Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez que Loza se regule su conducta. (Foto: Poder Judicial)
Durante la audiencia, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al juez que Loza se regule su conducta. (Foto: Poder Judicial)

El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Crimen Organizado, reanudó este martes la audiencia del pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori por 36 meses, en el marco del caso Odebrecht.

Al inicio de la sesión, el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial, solicitó al juez exhortar a la abogada Giulliana Loza, defensa de la excandidata presidencial, que adecúe su conducta a raíz de mensajes enviados a través de las redes sociales, en los que le solicita dejarse de “shows mediáticos y de perversidad en sus acciones”.

“Culminada la audiencia del sábado 28 [de diciembre] se ha verificado que la abogada defensora de Keiko Fujimori en su Twitter ha manifestado los siguientes textos que voy a dar lectura […] En esta era de la tecnología, en donde las manifestaciones no solamente se dan a viva voz sino también a través de redes, sabemos las consecuencias que puede originar probablemente una información no adecuada”, aseveró.

Pérez agregó que cuenta con protección policial y que este tipo de mensajes ponen en riesgo también a su familia por incitar a la violencia.

“Esta reiterancia de calificar la actuación, no solamente del Ministerio Público como perversa […] lo que ocasiona es que se incite a la agresión y que aún cuando en esta sala estamos apartados de los exteriores, las agresiones en la vía pública, en las redes sociales, en los medios de comunicación […] genera ataques constantes no solo a mi familia sino también a mí por cumplir una función de defensa de la sociedad”, afirmó.

En ese sentido, el fiscal invocó “encarecidamente”, se exhorte a la abogada a adecuar su conducta procesal al artículo 288 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A su turno, Giulliana Loza criticó el pedido fiscal e indicó que la intención del Ministerio Público es silenciarla, lo que atentaría contra sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y de opinión.

“¿Se me quiere silenciar? ¿Se pretende acaso que ni siquiera publique en mi Twitter? ¿Se pretende acaso que no declare a los medios de comunicación? ¿Se pretende acaso que ni siquiera le hable a mi vecina? ¿Qué se pretende? ¿Silenciarme? ¿Qué se pretende aquí? ¿Que no hable, que no me queje de los abusos? Eso sería lamentable, atentaría contra mis derechos básicos constitucionales fundamentales […] No estamos en un show televisivo, estamos en una audiencia, ahí se miden las conductas procesales y si es que hay o no hubiera irregularidad. El señor dice que tiene custodia, medios de seguridad, yo camino sola por la calle porque no le temo, vivo con mi conciencia tranquila”, señaló.

Durante su respuesta, el juez Zúñiga solicitó a la abogada mantener la calma y no levantar la voz.

Cuando se le dio el uso de la palabra, el fiscal Pérez se refirió al estado emocional de Giulliana Loza e indicó que esta se ha “dejado influenciar por su estado emocional”, por lo que Keiko Fujimori debería evaluar si seguirá bajo su patrocinio.

“Al amparo del artículo 80, considero que su judicatura se encuentra legalmente habilitada para solicitar a la investigada Keiko Fujimori Higuchi si persiste en el patrocinio que está realizando la abogada defensora o la imposición de una defensa pública que establece el ordenamiento. Estamos dando cuenta y usted lo ha advertido de que no habría un ejercicio adecuado de defensa porque aparentemente el aspecto técnico se ha dejado influenciar por el aspecto emocional”, dijo.

Finalmente, Giulliana Loza se mostró dispuesta a que ambas partes, tanto el Ministerio Público como ella, se sometan a un examen psiquiátrico en caso fuera dispuesto por el juez.

“Si su despacho tiene a bien hacer un examen psiquiátrico a estas dos defensas, me expongo, al saber que voy a salir bien. No sé del otro lado”, refirió.

Ante esta situación, el juez Zúñiga solicitó al fiscal y a la abogada centrarse en cumplir sus funciones de forma profesional sin afectar a las familias.