Hacia la ruta de la sostenibilidad: el despegue de las finanzas verdes en Perú

Elaborado por: Pablo Berckholtz, socio y Ana Paula Saavedra, asociada del Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International

En la actualidad, según el Reporte de Riesgos Global elaborado por the World Economic Forum, los principales riesgos que generan mayor impacto a nivel global son aquellos relacionados con el deterioro del ambiente y con problemas sociales. Las entidades pertenecientes al sector financiero, mercado de valores y aseguradoras, que no son ajenos a estos riesgos y están sujetos a una incertidumbre sustancial, deben considerar dichos riesgos como indicadores relevantes al momento de otorgar financiamientos. Particularmente, los riesgos ambientales tienen hoy un mayor impacto en el análisis crediticio y, consecuentemente, en los riesgos de mercado, liquidez operacional y de seguro en las empresas.

Al respecto, es importante mencionar que si bien los riesgos ambientales siempre han estado presentes, estos han incrementado sus escalas y las probabilidades de ocurrencia debido al cambio climático. Como consecuencia, las entidades financieras tales como bancos, financieras, cajas, entre otros, estiman mayores deterioros de carteras de crédito debido a niveles más altos de insolvencia de sus clientes y a una revalorización de las rentas de los participantes del mercado de valores, ya sea variable o fija. Por otro lado, las aseguradoras son más proclives a un posible desembolso a favor de sus asegurados.

Ante la importancia que están cobrando los riesgos ambientales, el pasado 21 de junio de 2023, se publicó el Decreto Supremo que aprueba la Hoja de Ruta de Finanzas Verdes para el Perú para los años 2022 hasta el 2030, el cual tiene como objetivo implementar ciertas actividades ordenadas mediante el “Enverdecimiento del sistema financiero local, asegurador y mercado de valores” y el “Financiamiento verde y promoción de productos y servicios financieros verdes”.

Como parte de la promoción de productos verdes, la guía contempla principalmente promover herramientas de educación financiera ambiental y la adecuación normativa sobre finanzas verdes, desarrollar la taxonomía de las finanzas verdes a partir de indicadores para poder determinar cuándo una actividad cumple con las exigencias ambientales, diseñar instrumentos de financiamiento público o mixto a favor de proyectos o empresas verde o en transición, incentivar la divulgación de avances por parte de las entidades financieras con el fin de que mejoren su relación con los inversionistas, entre otros. Si bien la hoja de ruta aprobada es un buen punto de partida para tomar cartas en el asunto, aún nos queda un largo trayecto por delante.

Por otro lado, el pasado 31 de julio, la Comisión Europea aprobó un listado de estándares de reporte de información sobre sostenibilidad (European Sustainability Reporting Standars) por parte de las empresas sujetas a la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, las cuales son todas las compañías constituidas en la Unión Europea consideradas de interés público y con más de 500 empleados. No obstante, dicha obligación se extenderá a partir de esta nueva directiva a todas las grandes empresas y a aquellas que coticen en bolsa, incluidas las pymes. Estos nuevos estándares obligarán a las empresas a divulgar de forma secuencial y estandarizada en su informe de gestión toda cuestión relacionada al clima, contaminación, agua y recursos marinos, biodiversidad y ecosistemas, y uso de recursos y economía circular.

Si contrastamos nuestras políticas ambientales con las políticas ambientales europeas, podemos observar que aún estamos en los inicios de este camino. Si bien es una buena forma de empezar,  se deben implementar cuanto antes, indicadores ambientales estandarizados para obtener una mayor celeridad en la migración hacia las finanzas verdes. Por ello, las industrias deben contar con un estándar consensuado entre el sistema financiero, aseguradoras y mercado de valores para delimitar la elegibilidad de actividades, proyectos o gastos que cumplan con los criterios socioambientales y evitar posibles prácticas de ‘greenwashing’.

En la actualidad, debemos reconocer que hay bancos que ya están implementando los préstamos corporativos sostenibles, mediante el cual, en muchos casos, incorporan un mecanismo de ajuste para vincular la tasa de interés del préstamo al rendimiento de la empresa en función a KPIs sostenibles revisados anualmente por una agencia independiente. Empero, como mencionamos anteriormente, se debe crear un estándar a nivel del mercado para cada tipo de industria y que pueda ser aplicado bajo los mismos lineamientos a nivel nacional, como es la adopción de la Taxonomía en la Unión Europea. Al alinear los intereses económicos con los objetivos de desarrollo sostenible, el Perú no solo protege sus recursos naturales y fomenta prácticas empresariales responsables, sino que también fortalece su posición en la comunidad internacional como un actor comprometido con la construcción de un futuro más sostenible para las generaciones venideras.