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La provincia de Lima amaneció este martes entre la sorpresa y el desconcierto de sus habitantes en las primeras horas de un toque de queda ordenado poco antes por el Gobierno del presidente Pedro Castillo, una medida que la Defensoría del Pueblo y diversos políticos consideraron inconstitucional.
Aunque la medida afectó a unas diez millones de personas que viven en las dos provincias, excepto a los trabajadores de actividades esenciales, al amanecer de este martes numerosos ciudadanos se mostraron sorprendidos y se reunieron en paraderos, sobre todo en las zonas periféricas de la ciudad.
Efe constató la sorpresa de muchos de ellos, que no se habían enterado de la decisión del Gobierno, anunciada poco antes de la la medianoche por Castillo, mientras otros indicaron que, de todas maneras, debían llegar a sus trabajos.
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A las paradas en grandes avenidas en la ciudad solo llegaron algunos autobuses de la Policía Nacional para recoger a personas que buscaban un transporte, como en el distrito de Santa Anita, en el este de la capital peruana.
La Carretera Central, la principal autopista que une a Lima con el centro del país que, fue bloqueada el lunes en algunos tramos por manifestantes, también lucía desierta y con personas esperando la eventual aparición de alguna medio de transporte.
A pesar de ello, la emisora RPP reportó que el Mercado Mayorista de Santa Anita, el más grande de Lima, inició sus actividades con normalidad y que decenas de vehículos ingresaban para comprar productos para sus puestos y tiendas.
Denuncias de inconstitucionalidad
En medio de ese escenario, la decisión del Ejecutivo fue calificada de “inconstitucional” por la Defensoría del Pueblo, que en un pronunciamiento remarcó en la “ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”.
El toque de queda fue adoptado por el Consejo de Ministros en respuesta al paro de transportistas que cumplió una semana este lunes, una jornada durante la que se vivieron cortes puntuales y temporales en algunas de las carreteras del país.
Castillo detalló que la inmovilidad ciudadana (toque de queda) se mantendrá desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche de este martes “para resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales”.
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Asimismo, decretó el estado de emergencia en Lima y Callao, “suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y tránsito”.
La norma solo exceptúa de la inmovilización al personal de servicio de salud, agua, saneamiento, energía eléctrica, combustibles, telecomunicaciones, limpieza, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías.
Además, solo se permite la atención de las farmacias y el trabajo de la prensa debidamente acreditada, así como la movilización para la atención de urgencias médicas.
“Los trabajadores del sector público y privado realizan solo trabajo remoto, conforme a la normatividad de la materia”, concluyó.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo aseguró que esta medida no toma en cuenta los “severos impactos” que causará a las trabajadoras y los trabajadores de la capital peruana, por lo que pidió al Ejecutivo que la deje sin efecto de forma inmediata.
La orden también generó el rechazo de otros autoridades, como la presidenta del Congreso, la opositora María del Carmen Alva, quien afirmó en Twitter que Castillo “no puede impedir el funcionamiento del Congreso” de acuerdo con la Constitución y anunció que el Legislativo “continuará con su agenda prevista”.
La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones, también manifestó su desconcierto ante la decisión y rechazó que el Ejecutivo tome “estas decisiones tan insensatas, que da claras muestras de incapacidad”.
Incluso legisladores de izquierda, como Sigrid Bazán, de la coalición Juntos por el Perú, habitual aliada del Gobierno, señalaron que la medida es “inacatable”, mientras Susel Paredes, del Partido Morado (liberal), afirmó que Castillo puede ser acusado constitucionalmente.
La decisión del Ejecutivo se tomó en medio de una ola de rumores en redes sociales sobre posibles manifestaciones y saqueos en Lima, tras la paralización que cumplen desde hace una semana los transportistas por el incremento de precios de los combustibles.
Durante estas protestas han fallecido cuatro personas, por circunstancias derivadas de los bloqueos, mientras que al menos otras veinte han sido detenidas.
