Continúa el retraso. La presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, indicó que la Sunat y la SBS son las entidades que menos están colaborando con las investigaciones parlamentarias del escándalo de corrupción brasileño.

En diálogo con Gestión, sostuvo que la información requerida “es vital” para que la secretaría técnica del grupo de trabajo pueda empezar a redactar las conclusiones y recomendaciones del informe final. Este sería presentado a más tardar en agosto.

“Se han hecho requerimientos de información a distintas entidades como ministerios, pero tenemos un retraso significativo en la entrega de información por parte de Sunat y la SBS”, comentó Bartra a este diario.

Como se recuerda, el pleno del Congreso otorgó 60 días adicionales a la comisión Lava Jato para que presente los hallazgos de sus pesquisas (Gestión 14.06.2018).

¿Qué se solicitó?

Rosa Bartra detalló que las informaciones solicitadas se centran en conocer los secretos bancarios, tributarios y bursátiles de más de 400 personas, entre naturales y jurídicas, que pasaron a condición de investigadas.

La legisladora dijo que, en total, la comisión realizó cuatro requerimientos a ambas entidades. De los dos primeros pedidos, han recibido el 80% de información.

Sin embargo, señaló que en las últimas dos peticiones efectuadas, no llega ni a un 30% de data financiera y tributaria de los indagados.
“En el caso de la Sunat hasta ya es preocupante la demora en entrega de información. Esperamos que la envíen cuanto antes y no cuando termine el plazo que vence a fines de agosto. Tenemos que procesarla para redactar las conclusiones”, anotó.

Colaboración eficaz

La parlamentaria fujimorista también adelantó a este diario que, al igual que la comisión Humala, el grupo presentará proyectos de ley para evitar que ocurra otro caso Lava Jato en el Perú.
Manifestó que, hasta el momento, han elaborado cinco proyectos de ley, los cuales ya están en comisiones. Otros se sumarán a la lista junto al informe final.

Por ejemplo, afirmó que uno de ellos busca poner plazos a la Fiscalía para que defina si un aspirante se convertirá en colaborador eficaz.
Aunque no dio detalles, señaló que esta iniciativa nació a raíz de la controversia que hubo en el “acuerdo” que firmó la Fiscalía con Odebrecht.

“Hasta ahora, no sabemos si Jorge Barata es colaborador eficaz y ya pasó más de año y medio. Este proyecto es para corregir ese vacío”, dijo.