Esta semana el ministro de Salud, Hernando Cevallos, anunció que se evalúa establecer una “tarjeta verde” para los ciudadanos que ya fueron vacunados contra el COVID-19.
La medida tendría el objetivo de promover la vacunación, pues a los portadores de la “tarjeta verde” se les permitiría ingresar a ciertos espacios restringidos para los demás.
Al respecto, Paula Ponce de León, especialista en comunicación en temas de salud y docente de Pacífico Business School, señaló que la medida sí podría cumplir su objetivo, pero se debe tener cuidado en aplicarla cuando exista un mayor avance de la vacunación en Perú.
“Se debe tener en cuenta que en países como Italia o Israel se han aplicado medidas similares, pero ellos tienen entre el 70% a 80% de la población vacunada; acá aún no estamos en ese nivel”, refirió.
Es por ello que estimó que la medida podría darse a fin de año o inicios del 2022 cuando, según los planes del Minsa, ya todos los mayores de 18 años tengan acceso a la vacuna contra el COVID-19.
Advirtió que de aplicarse antes de tiempo, el riesgo de esta medida sería que podría ampliar brechas de equidad, acceso a servicios, e incluso afectar a la actividad económica.
“Actualmente no serviría aplicar una medida de este tipo, pues de qué serviría restringir acceso a lugares como cines o restaurantes a los vacunados si actualmente muchos de los que atienden en esos lugares tienen menos de 30 años y aún no pueden vacunarse”, indicó Paula Ponce de León.
Respecto al riesgo de que la “tarjeta verde” sea falsificada por los no vacunados, Ponce de León refirió que esta posibilidad es mínima, pues la información ya está digitalizada y el Estado cuenta con una base de datos de los vacunados, por lo que su verificación es de fácil acceso.
¿Obligar a los trabajadores?
Ponce de León sugirió impulsar campañas de vacunación segmentadas por actividades como los profesores, colegios profesionales e incluso en empresas.
Sobre este último segmento, María Haydée Zegarra, Socia y Jefa del Área Laboral del estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas, refirió que para obligar a los trabajadores a vacunarse se requeriría de una nueva normativa, pues la actual legislación laboral no lo contempla.
Incluso Sunafil ya ha advertido que podría sancionar a las empresas que pretendan obligar a sus trabajadores a vacunarse contra el COVID-19.
“Con la legislación actual el empleador solo puede persuadir al trabajador, dándole información adecuada, para que se vacune. Pero sería conveniente que el Gobierno pueda reforzar la normativa”, señaló Zegarra.
“Es un tema complejo, pues se tiene que ver en qué momento dejas de lado la libertad individual para salvaguardar la salud”, agregó.