A favor de la regulación de precios, pero ¡para arriba!
Antes que me apaleen, déjenme explicarlo. Como era previsible, la crisis ha despertado voces clamando por más intervención del Estado y más populismo. En primera fila, están las iniciativas para regular precios (incluyendo la “operativización” del delito de especulación, mediante una lista de precios oficial), ante la idea de que las empresas están poniendo precios “abusivos”. Incluso voces que creíamos más ecuánimes, como la del presidente del Indecopi, Ivo Gagluiffi, se han sumado a la cruzada regulatoria, a pesar de sus múltiples intentos por convencernos de lo contrario…
Estas medidas han sido rápida y fuertemente criticadas por especialistas, como no podía ser de otra forma: la regulación de precios -como nos lo demuestra la historia- genera escasez y mercados negros, empeorando la situación, más aún en un momento de crisis.
Pero hay un hecho que ha pasado algo desapercibido. La escasez de productos -supuesta consecuencia de la regulación de precios- ya está operando en varios mercados, especialmente en el caso de medicamentos. ¿Qué hace que aún sin regulación de precios se produzca escasez? Sin duda, existen varias plausibles explicaciones para esto (todas ciertas), pero una de ellas ha pasado desapercibida: existe una norma social que considera “injusto” cobrar precios altos en medio de una crisis. Aquí un artículo del premio Nobel en Economía, Richard Thaler, lo explica. (Cabe resaltar que a Thaler le parece que es un buen resultado el que produce esta norma, lo que al menos hablaría sobre la ausencia de necesidad de que el Estado regule precios).
Muchas veces se pierda de vista que las actividades sociales no solo se regulan por medio de normas estatales, sino que también es hecho por normas sociales. Una norma social, por ejemplo, nos prohibiría fumar en lugares cerrados, aún si no estuviese prohibido por ley. En el futuro, es probable que una norma social nos mande a usar mascarillas, aun cuando ya no sea una obligación legal; y así sucesivamente.
Otro punto que se pierde de vista es que -contrariamente a lo que piensan autores como E. Posner o Ellickson- las normas sociales no son más eficientes por definición. Una norma social -igual que una norma estatal- también puede producir un resultado ineficiente. En este caso, la “regulación social” de precios genera escasez, pues las empresas cumplen con no incrementar sus precios a pesar de la demanda, tratando de satisfacer el apetito de sus clientes por “justicia”.
Entonces, tenemos que -aun sin regulación estatal de precios- muchos países tienen regulación de precios, lo cual lleva a la situación ineficiente de que las empresas no responden a los incentivos de mercado vendiendo más caros productos sobre los cuales existe mucha demanda. ¿Qué podríamos hacer?
Una opción, la más radical, es regular un precio mínimo para ciertos productos; pero sin duda puede haber muchos problemas de una norma como esa. Otra opción es que el Gobierno pare, por completo, su retórica intervencionista y más bien eduque a la población sobre la importancia de los precios como mecanismos de señalamiento (información) en el mercado. El gobierno debe ser el último en abrazar la retórica de los “precios justos”.
Pero quizá lo más importante es que el Gobierno deje de obstaculizar la competencia. En un mercado como el farmacéutico, por ejemplo, han sido ampliamente destacados problemas como demoras en aprobación de nuevos medicamentos, trabas para su comercialización, patentes excesivas, prohibición de publicidad, etc. (Incluso he escrito un libro sobre estas regulaciones, un capítulo dedicado a los medicamentos).
Sin embargo, esto nos deja un problema sin resolver: ¿qué hacemos con las personas que no pueden acceder a productos de primera necesidad? La solución pasa por ciertos subsidios y -sobre todo- por no quitarle a las personas la posibilidad de trabajar. Es tan obvio que casi da vergüenza decirlo.
*Imagen tomada de danieltoror