AP .- Dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli recibieron más de US$ 50 millones como "pagos indebidos" de Odebrecht, según las revelaciones de un exalto ejecutivo del gigante brasileño de la construcción que colabora en la investigación sobre los sobornos entregados para beneficiarse de contratos en la nación centroamericana.
Varios exministros del exgobernante --actualmente detenido en Estados Unidos a la espera que se resuelva un pedido de extradición-- y algunas figuras ligadas al partido del actual presidente, Juan Carlos Varela, también captaron dinero irregular de la transnacional, la cual aceptó haber desembolsado millonarias sumas en varios países de Latinoamérica y África a cambio de favores y obras.
La Procuraduría General dijo en un comunicado que de acuerdo con el exgerente de Odebrecht en Panamá, André Campos Rabello, a los hijos de Martinelli --Ricardo Alberto y Luis Enríquez-- les fueron transferidas varias sumas millonarias a cuentas de sociedades anónimas en Panamá y el extranjero entre el 2010 y 2014.
Si bien informes de los medios habían mencionado desde hace tiempo a los dos vástagos de Martinelli en el grupo de imputados por el caso de los sobornos, es la primera vez que se les menciona judicialmente. Las autoridades pidieron hace meses la captura de ambos aunque sin nombrarlos.
La familia Martinelli ha rechazado cualquier implicación de ellos en la trama de los sobornos y consideran las acusaciones una persecución política del actual gobierno.
Las confesiones se dieron a conocer durante una audiencia en la que un juez panameño avaló un acuerdo de colaboración alcanzado por la Fiscalía General con Rabello y otros dos antiguos ejecutivos de la compañía brasileña con el fin de conocer la trama e implicados en el escándalo.
En el marco de un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht aceptó que pagó casi US$ 800 millones en sobornos para hacerse de contratos jugosos en una docena de países latinoamericanos. En el caso de Panamá, los pagos fueron por US$ 59 millones, aunque las autoridades estiman que la cifra es mucho mayor.
Al menos 63 personas han sido imputadas hasta el momento. La fase de investigaciones aún no ha concluido.