El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dictó anoche 36 meses de arresto domiciliario a Adriana Tarazona y comparecencia con restricciones; así como, impedimento de salida del país contra Carmela Paucará, en el marco de la investigación contra ambas por los presuntos aportes recibidos por Fuerza 2011.
El juez Richard Concepción Carhuancho sustentó su decisión contra ambas por su condición de investigadas por el presunto delito de lavado de activos.
Precisó que entre los elementos de convicción, quedó registrado que Paucará hizo firmar recibos falsos a supuestos aportantes por disposición de la cúpula, que postuló a la presidencia a Keiko Fujimori.
En el caso de Tarazona, el magistrado refirió que ejerció como tesorera de facto de Fuerza 2011 y fue la encargada de entregar recibos falsos a Jorge Yoshiyama Sasaki y Rolando Reátegui para consignar los supuestos aportes.
Cabe indicar que la próxima sesión será hoy a las 18:00 horas, donde el juez emitirá su pronunciamiento sobre los pedidos de prisión preventiva contra Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Cámere.
Como se recuerda, el testigo protegido TP 2017-55-3 indicó que Carmela Paucará, como secretaria personal de Keiko Fujimori, contactó al congresista de Fuerza Popular Rolando Reátegui en febrero del 2011
Según dicho testimonio, el congresista fujimorista se reunió con Adriana Tarazona, tesorera del partido, para proceder a buscar aportantes falsos.
Por su parte, en la sustentación de su pedido de prisión preventiva, el fiscal José Domingo Pérez mencionó que hallaron documentos relacionados a investigaciones contra Martín Vizcarra, al Caso Lava Jato, a procesos contra Keiko Fujimori y Joaquín Ramírez en casa de Carmela Paucará
Incluso afirmó que la rifa con la que Fuerza 2011 aseguró haber recaudado más de un millón y medio de soles para la campaña de Keiko Fujimori no fue real, según el testigo protegido con código 2017-55-3.
Adriana Tarazona era la secretaria nacional de actas y tesorera de Fuerza 2011. Fue fundadora de dicho partido y también fue asesora principal de Keiko Fujimori en el Congreso de la República desde el 2006.
El magistrado señaló que no está imponiendo prisión preventiva contra ambas investigadas porque su situación judicial es distinta a la del resto de implicados, al no ser parte de la cúpula.