Soluciones posibles para hogares y Mypes sobreendeudados

Se debe ser consciente de que el sobreendeudamiento puede ser “activo”, como resultado de una combinación de malas prácticas de los acreedores y/o de los deudores, pero también ser “pasivo”, es decir una persona o Mype que no estaba sobreendeudada, pasa a serlo por eventos desfavorables en su vida (divorcio, muerte o accidente del principal sostén de la familia, despido, catástrofe natural, paros político-sociales prolongados y/o violentos, etc.). 

A veces la situación es algo más compleja, pues puede haber una combinación de los dos. En efecto, una persona o una Mype siempre deberían disponer de cierto margen para hacer frente a imprevistos. Al respecto, es alarmante, en términos de visión de manejo del riesgo, que muchos parezcan creer que se puede y debe prestar hasta el “tope” de una capacidad de endeudamiento, bajo el pretexto que el cliente sí puede pagar en ese momento. Se dan muchos microcréditos con ratios carga de deuda/excedente disponible muy elevados, o no se toma suficientemente en cuenta a la deuda de los miembros de la familia empresaria, o incluso algunos dan esos créditos sin ningún análisis serio de capacidad de pago. O, en créditos personales, se ven cálculos de ingresos supuestos del cliente basados en los montos de líneas que tienen en el sistema (lo que genera una “espiral sobre-estimadora” de los ingresos).

a) Debería existir una organización del monitoreo permanente de la situación del sobreendeudamiento a nivel “macro”, además del que ya puedan efectuar el BCR en el marco de su función relativa a la estabilidad financiera, y la SBS, en el marco de sus funciones de supervisión. 

Esta debería llevarse a cabo a través de una forma de comité con reuniones periódicas y con poder de ordenar estudios específicos, en el que participen además del BCR y de la SBS, los gremios de entidades financieras, y los de ONGs de microfinanzas, como  Copeme y Promuc; la ASPEC y otras similares representativas; agrupaciones de cámaras de comercio representativas de Mypes; los Ministerios de Economía y Finanzas, de la Mujer, de Inclusión y Desarrollo Social, de Agricultura, del Trabajo y de Producción y la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza. 

A decir verdad, la idea no es completamente nueva:

- Hace unos años, el BCR, con la asistencia de la SBS y sobretodo de Asbanc, organizó un estudio relativo al sobreendeudamiento personal. Fue un buen ejemplo de enfoque colaborativo en el Perú, efectuado a pesar de las dificultades que afectan a la información de ingresos en nuestro país, y que debería repetirse. 

- En el caso de Francia, por ejemplo, existe desde hace muchos años un “comité consultivo” sobre temas de crédito y de sobreendeudamiento que emitió recomendaciones para un uso responsable del crédito revolvente (como las tarjetas de crédito), pues ciertas empresas especializadas en créditos de consumo revolventes son allá más bien un dolor de cabeza para los bancos.

b) Y se debería disponer de “Comisiones de sobreendeudamiento” que ayuden a resolver situaciones de este tipo de manera razonable, eficiente y eficaz. Esto último ya lo mencioné varias veces en diversos artículos de opinión, planteando por ejemplo soluciones  de tipo arbitral. Pero lo mejor sería tal vez una lógica de comisiones de tipo semi-arbitral, es decir que involucren más al Estado. 

Resumo los puntos esenciales de esta propuesta, haciendo algunas precisiones no exhaustivas:

- Articulación alrededor de la SBS, que debería cubrir todas las regiones (departamentos), sin el Indecopi, con el cual no debería haber ni duplicación, ni confusión de roles. El “expertise” en estos temas lo tiene antes que todo la SBS. Sería esencial la presencia del mismo tipo de entidades ya mencionadas en la sección sobre el monitoreo permanente, además de la SUNAT y otros acreedores relevantes, aunque ya no necesariamente del MEF y del BCR.

- Procedimientos tanto para las personas/familias como para las Mypes, que en muchos casos pueden ser situaciones mixtas.

- Condiciones de elegibilidad suficientemente precisas para evitar un aflujo de demandas para situaciones que no lo ameritan. El reflejo de la “reprogramación preventiva” de créditos (antes de que se produzcan atrasos), si se desarrolla, debería contribuir a evitarlo

- Rol del Poder Judicial solamente de exequátur (para otorgar título ejecutorio a las decisiones de las comisiones), para darle mayor fuerza al sistema; si se da posibilidad de reexamen, debería ser una posibilidad muy limitada

- Aplicación de la regulación de la SBS relativa al sobreendeudamiento y a las reglas de transparencia, e inspiración en los Principios de Protección del Cliente Microfinanciero de la Smart Campaign (un esfuerzo de autorregulación colectiva llevado a nivel internacional), como principios básicos de valoración para la determinación de las soluciones, prestando especial atención a la génesis de la situación de sobreendeudamiento

- Clasificación en “Refinanciado” de los créditos en cuestión, y si el cliente requiere de medidas suspensivas de cobros de deudas, la clasificación regulatoria de la SBS se aplicaría según los criterios de días de atraso habituales, pero pasaría a Normal apenas aprobado el esquema. Es una propuesta de desincentivo del abuso de derecho y de incentivo de uso al mismo tiempo, respecto de una refinanciación clásica. Las ventajas se perderían en caso de “recaída” del cliente

- Filosofía fundamental: no premiar a las entidades más sobreendeudadoras ni a los deudores irresponsables, buscar que se salven empleos, que la gente no pierda sus casas y que los pequeños productores agropecuarios no pierdan sus tierras fácilmente.

Esto sería a mi parecer una adecuación más completa a nuestra realidad. Esta problemática tiene mucho más aristas que el sólo aspecto de protección del consumidor adoptado por algunos y requiere de un enfoque más integral, a la vez macro-económico y social. Las experiencias interesantes de otros países como Francia y Alemania pueden inspirarnos, pero el esfuerzo de adecuación a nuestra realidad debe ser mayor. Esto incluye a la buena cobertura territorial por la SBS, que permitiría además una supervisión preventiva y macro-prudencial más eficaz.