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El procurador anticorrupción, Javier Pacheco, presentó -el último viernes- una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, ante el parlamento.
A la fiscal de la Nación se le imputa -de acuerdo al documento que tuvo acceso El Comercio- los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, encubrimiento real, tráfico de influencias, abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal
El procurador sustenta su denuncia en seis hechos revelados a través de información periodística y en declaraciones de la exfiscal Rocío Sánchez, que fue parte del equipo especial que investigó a los Cuellos Blancos del Puerto.
En la denuncia se resalta la supuesta vinculación de Ávalos con esa red crimina, la que estuvo integrada por magistrados, empresarios, abogados y miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que cometían actos delictivos a cambio de favores o dinero.
Pacheco acusa que la fiscal de la Nación se habría favorecido presuntamente en su nombramiento como fiscal suprema, en el 2013, por supuestas gestiones de José Luis Cavassa, investigado por pertenecer a esta organización criminal.
Según la denuncia de Pacheco, Ávalos habría designado a una fiscal cercana a ello con el objetivo de controlar las declaraciones de Cavassa en el proceso de investigación de los Cuellos Blancos.
Asimismo, el procurador consignó en su denuncia la presunta vinculación de Ávalos con la exjueza y exministra María Zavala, integrante de la Junta Nacional de Justicia. Ellas tendrían una relación de comadrazgo, debido a que la fiscal de la Nación es madrina de una de las hijas de Zavala.
Para la procuraduría esta sería la razón por el cual Zavala no es investigada por el Ministerio Público a pesar de que supuestamente tuvo conversaciones telefónicas durante el 2015 y 2016 con César Hinostroza, cabecilla de la red criminal.
