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El borrador del informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso recomienda acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por los casos de Puente Tarata III, casa de Sarratea y ascensos en las Fuerzas Armadas.
En el caso Puente Tarata III, se le responsabiliza al mandatario por incurrir, presuntamente, en el delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
En el mismo reporte, por el caso Puente Tarata III, también se extiende al extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Juan Silva, el exsecretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López hicieron las coordinaciones para el direccionamiento de las licitaciones en el MTC.
Ascenso de militares y casa Sarratea
En tanto, en el caso de los ascensos en FF. AA., se plantea acusación constitucional contra Pedro Castillo y Walter Ayala, por tráfico de influencias y negociación incompatible.
Mientras que, en el caso de las reuniones en la casa de Sarratea, se recomienda acusación constitucional contra Pedro Castillo, Juan Silva y Juan Carrasco, por organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Silencio de Castillo
El presidente Pedro Castillo dijo que respondería a la Comisión de Fiscalización, pero horas antes de la cita dijo que ya no los recibiría, tras la recomendación de su abogado Benji Espinoza.
Desde el Ejecutivo, el primer ministro indicó que ya había un adelanto de opinión en la misma Comisión de Fiscalización del Congreso que encabeza Héctor Ventura.
Por su parte, el constitucionalista Omar Cairo, comentó esta semana que al no declarar Pedro Castillo a la comisión, habría incurrido en una infracción constitucional.
