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La bancada de Acción Popular exigió a la Fiscalía de la Nación las “aclaraciones correspondientes” por la decisión de suspender las investigaciones preliminares contra el presidente Pedro Castillo hasta el término de su mandato.
A través de su cuenta en Twitter, el grupo parlamentario del partido de la lampa afirmó que dicha medida no solo representaría un “blindaje” al mandatario, sino también “una falta de respeto a la población peruana”.
“Exigimos las aclaraciones correspondientes por parte de la Fiscalía ante la suspensión de las investigaciones contra presidente Pedro Castillo. Como bancada hemos solicitado las investigaciones correspondientes en la comisión de Fiscalización y Contraloría”, señaló.
“Esperar al término de la gestión presidencial para hacerlo, no solo representaría blindaje, sino también una falta de respeto a la población peruana. El pueblo merece respuestas, no silencios cómplices”, añadió en la red social.
Como se recuerda, la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, abrió investigación preliminar a Castillo Terrones por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe), en agravio del Estado.
En esta investigación, existen hechos atribuibles al jefe de Estado en la licitación del proyecto ‘Puente Tarata III’ (San Martín) y en la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero–abril 2022.
De esta manera, se le atribuye al jefe de Estado haber intervenido -indebida e indirectamente- en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (San Martín) a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata III.
El despacho de la fiscal de la Nación también emitió una segunda disposición con la que abre investigación preliminar a Pedro Castillo por presunta injerencia en los ascensos militares. En este caso, se le atribuye los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
