La estrategia de la Contraloría para evitar la fuga o mal uso de las vacunas COVID

Luis Robas Sánchez, jefe del Equipo Especial de Control para la Vacuna COVID-19 de la Contraloría, adelantó a Gestión.pe la estrategia que ya lleva adelante -en esta primera etapa- para evitar no solo el mal uso de un bien público y escaso sino también la correcta distribución de las dosis de Sinopharm a fin de evitar mermas.

-¿Cuál es el balance de los primeros días de vacunación al personal médico?-

En estos momentos no te lo puedo adelantar debido a que estamos en pleno trabajo de campo. En los próximos días, vamos a emitir los informes correspondientes las que serán publicadas en nuestra página web. Actualmente contamos con 508 auditores desplegados a nivel nacional, de los cuales un grupo viene trabajando desde el domingo –cuando arribó el primer lote de vacunas– verificando que hayan llegado según las condiciones establecidas, mientras que otro grupo participó en la distribución (de las vacunas) a cada uno de los almacenes regionales y puntos de vacunación.

-¿En qué se va enfocar la fiscalización y control en esta primera etapa de vacunación?-

Estamos enfocándonos en dos cosas puntuales: que la distribución y conservación (de la vacunas) se hagan preservando la cadena de frío que se ha establecido para este producto –que es entre 2 y 8 grados– y que el padrón de beneficiados, que ha sido emitido con una resolución ministerial del Ministerio de Salud (Minsa), se cumpla, así como la Directiva Sanitaria contra el COVID-19 y el Plan Nacional de Vacunación, que son los documentos técnicos que reglan este procedimiento a nivel nacional. En estos minutos, todavía estamos en el principio de reserva que impera el control, pero no pierda cuidado que una vez emitidos los informes de control gubernamental –valga la redundancia– serán colgados en nuestro portal institucional y lo más importante, serán transmitido inmediatamente a las diversas instancias del Minsa y de los Gobiernos Regionales, para que –en caso de existir algún hecho– sea inmediatamente subsanado.

-¿Se puede tener un desagregado de cuántos auditores están en cada hospital o punto de vacunación?-

Son 617 puntos de vacunación a nivel nacional en esta primera etapa. Los equipos de la Contraloría están yendo, no a todos los puntos de vacunación, pero si a la gran mayoría. Hemos hecho un muestreo donde están los principales bolsones de población a vacunar y a esos iremos. El control –cabe precisar– nunca puede ser al 100%. El control es selectivo y aleatorio, porque lo que se busca es tomar una muestra representativa que nos permita hacer una radiografía de cómo se está llevando a cabo el proceso a fin de que la ciudadanía sepa y para que las autoridades sanitarias –en el caso de existir alguna falla por corregir– adopten las acciones de manera inmediata.

-Ayer personal médico de hospital Rebagliati denunció que no estaban incluidos en el padrón de vacunación. ¿Están al tanto de ello?-

Si, nosotros –justamente– estamos recogiendo la información, como tenemos auditores en los principales puntos de vacunación a nivel nacional, estamos recogiendo esta problemática la misma que van a ser plasmadas en nuestros informes. Además, en las semanas precedentes, cuando hicimos la planificación del megaoperativo del control de la vacunación contra la COVID, le preguntamos al Minsa cómo se elaboró el padrón de beneficiados con la vacuna y ellos nos manifestaron que esta herramienta se hizo en base a los padrones –valga la redundancia– que los mismos hospitales, como el caso Rebagliati, le remitieron. Sin embargo, esta situación que me comenta está siendo proceso de constatación de parte de la Contraloría. Estamos con los ojos bien abiertos y con los protocolos al día, a efectos de recoger y establecer las recomendaciones del caso.

-De hallarse irregularidades como mal uso de las vacunas o que se inmunice personas que no forman parte de la primera etapa, ¿habrá sanciones?-

En principio hay sanciones de dos tipos, que de manera general se pueden identificar. La primera son sanciones de tipo administrativo para que inmediatamente sea procesado por la institución en la que trabaja aquel funcionario público que lo cometa. Recordemos que ahí, la Contraloría está atada de manos ya que –como se recuerda– el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la potestad sancionadora de la Contraloría el año pasado, con lo cual, en la práctica, no podemos sancionar administrativamente a nadie. Sin embargo, lo que podemos hacer es interponer la denuncia administrativa correspondiente ante la entidad donde los funcionarios que comentan irregularidad trabajen, pero adicionalmente –y es la segunda sanción– también haremos las denuncias penales del caso y lo comunicaremos inmediatamente al Ministerio Público para que inicien las investigaciones y de ser el caso, postulen las sanciones penales antes los entes jurisdiccionales correspondientes.

