, atribuibles al MTC, que generarían más retrasos aún en la entrega de terrenos al concesionario Lima Airport Partners (LAP) para el inicio de las obras de construcción del ampliación del terminal aéreo.
El montículo de la avenida Centenario
Según el literal E de la Cláusula Quinta de la adenda N°7 firmada entre el MTC y LAP, el MTC tiene la obligación de retirar el montículo de la avenida Centenario. El plazo máximo para culminar la obra es el próximo 31 de diciembre del 2019.
El montículo de la avenida Centenario es un botadero que acumula escombros, residuos y que se encuentra al noroeste de la cabecera de la segunda pista. Tiene una elevación de 20 metros sobre el nivel del mar.
Este montículo tiene un área dentro de la concesión y un área fuera de la concesión. El área dentro de la concesión debe ser eliminada por el concesionario. Sin embargo, el área fuera de la concesión debe ser eliminada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según indica el informe de control concurrente N° 2204-2019-CG/APP-SCC al que accedió Gestión.pe.
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Así, el área del montículo fuera de la concesión, cuya eliminación es responsabilidad del MTC, cuenta con 46,947 metros cuadrados. Y para su eliminación, explica la Contraloría, se afectarían un total de 5 predios estales y un predio privado.
La Dirección de Disponibilidad de Predios del MTC, en su intento por liberar estos terrenos para lograr la eliminación del montículo de la avenida Centenario, identificó que la zona está parcialmente ocupada por terceros pues existen edificaciones, conexiones de luz eléctrica e incluso se desarrollan actividades empresariales.
La liberación de los predios públicos
En el caso del predio privado, el MTC obtuvo la titularidad del predio privado de 3,691 metros cuadrados a cambio de S/ 6 millones a sus propietarios.
Sin embargo, aunque se hicieron los trámites con la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN) para obtener la titularidad de los predios públicos, la legislación peruana otorga el derecho de que los ocupantes sean reconocidos por “las mejoras encontradas en el inmueble y el traslado de los ocupantes o poseedores que no ostentan un título legítimo del predio”, señala el informe de Contraloría. A esto se le denomina el “Procedimiento de Reconocimiento de Mejoras”.
Por lo tanto, el MTC debe hacer una tasación de las construcciones halladas en los 5 predios públicos y compensar a los ocupantes de los mismos.
Sin embargo, de los 5 predios solo 2 cuentan con la Aprobación del Valor de la Tasación y el Pago, mientras los otros 3 restantes se encuentran en la última fase para que el MTC pueda obtener la titularidad de los predios.
A esto se suma que la Contraloría indica en su informe que, tras dos visitas realizadas a la zona, "se advierten algunas inconsistencias", pues señalan que los Informes Técnicos de Tasación tienen algunas diferencias con la identificación física de las construcciones.
"Debemos mencionar que las inconsistencias identificadas durante la visita de inspección podrían ocasionar errores en las valorizaciones de las tasaciones de reconocimiento de mejoras de los predios que aún no han sido entregados al MTC", señala el informe.
¿Se llegará a eliminar el montículo para el 31 de diciembre?
Teniendo en cuenta la situación existente, Contraloría detalló que el MTC se demorará, en total, 10 meses en lograr eliminar el montículo o botadero de la avenida Centenario que se encuentra fuera de la concesión.
Esto colisiona con la cláusula del contrato que establece que el MTC tiene la obligación de eliminar dicho botadero como máximo hasta el 31 de diciembre. Así las cosas, se podrían generar nuevos retrasos para la liberación plena de los terrenos que permitan la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
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Contraloría señala que queda pendiente culminar los procesos de adquisición de predios, la liberación de interferencias de las empresas Enel, Calidda y Movistar (3 meses), la contratación de una empresa para hacer el expediente técnico para el movimiento de tierras (3 meses), y el término de la obra en sí (4 meses).
“En ese sentido, dado que las actividades pendientes por ejecutar por parte del MTC para cumplir con el Compromiso E dentro del plazo establecido en el Contrato de Concesión implicarían aproximadamente 10 meses, según lo indicado por el propio MTC, se advierte un riesgo de que esta Entidad cumpla con dicho compromiso hasta el 31 de diciembre del 2019, con lo cual se podría retrasar la ejecución del proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”, sostiene el informe.
Los resultados de dicho informe fueron comunicados a las autoridades competentes del MTC, así como a la presidenta de Ositran, en su calidad de supervisor del Contrato de Concesión, para tomar acciones al respecto.
