La vicepresidenta, Mercedes Aráoz, señaló que no hay elementos para que se pueda acusar al Gobierno de estar protagonizando una persecución política, tal y como señaló Alan García para sustentar su pedido de asilo diplomático a Uruguay, por lo que indicó que le sorprendió este proceder del ex presidente.
"(El pedido de asilo) le hace daño a la imagen del propio expresidente Alan García. Todos esperábamos que se allanara como él mismo anunció pocas horas antes, lo que era una muestra de respeto a los poderes del Estado", comentó en declaraciones a Latina.
Mercedes Aráoz, en ese sentido, reiteró que no podía comprender los motivos que habrían llevado a Alan García a pedir el asilo diplomático desde la residencia de la embajada de Uruguay.
"No sé por qué ha tomado esa decisión. Yo he trabajado con él, pero no conozco por qué ha tomado esta decisión", añadió.
Mercedes Aráoz recordó que hay investigaciones contra políticos de diversos sectores políticos, incluyéndola a ella, y que más allá de las opiniones que puedan tener sobre el proceder de ciertos jueces y fiscales, no se puede hablar de una persecución política.
"No hay interferencia (desde el Gobierno). Yo también podría decir que el accionar de ciertos fiscales puede ser agresivo, pero eso le ha pasado a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán, Keiko Fujimori. Todos los políticos están en esa situación. No es un tema ligado solo al señor Alan García", manifestó.
La vicepresidenta y congresista de Peruanos por el Kambio destacó que cualquier objeción que se pueda tener ante una decisión tomada por el Poder Judicial se puede combatir a través de apelaciones o recusaciones.
"Hay procesos y garantías para ir por esas vías [...] Lo que tiene todo ciudadano a través de un abogado es poder pedir que se recuse a un juez que decidió algo. También puede ir a una segunda instancia o ir al Tribunal Constitucional", señaló Mercedes Aráoz.
El ex presidente Alan García solicitó asilo diplomático a Uruguay horas después de que el Poder Judicial dictara una orden de 18 meses de impedimento de salida del país, decisión a la cual se allanó.
Esto en el marco de las investigaciones contra el ex jefe de Estado por presuntas irregularidades por los pagos de coimas de Odebrecht por las licitaciones de los tramos I y II de la Línea 1 del Metro de Lima, así como por el pago de una conferencia del 2012 que habría salido de la caja 2 de la constructora brasileña.
