Día Mundial de las Ciudades: replantear el desarrollo urbano y territorial del Perú

Por: Mary Mollo Medina. Profesora de la Maestría en Gestión Pública de ESAN. Secretaría Técnica, Red RIESGIRD-ACC Perú y LAC: Redes de Universidades comprometidas con la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático.

Cada 31 de octubre, el Día Mundial de las Ciudades nos invita a preguntarnos si nuestros territorios urbanos generan bienestar o reproducen desigualdades y riesgos. Bajo el lema «Mejor ciudad, mejor vida», esta conmemoración exige comprender la ciudad como un sistema humano, económico, ambiental e institucional, no como una simple acumulación de edificios. Su desarrollo debe medirse por las oportunidades, los derechos y la seguridad que ofrece, también a las generaciones futuras.

El Perú es predominantemente urbano: el 80,6 % de su población residía en áreas urbanas según los Censos Nacionales 2025 (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2026). Esta proporción no equivale exactamente a la población residente en las ciudades delimitadas. Las ciudades concentran mercados, empleo, educación, salud e innovación; además, articulan el desarrollo rural al conectar a los productores con servicios, cadenas de valor, logística y conocimiento. Sin vínculos urbano-rurales equilibrados, la concentración metropolitana puede profundizar la desigualdad territorial.

La urbanización peruana presenta brechas persistentes. Espinoza y Fort (GRADE, 2020) encontraron que el 93 % del nuevo suelo urbano incorporado entre 2001 y 2018 en 43 ciudades estudiadas surgió mediante urbanizaciones informales; este dato corresponde a esa muestra, no al universo nacional. En 2024, la pobreza monetaria urbana alcanzó el 24,8 % (INEI, 2025). Asimismo, el 90,4 % de los hogares accedía a agua por red pública y el 79,9 % a la modalidad sanitaria medida; disponer de una conexión no garantiza la continuidad ni la calidad (INEI, 2024). Persisten, además, déficits de vivienda adecuada y de habitabilidad.

La vulnerabilidad territorial exige decisiones urgentes. Para enero-marzo de 2026, CENEPRED (2025) identificó 1 163 zonas críticas prioritarias por movimientos en masa: 697 de riesgo muy alto y 466 de riesgo alto. Destacaron Lima (141), Amazonas (107), Áncash (105), Arequipa (105) y Cusco (103); son zonas críticas departamentales, no un conteo de ciudades afectadas. Posteriormente, los escenarios de lluvias de septiembre-noviembre de 2026 sustentaron medidas extraordinarias frente al peligro inminente asociado al fenómeno de El Niño 2026-2027 en distritos de 22 departamentos y en el Callao (Presidencia del Consejo de Ministros [PCM], 2026). Estos escenarios describen riesgos potenciales, no daños consumados; sin embargo, será un fenómeno de El Niño histórico del último siglo y no sólo extraordinario. La ocupación de quebradas, laderas y planicies inundables obliga a incorporar información multiamenaza antes de urbanizar o invertir.

No existe una solución territorial uniforme. En la costa convergen estrés hídrico, sismos, inundaciones y congestión; en los Andes, desafíos de conectividad, servicios especializados y movimientos en masa; en la Amazonía, inundaciones, fragilidad ecosistémica y necesidades de conectividad fluvial. Las ciudades intermedias y menores deben consolidarse como nodos de servicios y de dinamización de la producción rural, sin reproducir mecánicamente el patrón de Lima.

Las causas también son institucionales: fragmentación sectorial, suelo formal insuficiente, catastros incompletos y planes desconectados del presupuesto. La Ley 31313 y el Decreto Supremo 012-2022-VIVIENDA establecen instrumentos de ordenamiento, pero contar con un plan no garantiza su vigencia ni su ejecución. Se requiere pasar de proyectos aislados a carteras territoriales integradas, con financiamiento multianual, mantenimiento y evaluación de resultados; se trata de megaproyectos de infraestructura estratégica para el desarrollo territorial del país.

Las autoridades regionales y municipales elegidas en 2026, que iniciarán funciones el 1 de enero de 2027, afrontan una responsabilidad inmediata: revisar la exposición al riesgo, transparentar la situación de los planes urbanos, proteger el suelo seguro, recuperar barrios vulnerables y asegurar el agua, el saneamiento, la movilidad y los espacios públicos. Deberán articularse con el Ministerio de Vivienda, el MEF, CENEPRED, INDECI, los sectores productivos, las universidades y la ciudadanía; fortalecer equipos técnicos permanentes y priorizar intervenciones medibles, no solo obras visibles.

Replantear la estrategia hacia 2030 y 2040 supone anticipar la expansión, invertir en resiliencia y conectar ciudades y territorios rurales mediante servicios, infraestructura y oportunidades. El ODS 11 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030) ofrece un marco para medir los avances, siempre que existan indicadores comparables por ciudades. Celebrar esta fecha implica cambiar la pregunta pública: no cuánto crecen nuestras ciudades, sino cuánto bienestar sostenible generan y cuánta vulnerabilidad evitan.