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En la última sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República se llevó a cabo la exposición de especialistas, entre ellos Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), respecto de la necesidad de contar con una oficina de estudios económicos e impacto regulatorio en el Poder Legislativo.
Cabe indicar que, conforme indica el predictamen de la propuesta, la oficina tendría por función primordial elaborar análisis de costo beneficio respecto de los proyectos de dictamen elaborados en las comisiones ordinarias. Asimismo, brindar asesoría técnica (en materia de análisis costo beneficio de los proyectos de ley en elaboración), a solicitud de los grupos parlamentarios o congresistas.
Otra de los objetivos es realizar estudios, análisis y evaluaciones del impacto logrado por políticas y programas del gobierno con relación a su asignación presupuestaria; y realizar los estudios de control ex post de las leyes vigentes.
“Tenemos un problema en la calidad de los análisis costo beneficio (ACB) que se trabajan en el congreso, no es exclusivo de esta legislatura, pues viene desde más atrás. Un camino adecuado para resolver es la oficina de análisis económico”, dijo Macera.
El representante del IPE hizo énfasis en el rezago que tiene Perú, sobre todo en la cuantificación del impacto de los proyectos de ley.
“Algunas oficinas (en el mundo) tienen un análisis expost de las regulaciones, y en este punto el Perú está más atrasado en todos los niveles. Nunca se evalúa cual fue el impacto en la vida real de los ciudadanos, o si (el proyecto) funcionó o no, o qué mejoras hacer. Esta es la novedad que trata de imprimir este proyecto”, indicó.
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Asimismo, mencionó que, de instalarse la oficina, son los mismos congresistas y comisiones los que tendrían un beneficio, pues contarían con una herramienta de legitimidad de sus proyectos, pues los análisis costo beneficio no dependerían del mismo autor (del proyecto).
Sin embargo, advirtió que una de las preocupaciones de los congresistas pasa por la posible sensación de pérdida de autonomía para desarrollar su propio análisis.
Las opiniones de la Oficina de Estudios Económicos e Impacto Regulatorio no serían vinculantes (opiniones negativas no evitarían que el proyecto de ley se apruebe), pues solo tienen como marco y objetivo orientar técnicamente a los grupos parlamentarios y legisladores sobre la conveniencia de la legislación que pueda ser aprobada.
“Ha habido esfuerzos de mejora en el ACB de calidad regulatoria dentro del Congreso en los últimos años, o por tratar de cuantificar el impacto sobre los ciudadanos. La gran diferencia con este proyecto es que independiza el proceso, pues no compete al mismo autor del proyecto, sino que es la oficina la que apoyaría en el análisis costo beneficio. Más que restarle autonomía al congresista es una ayuda para tratar de diseñar proyectos de ley que eventualmente tengan mayor soporte dentro de la cámara legislativa y ciudadanía”, apuntó.
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Condiciones mínimas
Las condiciones mínimas propuestas por Diego Macera respecto a la operación adecuada de la oficina son las siguientes:
- Apoyo político: sin soporte desde el nivel legislativo la oficina correrá el riesgo de ser disminuida, ignorada o capturada.
- Independencia: dentro del terreno técnico, sin responder a consideraciones política o partidarias. Es importante el proceso de selección con una comisión independiente, la responsable de elegir la “cabeza” de la institución.
- Presupuesto: contar con presupuesto suficiente para atraer y retener al profesional de alto nivel. “Yo no creo que la oficina en su operación anual vaya a costar más de 2 o 3 millones de soles al año. Comparado a lo que puede costar un solo proyecto de ley mal aprobado, el costo es pequeño”, dijo Macera.
- Legitimidad: cualquier esfuerzo de largo plazo requiere apoyo, no solo del Congreso, sino de la ciudadanía, prensa, universidades, entre otros. Que se considere a la oficina con una opinión valiosa al momento de evaluar un proyecto de ley.
La propuesta contempla que la jefatura de la oficina se encuentre a cargo de un funcionario elegido por un periodo de cinco años, elegido a través de concurso público, con autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones.
Los postulantes serían evaluados por un comité integrado por cinco miembros: dos decanos de las facultades de economía de las universidades públicas licenciadas con mayor antigüedad y dos pertenecientes a las universidades privadas licenciadas con mayor antigüedad y el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), quien la preside.
Sugerencia
Rodrigo Lara, expresidente de la Cámara de Representantes de Colombia, señaló que, a diferencia de la propuesta peruana, la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal (OATP) de Colombia (que entraría en vigor en el primer semestre del siguiente año), ofrece una herramienta de fiscalización a través del acceso a microdatos de gasto del gobierno.
“La ley colombiana tiene un punto interesante que es el acceso al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), incluso a nivel del departamento nacional de planeaciones, que es donde se priorizan y orientan las inversiones de gastos en general por parte del gobierno nacional. Asimismo, tiene acceso a las partidas de gastos de cualquier entidad pública a nivel excel, para de esta manera saber cómo la rama ejecutiva invierte los recursos. Es una herramienta que permite al congreso de Colombia fiscalizar a detalle todas las partidas generales que se asigna a sí mismo el gobierno”, afirmó.
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