Obras son amores o son por impuestos

Cuando hace más de un año regrese a la ciudad de Arequipa, la mayoría de obras públicas que llamaron mi atención llevaban un letrero con el logo naranja que identifica a la operación minera que tiene Freeport-McMoRan, a menos de 18K de la ciudad, que es aproximadamente, la misma distancia que hay entre la Plaza de Armas de Lima y el Sol de La Molina. Realmente muy cerca.

Pese a esa cercanía, la relación entra la ciudad y la operación minera es buena, por varios factores, uno de ellos es que la compañía minera ha realizado obras públicas importantes para la ciudad.

La ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, más conocida como “obras por impuestos” o ”canje de obras por impuestos”, permite que empresas privadas puedan realizar obras públicas a cuenta de impuestos. Esta ley promulgada por el expresidente Alan García y mejorada con el reglamento promulgado por el presidente Ollanta Humala.
Es una de esas leyes, con la que todos deberíamos estar de acuerdo.

Dicha ley permite que los directivos de las empresas, que siempre se preguntan donde se van mis impuestos, puedan dirigir sus impuestos a obras que se considerarán prioritarias para las regiones donde tienen operaciones y de paso (y quizás más importante) lograr una mejor reputación corporativa en las zonas beneficiadas, tal como ha logrado Freeport-McMoran en
Arequipa. (Aunque no se usó necesariamente el mecanismo de “Obras por impuestos” en todos las obras).

La ley originalmente no tuvo mayor acogida, cierta parte por desconocimiento y ciertas barreras en su puesta en marcha. Una de ellas era que el perfil del  proyecto, que debe de hacerse para que la obra tenga aprobación, no era reconocido para el certificado de impuesto que otorgaban los Gobiernos Regionales y Locales (GRyL).

Otro aspecto muy relevante era la poca disposición de los GRyL a usar este proyecto para sus obras, mucho se insinuó en el ambiente empresarial que la razón era que al ser la obra desarrollada por la empresa privada, los funcionarios del GRyL no tenían campo de acción ni control para contratar a especialistas o constructores amigos.

La lista de obras priorizadas que emitía el consejo regional o municipal era otra razón de lentitud en el proceso. Personalmente pude observar como un funcionario de Gobierno Local tenía en su lista como obra prioritaria la construcción del “Palacete” Municipal, cuando el distrito tenía obras mucho más relevantes y de mayor impacto en la población, que construir un
palacio para el alcalde y regidores.

El renovado reglamento corrigió mucho de estos aspectos, al reconocer los gastos en la elaboración del perfil y permitir que la empresa privada pueda proponer obras a los GRyL.

Instituciones como BCP, Backus, Interbank, Southern Perú, Milpo, Telefónica del Perú, Petrobras, Avinka, Graña y Montero, El Brocal, Volcan, Cementos Pacasmayo, Savia Perú, Barrick, etc., están participado en obras por impuestos, logrando con ello tener una mejor relación con sus stakeholders y por ello avanzar en sus indicadores de reputación corporativa.

El mecanismo es positivo, siempre será mejor  hacer que criticar, ahora sólo nos falta creer firmemente que las obras son amores.