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La Moratoria de Universidades, anti-fujimorismo, democracia y libre mercado

Existe actualmente un debate sobre si se debería o no volver a imponer una prohibición para la creación de nuevas universidades en Perú. Este cuento comenzó en 2013 cuando -basados casi exclusivamente en el trabajo de un investigador (Gustavo Yamada)- se dictó la Ley Universitaria. La Ley estaba pensada para solucionar el problema de asimetría informativa (que a su vez llevaba a un problema de baja calidad) en el mercado universitario. 

La solución -imperfecta, contra-intuitiva y costosa- al problema de falta de información en el mercado no fue, como uno podría esperar, darle más información a los consumidores (podría apostar a que el portal “Ponte en Carrera” es conocido por pocos y utilizados por menos aun). No, no, ¡qué va! La solución principal fue estandarizar las universidades, imponiéndoles ciertas características como requisito para poder dar títulos a nombre de la Nación. El problema con este solución es que (i) eleva los precios, favoreciendo a los que ya están en el mercado y perjudiciando a los consumidores; (ii) impone características no necesariamente deseadas por los consumidores; y, (iii) no garantiza que haya una relación causal entre dichas características y elevar la calidad, aun si usamos la definición de “calidad” arbitrariamente elegida por el gobierno. 

Se podrían haber optado por otras soluciones. Sin ir más lejos, no poner ningún requisito, sino metas. Sin embargo, se optó por esta solución y suponemos que es una solución apoyada por los que -efectivamente- la demandaron y la apoyaron originalmente: Mora, Saavedra, Ñopo, Lorena Masias (Sunedu), Yamada, congresistas, opinólogos, etc.

A pesar de que se estableció que no se podía licenciar a una universidad que no cumpliera con dichas características (y sin licencia es prácticamente carente de objeto la existencia de una universidad); al Congreso peruano no le pareció suficiente y mantuvo la prohibición de creación de nuevas universidades impuesta 2012. Durante 5 años las universidades actuales han funcionado sin competencia, al mismo tiempo que se les daba un plazo para cumplir la Ley Universitaria de 2013. Si no era claro para el resto (como siempre lo ha sido para mi) que los principales beneficiarios de la Ley Universitaria son las propias universidades existentes (sobretodo las “clase B”); la prohibición establecida contra sus potenciales competidores debió dejar el tema más claro que el agua. No lo hizo, sin embargo. La conexión no parece existir para la gran mayoría.

Dicha prohibición expiró hace pocas semanas y han salido voces eufóricas, indignadas, convencidas, de que es vital para la “reforma educativa” que se extienda la moratoria por dos años más. ¿Qué está en el fondo de dicho pedido?

La lista es larga: desconocimiento de lo básico sobre Economía y regulación; desconocimiento sobre Derecho constitucional; desconfianza (quizá fundada) en el trabajo de Sunedu; anti-fujimorismo recalcitrante; tendencias anti-democrácticas y fobia hacia el libre mercado.  No estoy exagerando. La posición “pro-moratoria” es profundamente dañina e inmadura en una discusión seria sobre regulación. De acuerdo a Vermeule (2014), cuando tenemos una posición “madura” frente a un riesgo “(…) el objetivo del creador de un sistema regulatorio debe ser llegar al nivel óptimo de precauciones en lugar de al máximo nivel de precauciones”.

La explicación paso a paso de las taras alimentadas por la ignorancia y el prejuicio:

i. Desconocimiento sobre lo básico sobre regulación. Ninguna persona con mínimos conocimientos sobre regulación vería la prohibición de entrada de nuevos competidores como la solución a una falla de mercado, salvo el caso de un monopolio natural. La competencia promueve la eficiencia, lo cual significa un mercado sin fallas. Si la justificación para regular en primer lugar fue una falla de mercado (asimetría informativa), no se entiende por qué no se dejaría al mercado mismo solucionar -al menos parcialmente, unida a la regulación misma- la falla de mercado. Que la competencia “canibaliza” el mercado es un argumento que no tiene una raíz clara en la Teoría de la Regulación y ha sido definido por el ex profesor de Regulación de Harvard y actual Justice de la US Supreme Court como un “cajón de sastre” (en Themis 52, 2005). Llama la atención especialmente como un congresista como Alberto de Belaunde, que hace meses abogada por la calidad regulatoria (incluso proponiendo la creación de una Oficina de Estudios Económicos para que realicen el híper-técnico análisis costo beneficio), ahora ni si quiera se basa en lo básico de la teoría regulatoria para sustentar sus propuestas. ¡Se los dije! El énfasis debe estar en lo básico, por ejemplo la creación de una Oficina del Sentido Común los ayudaría mucho más.

ii. Desconocimiento sobre lo básico de Derecho constitucional. En Perú, le guste a los progresistas o no, uno de los principios básicos del Régimen Económico Constitucional es que la intervención del Estado en la economía es subsidiaria. La interpretación de ese principio -al menos en parte- significa que el Estado debe optar por la solución menos gravosa para solucionar un problema del mercado. Claramente, prohibir la entrada de nuevas universidades no es la manera menos gravosa de mitigar el riesgo que tiene la entrada de nuevas universidades -asumiendo que existe dicho riesgo. Y lo anterior no es solo una opinión mía, está basada en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC). Al referirse a la prohibición de crear sucursales impuesta por el Congreso (antes de la vigencia de la actual Ley), el TC dijo textualmente: “(…) el Congreso (…), lejos de adoptar las medidas de reforma necesarias para asegurar la calidad de la educación (…), se ha limitado a adoptar la inconstitucional medida de prohibirlas, afectando desproporcionada e irracionalmente el derecho fundamental e acceso a una educación universitaria (artículo 13º de la Constitución, artículo 13º 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y artículo 13º 3 del “Protocolo de San Salvador”), y el derecho a promover y conducir instituciones educativas (artículos 15º, 58º y 59º de la Constitución)”. Parece que a algunos el respeto a la Constitución (y tratados internacionales) solo les importa a veces, cuando se alinea a su discurso político.

