CongreTaxi

La última gran idea que he conocido del Congreso (específicamente del congresista Miguel Ángel Elías Ávalos) es regular las apps de transporte privado (Uber, Cabify, etc.). ¿Tiene algún sentido dicha regulación?

Uber (y similares) han recibido mucha oposición en diversos países. La razón: empresas de taxi “tradicionales” las entienden como competencia desleal, en la medida en que Uber no cumple con la regulación específica de taxis. Formalmente, Uber no es una empresa de taxis y la persona que los lleva no es un taxista. La ficción legal es que la persona es solo alguien que tiene un auto y tiempo de sobra y los puede llevar a un destino a cambio de un pago. La sharing economy se basa en la posibilidad de usar recursos que de otro modo estarían dormidos. Es el sueño de cualquiera que sueñe con un mercado perfecto, donde oferta y demanda se encuentran gracias al flujo de información.

Lo que ha hecho Uber, en la práctica, es demostrar lo innecesarias e inútiles que son las regulaciones. Uber logra bajar el precio de los taxis, incrementar la calidad y la seguridad, con tecnología y con libre mercado. Eso no quiere decir que los servicios de Uber (o similares) sean perfectos. La calidad de un producto depende de la demanda en un mercado.

En el mercado de San Francisco, las personas demandan mucha calidad y seguridad. Los taxis eran escasos y caros, debido a la regulación estatal. Cuando entró Uber, ofreció similar calidad y seguridad, pero con mucho menor precio. Donde un taxi amarillo cuesta USD 100, Uber cuesta 70.

El mercado peruano es totalmente distinto, ya que la regulación es en gran medida incumplida por los taxistas o empresas de taxis. La oferta de taxis era suficiente, y el precio era relativamente bajo. En un escenario así, ¿qué podría ofrecer Uber? La demanda que no era atendida era la de consumidores dispuestos a pagar más, pero por mayor calidad y mayor seguridad. Habiendo usado Uber en San Francisco, puedo notar que la calidad es evidentemente más baja (porque el precio también es más bajo), pero igual es más alta que la ofrecida por un taxi de la calle y la seguridad es mucho mayor.

Si alguien quiere discutir este último punto en base a anécdotas, pregúntele: ¿si su hijo o hija de 15 años en estado de ebriedad tuviera que salir de una fiesta a las 3 am rumbo a su casa en taxi, preferiría que sea uno de la calle o Uber?

Lo que hace Uber es seleccionar a sus conductores, llevar registros suyos, controlarlos por GPS y permitir que los usuarios los califiquen del 1 al 5 según la calidad del servicio prestado.

En ese escenario, llega el Congreso peruano y le dice a las compañías que han aumentado la calidad y seguridad del transporte que:

1. Tienen que tener licencias (¿de taxi entiendo?).
2. Deben tener locales en Perú.
3. Deben tener libros de reclamaciones.
4. Inscribirse en un registro.
5. Someterse a la legislación sobre protección al consumidor.

Etc. etc.

¿Cuál es el fundamento de este proyecto? El proyecto dice expresamente: “El servicio de taxi vía plataforma virtual no está regulado por norma alguna en el Perú (sic) y requiere de una normatividad específica que garantice la confiabilidad (sic) del mismo, a través de la legalidad del servicio y de la transparencia del mismo”.

Luego el congresista describe cómo es que se regulan los taxis en Perú: “(…) contar con cuatro puertas, (…) carrocería pintada de amarillo, (…)”, etc. y nos dice “Que el servicio que ofertan las entidades administradoras de plataformas virtuales genera incluso desigualdad y competencia desleal contra las empresas registradas ante el MTC y la Municipalidad de Lima”. O sea, gracias a esta regulación supuestamente los taxis son más seguros y confiables.

Para comenzar, ¿cuántos taxis en Perú cumplen con esas normas? Segundo, así cumplieran, ¿estar pintados de amarillo genera algún beneficio para el consumidor?

Lo que queremos los consumidores es mayor calidad, rápido acceso, seguridad, mejor precio. Todo eso lo logran Uber (y otras) gracias a su plataforma. Lo único que logrará el Congreso si aprueba esta norma es encarecer el servicio o -en el peor de los casos- desaparecer una de las pocas alternativas que tenemos los peruanos para transportarnos de manera segura. Si creen que exagero, Virgin Mobile, una de las empresas más innovadoras y con mejores tarifas en el mercado de telecomunicaciones se va a ir del país por culpa del sobre-costo impuesto por regulaciones cambiantes e impredecibles que impone Perú.

Si el Congreso peruano fuese una app, ¿la descargarían?