Un nuevo gobierno y nuevas perspectivas en materia tributaria

Por: Raúl Odría. Profesor de ESAN Business Law.

Luego de un complejo proceso electoral, finalmente la autoridad electoral ha declarado ganadora de esta elección presidencial a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Esta decisión, ahora indiscutible, deberá ser asumida por todos los ciudadanos peruanos.

Más allá de cualquier posición política, el discurso económico de la ahora presidenta electa del Perú ha servido para generar tranquilidad en el mercado y en la economía del país, una situación diametralmente diferente a la vivida tras la elección anterior, cuando, a estas alturas del proceso, ya habían salido del país más de USD 15,000 millones, además de producirse una fuerte contracción de la inversión privada. En ese sentido, Fuerza Popular ha planteado una serie de medidas urgentes para sus primeros 100 días de gobierno, entre ellas, diversas iniciativas en materia de política tributaria que valen la pena comentar.

Un primer e importante mensaje consiste en buscar ampliar de manera decisiva la base tributaria, dejando de aumentar la presión fiscal sobre el sector formal de nuestra economía. Detrás de esta breve afirmación existe un planteamiento de enorme relevancia. Debe considerarse que, en la actualidad, existen más de 3’340,000 empresas activas registradas en la SUNAT. De ellas, 15,800 son consideradas principales contribuyentes y solo 1,500 figuran entre las principales contribuyentes a nivel nacional. Sin embargo, contrariamente al discurso político que suele cuestionar a la gran empresa y una supuesta falta del cumplimiento de sus obligaciones tributarias , este reducido grupo concentra cerca del 80 % de toda la recaudación tributaria que efectúa la SUNAT.

Cabe resaltar que este grupo de contribuyentes se desenvuelve en un ámbito de total formalidad, procurando cumplir con una compleja y extensa regulación tributaria. No obstante, la elevada litigiosidad existente entre la SUNAT y estas empresas no obedece necesariamente a conductas ilegales por parte de estas últimas, sino a una búsqueda constante del fisco por mantener los niveles de recaudación frente a una base tributaria cada vez más reducida y un creciente gasto público injustificado.

En efecto, como es sabido, más del 70 % de la economía peruana se desarrolla en un ámbito informal; es decir, una parte importante de ellos no paga impuestos. Por ello, resulta evidente que la principal tarea de la SUNAT no debería consistir en seguir fiscalizando a la actividad formal, buscando incrementar la recaudación mediante el uso de facultades discrecionales o interpretaciones legales favorables al fisco, sino en utilizar las numerosas herramientas legales y tecnológicas disponibles para combatir de manera efectiva la informalidad.

Considero que este verdadero cambio en la cultura organizacional y en la forma de pensar de los funcionarios de la SUNAT difícilmente se producirá mientras su jefatura y sus principales cargos de confianza continúen siendo ocupados por funcionarios de carrera de la propia institución, con veinte o veinticinco años de experiencia operando bajo la misma lógica de trabajo, fiscalizando contribuyentes o desempeñándose como ejecutores coactivos. Como suele decirse, si se buscan resultados diferentes, no resulta razonable seguir haciendo exactamente lo mismo.

Otro aspecto relevante es que la recaudación tributaria ha venido aumentando de manera sostenida durante los últimos años, alcanzando incluso cifras récord. Sin embargo, ello no responde necesariamente a una gestión más eficiente o innovadora de la Administración Tributaria, sino, principalmente, al incremento de la economía del país impulsada de manera principal por de la producción minera y al mayor valor internacional de los commodities. En ese contexto, la SUNAT ha continuado operando, en buena medida, bajo la misma lógica de siempre.

Por ello, una medida indispensable sería impulsar políticas públicas orientadas a destrabar procedimientos burocráticos, abrir los mercados, promover la inversión y fomentar una mayor competencia, entre ellos el sector minero formal, que constituye la principal fuente de recaudación tributaria para el Estado.

Bajo estas premisas, considero que, sin necesidad de emprender reformas tributarias estructurales ni de continuar incrementando una presión tributaria que muchas veces resulta excesiva para las empresas formales, los próximos cinco años representan un escenario especialmente favorable para impulsar el crecimiento económico del Perú.