Narrativas económicas conservadoras y el proyecto de delegación de facultades solicitada por el Poder Ejecutivo

Como era de esperar, la parte económica de la solicitud de delegación de facultades solicitada por el actual Poder Ejecutivo es en su gran mayoría lo mismo de siempre de las últimas décadas. Se trata, a pesar de la poca especificación, en insistir y profundizar en el mismo modelo de crecimiento sin revaluación ni ajuste alguno. En la práctica para ellos todo marcha bien y lo que hay que hacer es profundizarlo. Se siguen ignorando los problemas estructurales y las serias fracturas que nos dividen.

Las propuestas de la solicitud se inscriben principalmente, con algunas excepciones, en la lógica neoliberal y se alinean con los grupos de poder económicos y mediáticos. Reproducen los mismos relatos, historias o narrativas para explicar la realidad económica de nuestro país, y partiendo de estos diagnósticos elaboran —o repiten argumentos anteriores— para sus propuestas de política.

Plantean una estrategia basada en seguir con el mismo modelo de crecimiento actual —no de desarrollo— basado en el sector primario exportador, en particular de la gran minería caracterizado —según ellos— por el chorreo para los sectores, regiones y localidades de bajos ingresos más abandonadas del país. Sin embargo, se incorporan algunas políticas a favor de determinadas actividades económicas, pero habría que analizar y preguntarse a quienes podrían beneficiar más en la práctica. Tampoco debemos omitir medidas positivas — fuera de la facultades—, aunque limitadas, como el incremento de la RMV y la elevación del monto del Pensión 65 que ya se están implantando.

Lo olvidado

Para el gobierno no hay problemas estructurales en la economía peruana por atender. Se olvidan de que las exportaciones predominantes de los sectores extractivos tienen elevada intensidad de capital y por tanto generan poco empleo directo e indirecto; asimismo de que tienen reducidos encadenamientos de empleo y producción hacia los otros sectores productivos.

También soslayan la importancia de la heterogeneidad estructural y como desafortunadamente se va a ampliando en el tiempo. Por otra parte, insisten en las ventajas comparativas estáticas y omiten la importancia de impulsar la diversificación productiva con base a las ventajas comparativas dinámicas y la creación de clusters, que en muchos de los casos son promovidos y apoyados desde el Estado.

Márgenes de intermediación

Omiten que los márgenes de intermediación financiera son entre el segundo y tercer lugar más altos de América Latina después de Brasil y compitiendo con Paraguay, insistiendo ahora en las facultades extraordinarias la eliminación de las tasas de interés máximas. Y que estas tasas y márgenes excesivos generan sobrecostos a las personas y empresas en el país de al menos el 0.5% del PBI anualmente. Asimismo, soslayan tanto los gastos adicionales que se generan por los problemas en la infraestructura y en las cadenas logísticas, como desaprovechar la ventaja de tener gas natural respecto de utilizar como energético el petróleo y sus derivados más costosos y contaminantes.

En la misma dirección desatienden la necesaria contribución de los mercados de capitales, de valores y el sistema financiero con relación a la ampliación y mejora de la infraestructura y de la capacidad productiva; solo les importa su estabilidad. Para ellos, la presencia de una elevada propensión a importar, y concentración del ingreso que reducen el multiplicador del gasto, la demanda, producción y empleo no son relevantes a la par que olvidan que la primera se produce por la política cambiaria que aprecia el sol y una apertura comercial asimétrica e indiscriminada.

Otras narrativas

A partir de la solicitud de facultades extraordinarias se lee implícitamente que el tamaño de Estado es excesivo y lo cual refleja una narrativa conservadora. Se olvida que el Perú —de acuerdo con la OCDE (2026) —, tiene una presión tributaria del 16.3% del PBI en 2024 mientras que la de América Latina y del Caribe de 21.7%, con una diferencia de 5.4 puntos porcentuales del PBI.

Igualmente, si nos comparamos con nuestros vecinos fronterizos salimos en todos los casos peor que ellos. Brasil tiene una presión tributaria del 33.7% del producto solo ligeramente menor al promedio de las economías de la OCDE que es del 34.1%. Luego sigue la de Bolivia con el 23.6%, Chile 20.5%, Colombia 19.9% y Ecuador del 21.7%.

En promedio simple de la presión tributaria de nuestros vecinos, excluyendo al Brasil, es del 21.4% superior a nuestra recaudación en 5.1 p.p. del PBI. Al respecto, si tuviéramos la presión tributaria promedio simple de nuestros vecinos, excluyendo al Brasil, debimos recaudar US$ 15,028 millones adicionales. Otro tema importante de las facultades es la privatización de actividades públicas que se anota cuando se encubre el fraccionamiento y privatización de SEDAPAL y no se menciona el proceso equivalente para PETROPERÚ.

Propuestas laborales

Otra narrativa continuamente repetida se refiere a que la reducción de la informalidad requiere la desregulación en el mercado laboral y la reducción de derechos laborales para generar empleo. Se olvidan de que el 70% de los trabajadores formales están en regímenes de contratación temporal o de excepción y solo el 30% son permanentes. También omiten que la participación de las remuneraciones (con cargas sociales) en el PBI es del 28.2% en 2025 respecto de un valor del 31.6% en la prepandemia de 2019. Mientras que en las economías desarrolladas se ubica entre el 50 y 55% aunque en general son menores a los observados en 2019.

De acuerdo con la evaluación del Grupo de Economía Política y Social (GEPS) el diagnóstico del gobierno de la delegación de facultades parte del sesgo ideológico de responsabilizar a los trabajadores por falta de capacidades o sobrecostos. De esta manera, se insistiría en recortar derechos laborales y mecanismos de protección contra el despido arbitrario. Por otra parte, se propone descuidar el rol central de la SUNAFIL que es la fiscalización del cumplimiento de la normativa laboral.

