Poder Judicial de Perú rechaza acusaciones de estar "politizando" casos

El presidente del Poder Judicial de Perú, Víctor Prado Saldarriaga, rechazó hoy las acusaciones del partido fujimorista Fuerza Popular de que la administración de Justicia "está politizada" en su país, en el contexto de una investigación que se le sigue a su lideresa Keiko Fujimori.

En un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Prado señaló que "el Poder Judicial es un poder del Estado cuyas funciones están delimitadas a la administración de Justicia y no le interesa el debate político. Para eso existen otros canales".

A partir de la medida de prisión preventiva dictada por diez días contra Keiko, el 10 de octubre pasado, representantes de su partido Fuerza Popular, de mayoría en el Congreso, afirmaron que la justicia en el país está "politizada".

En ese sentido, Prado enfatizó hoy que "el juez es el único que tiene el manejo del proceso, el único que tiene las decisiones y la responsabilidad sobre ello".

"La ley ampara a que actúen con plena autonomía. Son ellos los únicos responsables del alcance y el significado que sus fallos puedan tener", agregó.

Un juez revisa hoy un pedido de la Fiscalía para que Keiko y otras 10 personas reciban 36 meses de prisión preventiva mientras son investigados por la presunta financiación irregular de su campaña para las elecciones del 2011, en las que aparentemente enmascaró grandes donaciones de dinero con múltiples aportes ficticios.

Entre el dinero ocultado puede estar el millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia de Latinoamérica, afirmó haber entregado en dos partidas de US$ 500,000 a los exministros fujimoristas Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya.

Prado aseveró que si una investigación por presunto lavado de activos, tal como el que se le sigue a Fujimori, tiene "mérito en lo investigado, se procederá a una acusación formal para que se extienda una sanción penal".

Anotó que, en esa segunda etapa, se abrirá un "proceso que, según la dimensión del caso, puede durar entre uno y dos años" hasta que se dicte una sentencia.