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La decisión de Odebrecht Latinvest de demandar al Estado peruano, al que le exige una indemnización por más de US$ 1,200 millones por el proyecto del Gasoducto Sur, recibió una dura respuesta del Ejecutivo. Vicente Zeballos la calificó de “frescura”.
La medida de parte de la constructora, sin embargo, no es una sorpresa en ciertos espacios judiciales, pues ya era conocida por la Fiscalía e incluso por la Procuraduría, al menos, desde el mes pasado.
La demanda fue presentada el 21 de enero, por dicha división con sede en Brasil. Poco más de un mes después de que el Estado peruano desembolsara US$ 132 millones, a favor de Odebrecht, que fue el saldo que quedó tras la venta de Chaglla.
El 22 de enero, la constructora envió, precisamente desde Sao Paulo, una carta, a la que tuvo acceso Gestión, a Rafael Vela, jefe del Equipo Especial Lava Jato, anunciándole su decisión.
Vela no hizo pública esta medida judicial adoptada por la firma. Una semana más tarde, junto a José Domingo Pérez y el procurador Jorge Ramírez, fueron a Brasil a interrogar a exejecutivos de Odebrecht.
En aquel último viaje, lo más relevante no estuvo en los interrogatorios, sino en el anuncio de GRCompliance, la empresa encargada de decodificar la información de los servidores de Odebrecht.
La compañía indicó a fiscales y procuradores, el 30 de enero, que el servidor MyWebDayB no ha podido ser desencriptado. “Nadie ha podido abrir su sistema hasta ahora”, indicó IDL Reporteros. No obstante, Vela dijo a El Comercio que su despacho “viene recibiendo la información sin ninguna dificultad. Lo que sucede es que las explicaciones técnicas suelen ser mal interpretadas o suelen ser entendidas de manera diferente”, indicó ayer.
Advertencia
La misiva enviada desde Brasil a Vela lleva la firma de Ruy Lemos Sampaio, director presidente de Odebrecht y de Rugerio Bautista da Nova, director jurídico de la firma.
“Hemos sostenido reuniones en Lima en las últimas semanas con usted (Vela) y con Jorge Ramírez por el asunto de referencia (es decir, el contrato del Gasoducto y la demanda ante el Ciadi)”, revelan ambos ejecutivos.
Es más, en la tercera página de la carta indican que uno de los asuntos “de mayor trascendencia” que “hemos tenido la oportunidad de mencionar a ustedes en las reuniones antes mencionadas” es que el holding está inmerso en un proceso concursal en Brasil, por lo que deben cumplir “con las obligaciones y deberes fiduciarios con la Asamblea de Acreedores”.
Añaden que dicho proceso incluye un Plan de Recuperación Judicial, por lo que “no hay posibilidad de que la compañía no ejerza las acciones necesarias para intentar recuperar la inversión realizada en el Gasoducto”.
Fin del convenio
Ambos ejecutivos brasileños indican a Vela Barba que la empresa debe pagar a sus acreedores.
“En este contexto, tal como hemos tenido la oportunidad de conversar con ustedes, en enero se vencía el plazo bajo el convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones Perú y Bélgica – Luxemburgo”, agregan.
¿Qué implica este acuerdo? Que Odebrecht ahora tendrá –como ha sucedido– el derecho de tomar acciones para recuperar su inversión en el Gasoducto.
La constructora señala que antes de la demanda intentó llegar a un acuerdo tanto con el Ministerio de Energía y Minas, como con el MEF. “Al no tener éxito, la compañía no tuvo otra alternativa que presentar la demanda arbitral ante el Ciadi”.
Historia y pedido
Odebrecht sostiene que tras la firma del contrato para el Gasoducto Sur, la sociedad que creó junto a Graña y Montero y Enagás realizó una inversión de más de US$ 1,000 millones, para lo cual se endeudaron con bancos nacionales e internacionales e incluso con Cofide.
Sin embargo, indican –en la carta enviada al fiscal Vela– que la disolución del contrato durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski fue un “golpe muy fuerte para la compañía”.
Agregan que esta medida fue motivada por intereses personales de parte de PPK, “al tener el propósito de expulsar a Odebrecht del país y evitar que la colaboración eficaz pudiera avanzar”.
“Actualmente el señor Kuczynski se encuentra con arresto domiciliario, a raíz de informaciones derivadas del proceso de colaboración eficaz”, apuntan.
Reacción fiscal
El 24 de enero, Rafael Vela envió una carta a Ricardo Luis Machado, representante legal de Constructora Norberto Odebrecht.
Gestión accedió a la misiva. En ella, el fiscal pide a la compañía una copia de la demanda para evaluar “la compatibilidad de este documento con la sentencia de colaboración eficaz”.
Vela recuerda a Odebrecht que el 12 de junio del 2019, presentó una plantilla de la programación de pagos de distintos proyectos que figuran en los sistemas Drousys y MyWebDay. Allí se puede “confirmar que parte de dichas programaciones de pagos fueron a través de recursos no contabilizados, incluyendo el Gasoducto, admitiendo responsabilidad en la ilicitud de dichos pagos”.
Culpable o qué
La tesis de la Fiscalía es que Odebrecht no puede demandar al Estado por un caso en el que ya reconoció que cometió un delito, un detalle al que no hace referencia la firma brasileña en la carta que envió a Vela Barba.
El jefe del Equipo Lava Jato añade que, tras admitir su culpabilidad y con la firma del acuerdo de colaboración eficaz, se pasó a archivar la investigación que se abrió contra Odebrecht y sus exdirectivos.
Agrega que en este caso, su exsocia Graña y Montero, así como José Graña, también admitieron culpabilidad, por ello desistió de demandar al Estado.
