La bancada aprista presentó un proyecto de ley que podría afectar los procesos judiciales en el marco del caso Lava Jato y otros, ya que reduciría los plazos para que los fiscales puedan investigar y presentar su acusación.
La iniciativa, impulsada por Javier Velásquez Quesquén, especifica el plazo razonable en que una persona puede ser juzgada penalmente en nuestro país: la mitad de la pena máxima a la que el procesado podría ser condenado.
“El cómputo del plazo se inicia el día en que el procesado conoce el cargo que se le atribuye, a través de una notificación dentro de investigación preparatoria, y culmina con la sentencia consentida”, precisa el documento.
Casos actuales
En caso de que el Ministerio Público exceda el plazo de la investigación, la iniciativa sugiere la culminación del proceso penal de manera inmediata.
Por último, la norma especifica que tendrá aplicación en todos los procesos judiciales en marcha.
Se reducen plazos
La abogada penalista Romy Chang aclaró que si bien esta norma no provocaría que se archiven los procesos vinculados a Lava Jato, sí obligaría a los fiscales a terminar su investigación en un plazo mucho menor al que ya se habían proyectado.
“Los fiscales tendrán que reorganizar de manera inmediata sus estrategias para cumplir con el plazo exigido. Esto generará un evidente perjuicio”, indicó en diálogo con Gestión.
Al reducirse el plazo, la jurista advirtió que los magistrados no podrán terminar sus actos de investigación, como interrogatorios a testigos, análisis del levantamiento del secreto bancario, entre otros.
“Las diligencias programadas en el exterior se afectarán, porque los fiscales tendrán que acelerar algunas cosas”, agregó.
Efecto desestabilizador
En tanto, Luis Lamas Puccio advirtió que de aprobarse este proyecto de ley, tal cual está planteado, ocasionaría un efecto desestabilizador en el sistema de administración de justicia. “Actualmente no hay presupuesto, no hay capacitación en el sistema. Miles de procesos serían archivados porque no hay capacidad material para responder en el plazo exigido”, dijo.
La excepción de la norma
Punto. El proyecto de ley del Apra especifica que la excepción del cómputo de plazo en la investigación penal se da cuando la demora sea atribuible al propio procesado.
Por ejemplo, cuando no se presenta a la audiencia, se fuga o cuando su abogado propone recursos ante el juzgado constantemente con la finalidad de dilatar el plazo en forma intencional, buscando entorpecer el proceso.