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La Defensoría del Pueblo destacó la decisión que tomó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de incluir al presidente de la República, Pedro Castillo, en las investigaciones que se realizan por el Caso Puente Tarata III.
Mediante un pronunciamiento, la entidad elogió la disposición fiscal contra el jefe de Estado, pues aseguró que ello contribuye a cumplir el deber de combatir la corrupción en todos los niveles del Estado.
“El Ministerio Público debe llevar a cabo una acción diligente y oportuna frente a los actos de corrupción, los cuales generan grave impacto en la institucionalidad del país y en el efectivo goce de los derechos de las personas”, se lee en dicho comunicado.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para que no se suspendan las indagaciones al mandatario. Por tal motivo, enfatizó que si no se realizan los actos de investigación y se permite que se puedan perder medios probatorios, es algo incompatible con el deber constitucional de luchar contra la corrupción.
“Exhortamos al Ministerio Público a llevar a cabo todas las diligencias necesarias que permitan el acopio de material probatorio para el esclarecimiento de los graves actos de corrupción cometidos en el actual Gobierno. Solo así podrá asegurar que los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos no queden impunes”, agregó.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo recordó que el artículo 117 de la Constitución Política del Perú señala que no se puede acusar penalmente al presidente de la República en determinados supuestos, pero aclaró que esto no impide que el Ministerio Público realice pesquisas al respecto.
Investigación a Pedro Castillo
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, decidió abrir investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal tráfico de influencias agravado y colusión agravada “sin perjuicio de otros” ilícitos que se puedan advertir en el curso de las indagaciones, en el marco del caso Puente Tarata III.
El Ministerio Público explicó que Castillo Terrones ha sido incorporado a la pesquisa que Sánchez ordenó, a inicios de mayo, en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y de seis congresistas de Acción Popular, sindicados por la empresaria Karelim López como “Los Niños”.
