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A principios de este año, 600,000 mexicanos suscribieron un borrador de un proyecto de ley anticorrupción elaborado por organizaciones cívicas, lo cual forzó su debate en el Congreso. Conocido como "Ley 3de3", el proyecto exige a los funcionarios públicos publicar declaraciones juradas de sus activos, impuestos pagados y posibles conflictos de interés.
El 29 de abril, último día de sesiones parlamentarias ordinarias, el proyecto no obtuvo los votos necesarios en el Senado para convertirse en ley —lo mismo que otra iniciativa igualmente crucial, que otorga autonomía a un nuevo fiscal anticorrupción—, debido principalmente a la oposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto.
A menos que el Congreso convoque a una sesión extraordinaria y los proyectos de ley sean aprobados antes del 28 de mayo, el tan promocionado Sistema Nacional Anticorrupción de Peña —que el año pasado fue incluido en una reforma constitucional—, se convertirá en letra muerta.La presión a favor de la Ley 3de3 es un ejemplo de una inusitada movilización popular contra la corrupción en América Latina, que en el caso de Brasil ha ido más lejos, pues millones de ciudadanos han salido a las calles para demandar la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y respaldar la cruzada judicial contra la corrupción en la petrolera estatal Petrobras, un caso que ya ha ocasionado el encarcelamiento de líderes empresariales y acusaciones contra políticos poderosos.
Las protestas callejeras también han ocurrido en Guatemala, las que junto con el trabajo de una comisión investigadora respaldada por la ONU, ocasionaron en setiembre del año pasado la destitución del presidente Otto Pérez Molina, ante evidencias de cohecho, defraudación tributaria y asociación ilícita para delinquir. En Honduras, el Gobierno aceptó la formación de una comisión similar, aunque con menor alcance.
En Chile, un escándalo que involucró al hijo de la presidenta Michelle Bachelet provocó la legislación sobre conflictos de interés, mientras que en Argentina, tras el cambio de Gobierno, los fiscales y jueces están intensificando sus investigaciones sobre actos ilícitos cometidos por el entorno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La corrupción es endémica en América Latina. Los votantes han tolerado a los políticos que "roban pero hacen obra" —un epíteto aplicado por primera vez a un gobernador populista de São Paulo, en los años 40—. En estas sociedades, enormemente desiguales y con estados rudimentarios, los pobres se muestran agradecidos con los pocos políticos que les prestan ayuda.
El boom de los commodities de la década pasada propulsó los ingresos gubernamentales, parte de los cuales fue robada. Pero en general, no existe evidencia de que la corrupción haya empeorado: según las encuestas, el porcentaje de personas que admite haber tenido que pagar coimas ha disminuido ligeramente.
Pese a ello, la intolerancia contra la corrupción está en aumento. Varios factores la explican, entre ellos figura el crecimiento de la clase media, que está exigiendo la rendición de cuentas y quiere que los ingresos tributarios sean gastados en mejores servicios públicos. Las redes sociales están haciendo que sea más fácil que los ciudadanos se movilicen, a lo que se suma una lenta maduración de la sociedad civil.
Quizás el avance menos notorio sea "la paciente construcción de un nuevo edificio normativo" contra la corrupción, sostiene Kevin CasasZamora, exvicepresidente de Costa Rica. Muchos países han adoptado convenciones internacionales contra los sobornos y a favor de la transparencia gubernamental, que han sido complementadas con leyes nacionales sobre acceso a la información, aumento de las penas por corrupción y, en Brasil, el empoderamiento de los investigadores con medidas como la reducción de penas. Tras 30 años de democracia, muchos jueces y fiscales brasileños son ahora más autónomos y profesionales.
Pero no es así en todos los paí- ses. En el corto plazo, los escándalos de corrupción están socavando la fe en la democracia y hay riesgo de que el enojo sea aprovechado por líderes populistas. Por ejemplo, Hugo Chávez ganó el poder en Venezuela presentándose como un combatiente contra la corrupción, pero luego hizo todo lo que pudo para incrementarla, limitando la independencia de los jueces, la libertad de prensa y la rendición de cuentas.
Y algunos latinoamericanos todavía hacen la vista gorda frente a la deshonestidad: una encuesta en Lima del 2014 halló que la mitad de los votantes creía que el alcalde electo (Luis Castañeda) robaría, pero que haría obra.
Es vital que las movilizaciones se traduzcan en leyes más efectivas e instituciones más fuertes. Deltan Dallagnol, joven fiscal que lidera el equipo que investiga el escándalo Petrobras, declaró a La Nación de Argentina que su meta es "formar ciudadanos, especialmente entre las poblaciones de menores ingresos, a fin de que comprendan que el dinero sustraído por la corrupción afecta los servicios que el Estado les brinda".
Bien dicho. Muchos mexicanos ya lo entienden, aunque su presidente, al bloquear la iniciativa 3de3, no solo se ve como alguien cuyo partido tiene algo que ocultar, sino que se está posicionando en el lado equivocado de la historia latinoamericana.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez © The Economist Newspaper Ltd, London, 2016