En diálogo con El Comercio, el fiscal dijo que su despacho no pretende poner en debate el acuerdo de colaboración (la sede de Odebrecht en Lima dijo ayer que seguirán colaborando), sino evaluar si se incluye a la compañía en la investigación.
“Tenemos la obligación de incorporar como investigados tanto a la empresa como a las personas que han participado directa o indirectamente en los hechos ilícitos”, manifestó.
¿Plan B?
Vela trató de minimizar esta demanda. Incluso dijo que se trata de una “turbulencia innecesaria”. Es más, indicó que este es un escenario que podía ocurrir. “Los acuerdos de colaboración eficaz son relaciones jurídicas procesales dentro de los cuales se pueden dar estas vicisitudes”, apuntó.
El fiscal sostuvo que si Odebrecht dejara de colaborar con el caso Gasoducto este no estará en riesgo.
“Tenemos varios colaboradores, no solo a Odebrecht y a Jorge Barata. De Graña y Montero, José y Hernando Graña se han declarado expresamente culpables en el caso. Además, hay otros colaboradores nacionales que han reafirmado los hechos”.
Dura respuesta
Por la tarde, el jefe del Gabinete, Vicente Zeballos, indicó que las investigaciones del Poder Judicial y Fiscalía, “ponen en manifiesto, con evidencias concretas, graves hechos de corrupción”.
“Resulta irónico que, a pesar de estos hechos, que tienen evidencia manifiesta con carga probatoria suficiente y con responsabilidades asumidas y reconocidas, (Odebrecht) tenga todavía –con el perdón de la expresión– la frescura de acudir a un arbitraje”, arremetió el titular de la PCM.
Zeballos defendió la decisión del Estado de cancelar el contrato de Odebrecht y sus consorciadas por el Gasoducto. “No fue una decisión arbitraria”, indicó.
“El Gobierno se vio obligado a tomar una decisión (cancelar el contrato) porque el consorcio, del cual fue parte Odebrecht, no alcanzó el cierre financiero. En base a ello, el Gobierno tenía potestad de ejecutar la carta fianza”, detalló.
Defensa
Zeballos indicó que Enagás ya demandó al Estado por este mismo caso. Afirmó que ya se contrató a la consultora especializada para defender los intereses del Perú. Anunció que este mismo estudio asumirá el caso.
“Tenemos una solidez internacional. El Estado, por distintos contratos, ha sido demandado por un monto que alcanza los US$ 50,000 millones, y en gran parte de ellos ha sido auspicioso. Obviamente, hubiéramos querido no llegar a ello, pero, lamentablemente, ha tomado esta equivocada decisión. Esta empresa tendrá sus razones”, agregó.
La tesis del Equipo Especial Lava Jato es que Odebrecht no puede demandar al Estado por un caso en el que ya reconoció que cometió un delito, como es el Gasoducto Sur.
Gálvez pide la remoción de fiscales Pérez y Vela
El fiscal supremo Tomás Gálvez pidió nuevamente la renuncia de los integrantes del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez y Rafael Vela, a los que calificó de “ídolos de barro”.
Gálvez recordó que el último 13 de enero envió un escrito a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; sin embargo, criticó que hasta ahora no se haya pronunciado.
De acuerdo al documento, Pérez y Vela presuntamente habrían cometido los delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento, al señalar en un informe que Odebrecht no tenía investigaciones ni procesos en curso, lo que fue desmentido después.
“También hemos puesto en conocimiento las infracciones administrativas que son sancionadas con destitución por hechos que vienen cometiendo (los fiscales), dijo a Canal N, tras precisar que el documento fue derivado a la JNJ.
¿Qué acciones pueden tomar la Fiscalía y Procuraduría?
1. El fiscal superior Rafael Vela señaló, en una carta enviada a Odebrecht, que en el supuesto caso de que no se retire la demanda se reactivará otra vez el fideicomiso, tal como estableció la jueza María Álvarez en la sentencia de la homologación del acuerdo de colaboración eficaz. Es decir, no podrán realizar transferencias al exterior y vender activos sin previa autorización del Ministerio de Justicia (Minjus) al estar sujetos nuevamente a la Ley 30737. Sin embargo, cuando el Minjus devolvió a Odebrecht US$ 132 millones (S/ 440 millones que quedó como saldo por la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla) en el fideicomiso quedaron solo S/ 30 millones.
2. Vela Barba también advierte en su carta que, si la constructora insiste en su demanda, la Fiscalía y la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato podrán usar las pruebas de corrupción que ya aportó, a través del acuerdo de colaboración eficaz, contra todos los procesos arbitrales que plantee Odebrecht contra el Estado. Por su parte, el procurador Jorge Ramírez indicó a El Comercio que tomó con “cautela y serenidad” la denuncia de la constructora contra el Estado. Sin embargo, declaró que el Perú podrá contar con la información que ellos tienen de la investigación penal por este caso, dada tanto por la constructora brasileña como su consorciada Graña y Montero. Dijo que la comisión especial del Ministerio de Economía, a cargo de ver las demandas ante el Ciadi, ya cuenta con documentación concerniente a este caso como, por ejemplo, los reconocimientos de responsabilidad.
3. El fiscal Vela señaló en entrevista a El Comercio que otra consecuencia de continuar con la demanda ante el Ciadi es que, de no llegar a un entendimiento entre la Fiscalía y Odebrecht, el Equipo Especial incluirá como investigados a la constructora y a todos los exejecutivos que delinquieron en el proyecto del Gasoducto Sur. En la misma línea, el procurador Jorge Ramírez dijo al mismo medio que la compañía todavía tiene activos en el país que pueden ser objeto de una medida cautelar para asegurar el pago de la reparación civil, en el supuesto que Odebrecht sea incluida en la investigación. Sostuvo que el acuerdo no está en riesgo.