El Congreso de la República aprobó - con 83 votos a favor - otorgar facultades legislativas al gobierno de Martín Vizcarra por un periodo de 60 días calendario.
Durante ese lapso de tiempo podrá legislar en materia tributaria, gestión económica y competitividad, integridad y lucha contra la corrupción, así como modernización del Estado.
Los parlamentarios debatieron por cuatro horas, el dictamen de la Comisión de Constitución que recomendaba otorgar las facultades delegadas al Ejecutivo.
Nuevo Perú y Frente Amplio se mostraron en contra de admitir el pedido, mientras que el parlamentario, Yonhy Lescano, pidió votar algunos puntos por separado, pero el Pleno lo rechazó.
De acuerdo a la norma, el Ejecutivo legislará en materia tributaria y financiera a fin de modificar la Ley del Impuesto a la Renta respecto a los criterios de domicilio de las personas jurídicas; las rentas presuntas y las tasas para los servicios que hayan sido prestados parte en el país y parte en el extranjero.
Asimismo, las retenciones y pagos a cuenta del impuesto por rentas de segunda y cuarta categoría; regular el tipo de cambio aplicable a operaciones realizadas por personas naturales y sujetos no domiciliados, entre otras medidas.
En gestión económica se buscará fortalecer la eficiencia y sostenibilidad del Fondo para la Estabilización de precios de los combustibles derivados del petróleo, rediseñar el Fondo de Promoción e inversión Pública y Local (FONIPREL) para integrar el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE).
Facilitar el proceso de liquidación de proyectos de los gobiernos regionales y locales, actualizar la Ley General de Aduanas y la de Delitos Aduaneros para agilizar el comercio exterior.
También impulsar el desarrollo productivo y empresarial de las Micro, pequeña y Mediana Empresa y de los sectores de alto impacto de la economía nacional. Actualizar la Ley General de Aduanas y la Ley de Delitos Aduaneros.
En Educación y lucha contra la corrupción, modificar la Ley General de Educación a fin de elaborar el marco normativo integral que regule la organización, gobierno, régimen académico, perfil directivo y docente idóneo para la gestión de los centros técnico- productivos.
También se modificará el Código Penal para ampliar la pena de inhabilitación por la comisión de delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento al terrorismo, con el objeto de impedir que las personas condenadas por tales delitos presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.