:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/QGKBRA4OWRBNFLDVTSJL7EJD2Y.jpg)
Entre enero y febrero la actuación de la Procuraduría ha tenido giros vertiginosos. En el primer mes del año, el procurador Jorge Ramírez promovió una reunión entre ejecutivos de Odebrecht y el Ministerio de Energía y Minas para que los primeros tengan un estatus sobre el nuevo proyecto del Gasoducto (Gestión 10.02.2020).
Un mes más tarde, el mismo despacho envió dos cartas a la Fiscalía pidiendo incluir a la constructora y a sus exfuncionarios en la investigación por el mencionado proyecto. La denuncia de Odebrecht contra el Estado peruano en el Ciadi provocó el giro.
Esas cartas
El jueves 6 de febrero por la noche, Ramírez dio una entrevista a Canal N en la que dijo que su despacho ya alistaba una respuesta ante la demanda que interpuso Odebrecht. No quiso dar detalles, pues ello implicaría “revelar su estrategia”. Ese mismo día, sin embargo, su procuradora adjunta Silvana Carrión remitió un oficio a la fiscal Geovana Mori, quien está al frente de las pesquisas del caso Gasoducto.
En el documento pide incluir en la investigación a la empresa Gasoducto Sur Peruano, el consorcio que ganó en el 2014 el concurso para la construcción de las obras del proyecto de gas, así como de Inversiones en Infraestructura de Transportes por Ductos, una empresa de Odebrecht Latinvest Perú Ductos S.A.
El viernes 7, Silvana Carrión remite un segundo oficio, esta vez solicita que se reincorpore en la investigación a los exdirectivos de Odebrecht Jorge Simoes Barata, Mariana Demoro Simoes, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis César Lindgren, Flavio Bento de Faria, Luis Fernando Castro y Claudia Hokama Kuwae.
Barata, Demoro, Lidgren y Bento de Faria fueron investigados, por el presunto delito de colusión, desde el 3 de febrero del 2017, pero este proceso fue archivado cuando se inició la negociación del acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía y Odebrecht.
Tanto en el caso de las empresas como el de los exdirectivos de Odebrecht, la Procuraduría revela que desde julio del año pasado solicitó a la Fiscalía que las incluyera en la investigación que realizaba el Equipo Especial del caso Lava Jato. Sin embargo, la respuesta fue la decisión de archivar las pesquisas debido al proceso de colaboración eficaz que mantenía con la constructora brasileña (ver recuadro).
La Procuraduría hizo todas estas solicitudes, pese a que el 15 de febrero del año pasado ya se había firmado el acuerdo de colaboración eficaz entre la Fiscalía y Odebrecht y que incluso lleva la rúbrica del procurador Jorge Ramírez. El 19 de junio, este acuerdo es homologado por el Poder Judicial, proceso que el propio procurador salió a respaldar públicamente.
Punto de inflexión
En ambas cartas, la Procuraduría considera que al demandar Odebrecht al Estado por la inversión en compra de bienes (tubos) en el Gasoducto, se pone en cuestionamiento el proceso de colaboración eficaz.
“Siendo así, y en caso la Fiscalía verifique que esta decisión legal representa un desconocimiento de la declaratoria de culpabilidad que la empresa Odebrecht habría declarado bajo las reglas de colaboración eficaz”, se lee en la misiva.
Para la procuradora, el no reconocimiento de culpabilidad por parte de Odebrecht “evidenciaría la no voluntad de colaboración con las autoridades en los hechos en los que se investigan”.
Según Carrión, esta presunta negación de actos ilícitos habilita al Ministerio Público para retomar todas las acciones legales contra la constructora brasileña y sus exdirectivos.
Bancadas piden explicaciones sobre actuación de Ramírez
El extitular del Minem Juan Carlos Liu reveló que fue el procurador para el caso Lava Jato, Jorge Ramírez, quien gestionó la reunión que sostuvo con representantes de Odebrecht en enero último.
Al respecto, la congresista electa por APP Carmen Omonte manifestó que no es suficiente la renuncia del ministro, sino también “se hace necesaria una mayor explicación sobre papel de la Procuraduría”.
Agregó que “es imprescindible” que el Gobierno dé señales claras de que tiene como bandera la lucha anticorrupción.
Mientras tanto, el congresista electo por Fuerza Popular Diethell Columbus manifestó que el procurador es el defensor jurídico del Estado y “no un gestor de reuniones de la corruptora Odebrecht”.
“Será difícil confiar en que Ramírez realmente defenderá los intereses el Estado. Me pregunto: ¿cuántas reuniones con altos funcionarios habrá gestionado para Odebrecht desde la Procuraduría a su cargo?”, anotó.
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/YRBBIAFWEZH3PABODIG5C55YXM.jpg)
Procuraduría hizo pedidos en 2019 contra Odebrecht, pese a firmar colaboración eficaz.
El jueves 6, Jorge Ramírez habló que alistaba medidas. Ese mismo día había enviado pedido contra Odebrecht.