-¿Hay cárcel para ello?-

Depende, habría que ver el hecho en particular. Podríamos estar hablando de hurto, de apropiación ilícita, entre otros. En algunos casos, por la gravedad de los hechos, podría haber penas privativas de la libertad.

-En marzo se tiene previsto iniciar la segunda etapa de vacunación, que implica a un mayor de número de población a inmunizar. ¿Podrán desplegarse a todos los puntos de vacunación?-

Cuando venga el gran bolsón de vacunación, evidentemente –te voy a ser honesto– no vamos a poder ir a todos los puntos de vacunación. No hay la capacidad operativa ni recursos para ello, pero si tenemos una estrategia que nos permite cubrir los grandes puntos de vacunación y de manera aleatoria, asistir aquellos puntos alejados en los que podría existir alguna irregularidad. En concreto, no solo vamos a tener una estrategia presencial con los equipos de auditoria, sino que –además– hemos abierto un canal de denuncias para que cualquier ciudadano que observe un hecho irregular, nos ponga en conocimiento e inmediatamente desplegar una comisión de auditoría. Adicionalmente, cuando se realice la vacunación a toda la población, parte de la estrategia que hemos diseñado, no solo se basa en ir a las puntos de vacunación, sino que –en ciertos distritos– tomar los datos del padrón de personas vacunadas para ir a la casa de alguno de ellos a fin de comprobar que fueron vacunados.

-¿Se va a contratar a más auditores para las siguientes etapas de vacunación?-

Seguramente vamos a necesitar más gente, pero –justamente– esta primera etapa nos va a permitir evaluar la dimensión (de lo que necesitamos) ya que estamos ahorita en el campo. Si algo conocemos los que trabajamos en el Estado, es a maximizar el uso de los recursos. Reconocemos que este es un año difícil para el país y la Contraloría es consciente de ello. Sin embargo, si creemos que es importante que se considere –porque estamos siendo parte de la intervención gubernamental más importante que va existir este año y el siguiente– que evidentemente necesitamos recursos para cumplir con fiscalizar y controlar de manera idónea el uso de las vacunas. Entiendo que se están haciendo las gestiones ante la instancia respectivas (para contar con más recursos). (La falta de personal y presupuesto) No nos amilana ya que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para tratar de cubrir la mayor cantidad de puntos de vacunación, con una estrategia adecuada para darle a la ciudadanía una radiografía de lo que está pasando con el proceso de vacunación.

-Uno de los principales temores cuando se dé la vacunación masiva, es que mafias se agencien de vacunas para comercializarlas en el mercado negro, ¿se podrá evitar ello?-

Justamente, por eso nuestro despliegue. No anunciamos al establecimiento a fiscalizar, sino que aleatoriamente vamos a ciertos establecimientos no solo para verificar que se está procediendo conforme a ley sino para generar la sensación de riesgo, que en cualquier momento llegamos. Lo que si tengo que decir es que la responsabilidad de que está vacunación salga bien y que no hayan sustracciones o robos, no es solo de la Contraloría sino de todos los que participan del proceso como el Minsa, la Direcciones Regionales de Salud, todas las entidades del Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales. No olvidemos que el primer obligado a asegurar que el proceso salga bien es quien lo ejecuta. Si se pierden o sustraen las vacunas no será por culpa de Contraloría. No señor, quien ejecuta una intervención o proceso público, tiene que tener los controles y establecer las garantías necesarias para evitar que hecho delictivos ocurran. No hay órgano de control en el mundo que pueda asegurar que todo salga bien al 100%, por el contrario el primero que está obligado a que todo salga bien son los gestores públicos que están a cargo, nosotros coadyuvamos. Así, en caso de haber sustracciones, el responsable será el Minsa o las Direcciones Regionales de Salud. No olvidemos que vivimos en un país descentralizado, por lo que los Gobernadores Regionales tienen una gran responsabilidad y deben estar a la altura de las circunstancias para vacunar a toda la población, en la forma establecida.

-¿Tienen un plan de fiscalización y control cuando los laboratorios privados puedan importar y comercializarla vacunas?-

No auditamos a los privados. Solo tenemos competencia funcional y constitucional sobre el sector público. Si se decide, en algún momento, permitir que un privado comercialice vacunas, sobre esa actividad empresarial nosotros no tenemos competencia legal para intervenir.

-En caso de que algún Gobierno Regional decida comprar vacunas, ¿la fiscalización de la Contraloría estaría en marcha?-

Por su puesto, pero ahí hay que tener en cuenta algo. No solo deben tener el presupuesto sino la autorización legal para importar vacunas. El Minsa –de ser el caso y si es que les permiten– tiene que emitir la autorización legal. En el supuesto que el Gobierno Nacional permitiese que un Gobierno Regional compre vacunas, evidentemente ejerceremos control gubernamental.

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