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La bancada de Renovación Popular (RP) presentó una denuncia constitucional contra los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por presuntamente haber publicado una resolución que benefició indebidamente a uno de los magistrados del grupo (Inés Tello).
Además de Tello, la JNJ es integrada por Imelda Tumialán (presidenta del grupo), Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio De La Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry.
En el documento, impulsado por Jorge Montoya, se acusa a los seis magistrados que respaldaron la resolución que benefició a Tello de la comisión de los presuntos delitos de usurpación de la función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal del cargo, corrupción de funcionarios en la modalidad de cohecho pasivo específico y negociación incompatible.
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En el caso de Tello, se le acusa de los mismos delitos, así como de cohecho activo específico.
En es ese sentido, Montoya pide que los siete miembros de la JNJ sean inhabilitados en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años.
¿De qué se les acusa?
En la denuncia se recuerda que el pasado 23 de octubre del 2020 la JNJ publicó una resolución para que la magistrada Inés Tello permanezca en el grupo. Esto, a pesar de tener más de 75 años, por lo que estaría infringiendo el propio reglamento de la institución.
La resolución, firmada por el entonces presidente de la institución Aldo Vásquez, establece la interpretación de que el reglamento de la JNJ fija el límite de edad para acceder a ser miembro de la junta de 75 años, pero no incluye esta restricción como límite del periodo de mandato o como causal de cese o vacancia.
También se cuestiona que Tello, con el apoyo de los demás magistrados, asumió la presidencia de la JNJ el pasado 6 de enero del 2021, pese a que ya se encontraba fuera del límite de edad previsto en la Constitución.
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“Resulta evidente que los 6 miembros denunciados de la JNJ, que comparten este colegiado con Inés Tello, han desplegado una serie de actos administrativos convalidando su presencia y mandato en dicha institución, pese a lo inconstitucional e ilegal que significa su permanencia en estas funciones”, concluye el documento.
Cabe recordar que recientemente la JNJ abrió una investigación preliminar contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por recibir una condecoración de manos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien viene siendo investigado por presunto lavado de activos.
La encargada de esta pesquisa, que podría derivar en la destitución de Benavides del Ministerio Público, es Inés Tello.
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