La ciencia debe entrar antes de la emergencia

Por: Mary Mollo Medina. Profesora e investigadora de la Maestría en Gestión Pública de ESAN Graduate School of Business. Secretaria Técnica de la Red de universidades comprometidas con la Gestión del Riesgo de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático en Latinoamérica y el Caribe.

En el Perú seguimos pagando un alto costo por decisiones que llegan después del desastre. Inundaciones, huaicos, sequías, incendios, sismos y crisis hídricas nos recuerdan que el problema no es únicamente la amenaza, sino las vulnerabilidades que acumulamos durante años por una ocupación territorial inadecuada, infraestructura insuficiente, débil coordinación institucional y una inversión preventiva todavía limitada. Frente a ello, la ciencia no puede ser consultada cuando la emergencia ya ocurrió. Debe estar presente antes: cuando se planifica, se prioriza, se invierte y se evalúa.

Ese fue uno de los mensajes centrales del Foro Internacional 2026 de la RiesGIRD-ACC LAC, realizado en Lima los días 2 y 3 de septiembre. Representantes académicos de 12 países y más de 500 participantes de universidades, instituciones del Gobierno peruano, municipalidades, gobiernos regionales, organismos técnico-científicos, organizaciones de cooperación internacional, empresas privadas y el ámbito legislativo coincidieron en una idea fundamental: reducir el riesgo de desastres y adaptarnos al cambio climático exige transformar el conocimiento en decisiones públicas, inversiones y resultados territoriales verificables.

El avance más importante de la academia latinoamericana en la última década no consiste solo en producir más investigaciones. Hoy existe mayor capacidad para trabajar de manera interdisciplinaria, comparar territorios, generar datos, diseñar indicadores, evaluar políticas y acompañar soluciones locales. Pero persiste una brecha crítica: buena parte de ese conocimiento no ingresa de manera oportuna y sistemática al proceso de decisión pública. Todavía falta una verdadera articulación entre ciencia, política e inversión.

Por eso, el Foro no terminó únicamente con declaraciones. La Asamblea de Rectores aprobó compromisos, una agenda regional de investigación aplicada y una ruta para organizar consorcios universitarios multinacionales. La Declaratoria de Lima 2026 plantea que las universidades sean reconocidas como socios estratégicos y espacios permanentes de consulta técnico-científica, desde el diseño hasta la evaluación de políticas públicas e inversiones. La Agenda de Investigación 2026-2027 propone investigación comparada en seguridad hídrica, vulnerabilidad territorial, adaptación climática, resiliencia urbana, alerta temprana y continuidad de servicios críticos.

Este paso es relevante porque redefine el papel de la universidad. La academia no debe sustituir al Estado, ni competir con la empresa privada ni con los organismos técnico-científicos, ni asumir funciones que corresponden a los gobiernos. Su valor está en otra parte: puede ofrecer continuidad más allá de los ciclos políticos, independencia técnica, capacidad de evaluación, formación de talento, innovación y evidencia trazable. Puede ayudar a responder preguntas que deberían acompañar cada inversión preventiva: ¿qué vulnerabilidad se pretende reducir?, ¿con qué indicador?, ¿en qué territorio?, ¿en qué plazo?, ¿cómo sabremos si la intervención funcionó y cuánto costó?

El Perú necesita institucionalizar esta relación. Para ello, primero debemos contar con mecanismos permanentes de consulta científico-académica dentro de la gestión del riesgo y la adaptación climática. Segundo, impulsar laboratorios territoriales donde universidades, municipios, instituciones públicas y empresas prueben soluciones y midan resultados en territorios altamente vulnerables. Tercero, vincular la inversión preventiva con evidencia, escenarios de riesgo, análisis costo-beneficio y metas de reducción de vulnerabilidad. Cuarto, financiar investigación aplicada mediante consorcios que produzcan, además de publicaciones, herramientas, datos interoperables, protocolos y proyectos bancables listos para su implementación. Y quinto, evaluar públicamente cuánto conocimiento científico fue utilizado, qué decisiones modificó y qué resultados produjo.

La empresa privada y el Poder Legislativo también tienen una responsabilidad. La primera puede aportar innovación, tecnología, capacidad operativa y financiamiento; el segundo debe contribuir a crear incentivos, continuidad presupuestal y marcos que favorezcan la prevención. Pero ambos necesitan una base confiable de evidencia. Allí la academia puede cumplir una función estratégica como actor neutral, siempre que trabaje con transparencia, revisión por pares, datos abiertos y rendición de cuentas.

El desafío ya no es demostrar que tenemos conocimiento. Lo tenemos. El desafío es construir los mecanismos para que ese conocimiento llegue a tiempo a quien decide. Lima 2026 dejó una señal clara: la academia de América Latina y el Caribe está dispuesta a asumir un papel más activo. Ahora corresponde que el Estado, el sector privado y el Poder Legislativo abran los espacios necesarios para convertir esa capacidad científica en políticas e inversiones capaces de proteger vidas.

La verdadera medida del progreso no será cuántos documentos produzcamos, sino cuánta vulnerabilidad logremos reducir. Ese debe ser el nuevo pacto: conocimiento que se convierte en decisión, decisión que se convierte en inversión e inversión que se traduce en territorios más seguros, resilientes y preparados.