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La Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) calificó como riesgoso para el país los tres acuerdos suscritos con Bolivia para instalar redes domiciliarias de gas natural boliviano, comercializar balones domésticos de gas licuado boliviano e interconectar el gasoducto boliviano con el peruano dentro de territorio nacional.
La implementación de esos acuerdos –indicó el presidente del gremio–demandaría replantear los programas de masificación y desarrollo del gas natural en el país, especialmente en el sur del país, así como modificar la legislación del gas licuado de petróleo y replantear la ruta, diámetro y administración del a Gasoducto Sur Peruano.
Fernando Cabada, agregó que hasta ahora no se conocen los términos y condiciones de cada uno de los acuerdos, por lo que no se puede determinar con exactitud cuál sería su impacto en el país y en sus programas y proyectos relacionados con el gas natural y el gas licuado.
También sostuvo que otro de los aspectos que debe resolverse es el precio del gas natural y gas licuado que comercializaría Bolivia, pues el país altiplánico, por ejemplo, vende gas natural a Argentina y Brasil a un precio que ha fluctuado a lo largo del tiempo entre los US$ 10 y US$ 3.70 el millón de BTU mientras que en el Perú se comercializa a precio regulado: entre US$ 2.20 y US$ 3.30.
El titular del gremio que reúne a empresas envasadoras y distribuidoras de gas licuado en el Perú, se preguntó si Bolivia va a subsidiar su hidrocarburo o lo venderá al precio al que lo exporta regularmente.
“Bolivia exporta al Perú GLP, que para que sea aceptado por el consumidor peruano debe ser combinado con GLP de Camisea y la diferencia de precio entre el producto 100% boliviano y la mezcla es inferior a S/ 1.5 por balón y aun así no es de la elección de los usuarios de balones de gas. En Paraguay, a donde exporta también Bolivia, su precio al consumidor es mayor que en el Perú”, explicó.
De otro lado, Cabada aseguró que la comercialización de balones de gas licuado en el sur del Perú tendría un sobrecosto por el transporte de los envases y, además, los cilindros y sus válvulas no cumplen la normativa peruana, ni se ajustan a las cocinas peruanas.
A lo que se añade –dijo– que su internamiento y salida del país requerirían de la aprobación de nuevos trámites aduaneros.
Cabada explicó que la interconexión del ducto boliviano al gasoducto peruano, que ya empezó a construirse, implicaría determinar el recorrido del ducto boliviano, la tarifa de peaje, el diámetro del tubo y, sobre todo, el destino final del combustible: exportación, generación eléctrica, petroquímica.
Sostuvo que la inversión por parte de Bolivia podría superar los US$ 7,000 millones y tendría que definirse cuál será su sistema de administración al unirse con el ducto peruano: público, privado o en concesión; por citar algunas alternativas.
Ante lo cual, consideró que por su trascendencia e importancia los acuerdos suscritos merecen ser analizados y explicados al país, para que conozca cuáles son sus implicancias y su efecto en las políticas de hidrocarburos del país, un sector que ya tiene mucho retraso e informalidad y que podrían terminar perjudicando al país en su conjunto.