Otros recortes

Asimismo, el gobierno propone establecer un marco regulatorio para promover los bonos por productividad, así como otros incentivos por desempeño, quitándoles el carácter remunerativo. Esta implicaría que los referidos mecanismos de pago dejen de ser considerados como base de cálculo para los beneficios laborales, así como para los aportes a la seguridad social en salud y pensiones (desfinanciando a EsSalud y recortando las pensiones).

Por otra parte, el gobierno plantea precisar el tratamiento de las indemnizaciones por despido para trabajadores de dirección y confianza. Esto podría implicar limitar la protección contra el despido por pérdida de confianza correspondiente a los trabajadores de dirección y confianza, lo que resultaría especialmente perjudicial, si tomamos en cuenta la arbitrariedad con que se vienen asignando las referidas categorías ocupacionales en el sector privado.

Nuevo régimen laboral

También el proyecto normativo plantea habilitar al gobierno a crear un nuevo y único régimen laboral general, donde se establezca un acceso progresivo a los derechos laborales (CTS, gratificaciones, vacaciones, jornada, horas extras, seguridad social, utilidades, entre otros) en función de un criterio economicista, que sería el nivel remunerativo de los trabajadores; y se flexibilice la protección contra el despido.

Con esta propuesta los trabajadores con remuneraciones más elevadas accederían a una mayor proporción de los beneficios laborales que aquellos con niveles remunerativos bajos, lo cual resulta claramente regresivo. En la práctica, la propuesta implicaría recortar los actuales derechos laborales correspondientes a los trabajadores de ingresos bajos y medios en la mediana y gran empresa, es decir, una especie de extensión de los regímenes laborales especiales de la micro y pequeña empresa, que no han contribuido a la formalización).

Menos feriados y pagos

También el gobierno propone modificar la normativa de feriados no laborables con el fin de optimizar su uso. Tal como está redactada la propuesta, lo que en realidad se buscaría es evitar el triple pago remunerativo que se genera cuando un trabajador labora en día feriado y no goza de descanso compensatorio, considerando que la gran mayoría de los trabajadores formales privados forman parte de los sectores comercio y servicios, donde se suele trabajar los feriados.

Por último, el gobierno plantea tener la habilitación para ofrecer incentivos económicos para la salida voluntaria de trabajadores públicos; así como modificar los requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública, y la normativa del servicio civil, en general. La propuesta muestra una clara intención de reducir el tamaño del Estado peruano, el cual ya resulta bastante pequeño; así como de flexibilizar los requisitos de idoneidad para el acceso y ejercicio de la función pública, especialmente de funcionarios, directivos y personal de confianza.

Desregulación

El gobierno solicitó facultades para modificar el marco normativo en materia de procedimientos administrativos regulados en normativa de carácter general, así como dictar medidas de simplificación administrativa, a fin de optimizarlos y reducir cargas administrativas.

El objetivo de simplificación administrativa es plausible y tiene décadas en que se viene implantando. Sin embargo, puede incorporar una desregulación generalizada encubierta que puede afectar por falta de autorización, supervisión, fiscalización, entre otras actividades antes reguladas que beneficiarían a los ciudadanos en general o a los usuarios finales de esos bienes y servicios que son proporcionados por terceros y el propio Estado.

El gobierno solicita facultades para legislar en orden de fortalecer el marco normativo en materia de identificación y eliminación de barreras burocráticas. Desafortunadamente el fortalecimiento del marco normativo de la Comisión de Barreras Burocráticas de INDECOPI ha sido mayoritariamente negativo.

A lo largo de los años a dominado una visión desreguladora extrema basada en argumentos de tipo formal, sin ir al fondo y sin la especialización requerida para el análisis de los temas. Hay muchos ejemplos recientes: retroceso en la norma sobre tercerización, reducción de requerimientos de estacionamientos en nuevos edificios contra las municipalidades, entre otros, dañinos para los ciudadanos.

¿Mejora calidad regulatoria?

Se solicita delegar facultades para modificar el marco normativo aplicable a la mejora de la calidad regulatoria a fin de consolidar la aplicación de los instrumentos de calidad regulatoria en el Poder Ejecutivo. Establecer criterios para generar una mejora en la calidad regulatoria es también un objetivo plausible. Sin embargo, el quid del asunto es establecer claramente de lo que se trata. Pueden surgir problemas cuando se incorporan criterios de evaluación economicistas, ignorando, por ejemplo, la evaluación económica-social de proyectos, los temas ambientales, entre otros elementos.

Algunos temas productivos

Se solicitan facultades para modificar la Ley forestal y Fauna silvestre (Ley 29763) para facilitar la explotación de los bosques sin regulación y retirando la condicionalidad de una actividad definida como principal. Otra propuesta insiste en poner todo el foco en las cooperativas como el único modelo asociativo válido, bajo el argumento de que generan economías de escala.

Sin embargo, hay que precisar que este modelo hoy responde casi exclusivamente a dos cadenas: café y cacao, que tienen mayor dinamismo económico y colocan su producción en nichos fuera del país. Se deja fuera y no se reconoce el rol de las comunidades campesinas e indígenas, que son precisamente las que gestionan la mayor parte del territorio a nivel nacional y tienen un potencial económico que podría impulsarse.

Colofón

Esta es una mirada parcial de las facultades legislativas de carácter económico que también flexibilizan y desregulan la protección ambiental. Todas deberían ser rechazadas. Quedan pendientes el análisis todas las otras materias.