Por Karina Azar, ejecutiva de la Dirección de Análisis y Evaluación Técnica del Sector Privado en CAF
El adecuado financiamiento a pymes es importante en todas las etapas del ciclo de vida empresarial dado que permite que las mismas inicien, desarrollen y evolucionen sus modelos de negocio, al tiempo que contribuyen al empleo, el crecimiento y la inclusión social. Es por ello que fortalecer los productos financieros a los que las pymes tienen acceso es vital. Las restricciones financieras que impiden que las empresas inviertan en proyectos innovadores o aprovechen las oportunidades de crecimiento, afectan negativamente la productividad, el empleo, la innovación y exacerban la brecha de ingresos.
En el contexto actual, en donde las pymes latinoamericanas están atravesando por una ralentización de sus actividades a causa del COVID-19, encontrar mecanismos alternativos de financiamiento a estas empresas cobra la mayor relevancia.
Tradicionalmente, las pymes obtienen financiamiento del sector bancario o microfinanciero por medio de los créditos. Sin embargo, con frecuencia se observa que ellas están en desventaja con respecto a grandes empresas al momento de acceder a deuda: cuestiones como la asimetría de la información, altos costos transaccionales, el gobierno corporativo de las pymes, entre otros, limitan el acceso al financiamiento, particularmente a aquellas que no cuentan con los colaterales necesarios, tienen poco historial crediticio o no cuentan con los recursos para implementar estados financieros. Si bien las instituciones financieras han masificado los créditos tradicionales como los productos de primera opción para las pymes, existen mecanismos no tradicionales que cumplen con la misma finalidad, al tiempo que brindan condiciones más adecuadas a sus necesidades.
La crisis financiera del 2008-09 evidenció estas diferencias y desventajas a las que las pymes están expuestas; la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 no dista de aquella del 2008 en este sentido. Adicionalmente, ciertas categorías de emprendedores, como las mujeres, a menudo enfrentan obstáculos adicionales para acceder al financiamiento en los volúmenes o formas apropiados. Por ejemplo, en muchos países, las mujeres tienen menos confianza que los hombres en cuanto a obtener el financiamiento que necesitan para iniciar o hacer crecer un negocio. América Latina cuenta con la brecha más alta de financiamiento a pymes lideradas por mujeres (US $86 mil millones). Por ello, es importante evaluar esquemas convenientes para financiar a las pymes, sobre todo por parte de la banca de desarrollo.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) señala una variedad de productos alternativos para financiar a pymes según su nivel de madurez y el retorno esperado: factoring, leasing, crowdfunding, venture debt, private equity, bonos subordinados, entre otros. En América Latina han surgido modelos de mecanismos alternativos de financiamiento a pymes que nacieron para hacer frente a las restricciones que las pymes tienen al momento de solicitar un crédito convencional. Estos son los casos de productos como factoring, garantías, y leasing, documentados en la reciente publicación de CAF “Mecanismos alternativos de financiamiento a pymes en México: los casos de cadenas productivas, garantías (Nafin) y arrendamiento (Unifin)”.
El documento presenta los casos de estudio que dieron pie al nacimiento de los productos: el rol jugado por instituciones financieras públicas y privadas durante la época de recuperación de la crisis mexicana del año 1994 fue indispensable para la reactivación de la economía. El documento da cuenta de cómo en México, para estimular la creación y el crecimiento de empresas, se diseñaron productos considerados en aquel entonces como innovadores, que tenían por usuarios principales a las pymes. Esta implementación de productos no tradicionales por parte de instituciones financieras públicas y privadas sentó las bases por su capacidad para crear empleos y estimular el producto interno bruto. El prestigio tanto de Nafin como de Unifin inspiró la confianza necesaria para atraer a pymes, intermediarios financieros y proveedores para la puesta en marcha de los productos. Sumado a la fortaleza de las instituciones, el marco regulatorio también ha permitido la adecuada utilización de los productos. El producto de garantías de Nafin ha sido posible dado que la legislación favorece la relación del banco de desarrollo con los intermediarios financieros y le asegura a estos últimos que podrán hacer valer las obligaciones de los deudores. La normativa, además, define el marco de operación del programa mediante la figura de los fideicomisos. En lo que respecta a las cadenas productivas, la regulación de las firmas electrónicas y de las transacciones digitales, el valor legal de los documentos generados en medios electrónicos y la Ley de Fintech han sido las bases normativas del producto.
Si bien el documento está enfocado en productos desarrollados décadas antes de la aparición del COVID-19, invita a la reflexión sobre nuevos productos que, en especial, la banca de desarrollo pueda diseñar a partir de las necesidades y de las vulnerabilidades a las que la crisis ha expuesto a las pymes en América Latina. En este sentido, convendría pensar en las externalidades positivas que los mecanismos alternativos de financiamiento podrían tener en las pymes, y que promover su desarrollo y uso debería ser la “nueva normalidad” si se quiere pensar en un escenario más equitativo para las pymes en cuanto a acceso a financiamiento.
Desde CAF apoyamos el desarrollo de productos innovadores en los que la banca de desarrollo pueda incursionar para mejoras de productividad de las pymes en la región. De igual manera, CAF continuará apoyando al sistema bancario de los países de la región y, de manera prioritaria, a los bancos de desarrollo a fin de que puedan colocar recursos al sector productivo, en particular a las pymes, por cuanto son estas empresas quienes están sufriendo el mayor impacto del brote epidémico al ser más propensas a experimentar una limitación en el flujo de efectivo y dificultades en la amortización de sus préstamos. Así, se busca que un mayor acceso al financiamiento pueda permitir que las instituciones financieras continúen ofreciendo créditos orientados a comercio exterior y capital de trabajo, así como apoyar con liquidez en caso de que las cadenas de producción de las pymes se vean comprometidas y, de esta manera, mitigar los efectos sobre sus actividades productivas y el empleo.