Una solución alternativa sería poner requisitos aun mayores a las nuevas universidades. Si a las antiguas universidades se les pide A, B y C para licenciarse; entonces que a las nuevas se les pida más cosas que “garanticen la garantización” de la calidad. La aplicación de la norma peruana es fácil: si existe una fórmula menos gravosa para obtener el mismo objetivo, entonces la solución es desproporcionada e inconstitucional. Cuando le dije esto a una activista anti-fujimorista (supuesta defensora de la democracia) su respuesta fue: “no soy abogada”. Me sonó sospechosamente parecido a un meme.

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iii. Desconfianza en el trabajo de la Sunedu. A diferencia de lo dicho por el TC en 2008 mencionado arriba, en 2017, la Sunedu está realizando el trabajo de licenciar universidades, lo cual debería llevar -según ellos- a elevar la calidad de la educación al nivel que ellos mismos pensaron que era el adecuado. Sin embargo, ni la propia directora de Sunedu, Lorena Masias, ni el congresista creador de la Ley Universitaria, parecen confiar en que su reforma sirva para algo. Si no, no se explica cómo su sistema actual para asegurar la calidad no se aplicaría también a las nuevas ingresantes.  De hecho, la actual directora de Sunedu fue preguntada al respecto:

“Periodista: A partir de enero del 2018 se podrán abrir nuevas universidades, ya que termina la moratoria. ¿No hay riesgo de que haya nuevas universidades ‘chicha’?

Lorena Masias: Las universidades nuevas tienen que pasar por el licenciamiento. Ya no se permitirá eso (que sean ‘chicha’) porque deben cumplir exigencias“.

En este mismo sentido se pronunció el “inspirador” académico de la actual reforma, Gustavo Yamada:

“Hoy se ha establecido la Sunedu y hay una nueva ley universitaria, creo que es tiempo de dar paso a nuevos proyectos. La sociedad es cambiante y se requieren propuestas educativas innovadoras.Con las nuevas reglas se evitará que aparezcan proyectos malos”, indicó.

Solucionado el problema, entonces, ¿no? ¡No! ¡Ni se les ocurra! La misma Lorena Masias en otra declaración:

“No es el momento de crear nuevas universidades, sino de fortalecer y continuar la evaluación de las ya existentes. Estamos a la mitad del proceso de evaluación. Esto nos ha permitido evaluar a 116 universidades, de las cuales 30 han conseguido licenciamiento institucional”, comentó.

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Tragicómico realmente. Y pensar que personas supuestamente honestas y decentemente inteligentes están a favor de este despropósito…

iv. Anti-fujimorismo, poca fe en la democracia y el mercado. No le quiero dar demasiada cuerda a este punto, porque no soy fujimorista (todo lo contrario) y no me quiero comer un pleito en una supuesta defensa a Fujimori que no pretendo hacer. Nada más alejado de la realidad. Pero es un hecho que a Fujimori se le atribuye nuestra supuesta inclinación “pro-mercado” y que muchos que son “anti-fujimoristas”, lamentablemente, también son bien rojos en relación a temas económicos. Por mi lado, soy anti-fujimorista y pro-mercado. Como tal, les digo:

1. Fujimori no promovió la deregulación, lo hizo el Banco Mundial, aplicando el Consenso de Washington. El proceso fue a nivel Latinoamericano, no peruano.

2. Las recetas del Banco Mundial no son particularmente neoliberales. Cualquiera que piense lo contrario necesita estudiar más del tema. Un buen lugar para empezar es leyendo el brillante trabajo de Álvaro Santos,  aquí.

3. El mercado universitario nunca ha sido la panacea de los liberales en Perú. Cuando Fujimori eliminó la creación de universidades vía ley del Congreso, la reemplazó por el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU). Durante todo el gobierno de Fujimori se crearon 22 universidades, para un gran total de 72 hasta el año 2000 (sumados todos los periodos y presidentes anteriores). Solo en California, USA, hay 316 universidades (o colleges) actualmente. Hay a rededor de 4 mil en total, comparados a los ciento y tantos en Perú. 

Perú no es un paraíso del liberalismo. A lo más que hemos llegado es a estar a media tabla en protección de las libertades económicas comparado a otros países del mundo. Si decir que las empresas no necesitan una ley del Congreso para existir es volverte un “loquito libre mercado”, ¡qué bajo es nuestro estándar!

Pero lo que más me preocupa no es el libre mercado, sino la poca confianza que tenemos en la sociedad para solucionar nuestros problemas siendo emprendedores o poniendo nuestro granito de arena desde donde nos toque. ¿En verdad confiamos tanto en nuestros políticos para pensar que son la única solución a nuestros problemas o los únicos que nos pueden llevar al lugar que aspiramos y soñamos como sociedad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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