A igual precio, pierde el consumidor

En enero del 2012, después de casi 4 años de denuncias, sentencias y confesiones de las partes, las 3 cadenas de farmacias más grandes de Chile fueron condenadas por colusión (concertación) de precios con multas aproximadas de 19 millones de dólares.

¿Cómo tres poderosas corporaciones que tienen detrás a importantes empresas y familias del país sureño llegaron al extremo de realizar prácticas restrictivas de la libre competencia?

La respuesta está en la tercera palabra del párrafo anterior, “poderosas”, lo hicieron por que tenían el poder de hacerlo en el mercado al que se dirigían.

La historia, con diferentes matices, puede encontrarse en numerosas páginas web chilenas y básicamente tuvo etapas:

(i) Al inicio de la historia las cadenas tenían el territorio dividido, sin competir directamente.

(ii) Alguna cadena cruzó la frontera, la otra hizo lo mismo y se inició una guerra de precios que trajo abajo los márgenes y proporciono beneficio temporal a los consumidores.

(iii) Al identificar que ninguna cadena ganaba de esa guerra de precios, acordaron que era mejor que todas las cadenas ganarán de forma igual, todos, con excepción del consumidor

(iv) Aparecieron las quejas, hasta que la Central de Abastos de los hospitales públicos presento pruebas que hicieron que la FNE (Fiscalía Nacional Económica) iniciara la investigación y posterior denuncia, que concluyó en importantes multas para las cadenas y penas para sus funcionarios.

En nuestro país, las prácticas restrictivas de la libre competencia, obviamente también están sancionadas, aunque no desde siempre. Hemos tenido periodos gubernamentales donde no se sancionaba, incluso el gobierno dictaba normas que promovían el control y concertación.

El inicio de la libre competencia, al menos desde el punto de vista normativo, se da con el Decreto Supremo 226-90-EF, promulgado el 9 de agosto de 1990, a pocos días que asumiera el ministerio de economía, el famoso ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, famoso por que el día anterior anuncio un reajuste dramático de precios culminando con la frase “que dios nos bendiga”.

El decreto decía, en su Artículo 1 “A partir de las 00 horas del 9 de agosto de 1990, los precios de los bienes y servicios se fijaran de acuerdo al comportamiento de la oferta y la demanda….”

Hoy nos podrá parecer un poco extraño que un decreto indique eso, pero salíamos de un gobierno que reguló y asigno precios. Mucho ha cambiado desde esa fecha. En 1992 se fundó Indecopi y ha tenido arduo trabajo para facilitar el libre mercado.

Pero aún queda mucho por hacer, hace pocos días recorrí en mi vehículo los 1,030 Km que separan Lima de Arequipa, pasando por todas las ciudades ubicadas en los márgenes de la Panamericana Sur. Como el recorrido lo he realizado en otras ocasiones, tenía identificadas las ciudades donde el combustible es más económico: Ica y Camaná, eran dos de mis ciudades preferidas para reaprovisionar en el camino.

Grande fue mi sorpresa, que al llegar a Camaná, el primer grifo de marca A tenía la gasolina de 95 octanos a S/. 17.85. Me dije “puedo conseguir mejores precios” y decidí buscar el siguiente, al llegar al segundo grifo en la ruta, de marca B, encontré el precio de la gasolina de 95 octanos a S/. 17.85, busque el tercer grifo de marca C y sorpresivamente estaba a S/.17.85, lo mismo me sucedió con el cuarto y quinto, donde por falta de opciones tuve que reaprovisionar de combustible.

Esa es la combinación peligrosa para el consumidor; pocas opciones, poca supervisión, poca competencia, precios iguales.

Ahora que el país es más grande, la tarea de garantizar la competencia es imperativamente relevante. El presidente americano de los años 30, Herbert Hoover, famoso por ser pro-competencia, dejó una frase importante para el tema de hoy, “Garantizar la competencia no sólo es la base para la protección al consumidor, es el mejor incentivo para el progreso”.