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El Pleno del Congreso aprobó el dictamen con el texto sustitutorio consensuado de las Comisiones de Vivienda y de Descentralización para agilizar la formalización de la propiedad informal en posibles zonas de riesgo.
Se trata de dictamen recaído en el proyecto de ley 3374/2022-CR, que plantea modificar la Ley 30711 y para ello se incorporan los artículos 9 y 10 a la Ley 30711.
El artículo 9 establece que, en el proceso de formalización de la propiedad informal, la gestión del riesgo de desastres comprende el análisis de riesgo sobre los terrenos donde se asienten las posesiones informales.
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Añade que, si durante el proceso de formalización se advierte que la posesión informal se encuentra en posibles zonas de riesgo por las características del suelo, cercanía a ríos u otros cuerpos acuíferos, elementos de transmisión eléctrica o terrenos carentes de las condiciones de higiene y salubridad necesarias, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) solicita a la entidad competente el informe de análisis de riesgo con el que cuente respecto del área ocupada.
Asimismo, se fija un plazo de treinta días para la emisión del informe correspondiente. Se subraya que los informes de análisis de riesgo se ejecutan de conformidad con las normas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).
El artículo 10 señala que Cofopri ejecuta las acciones de formalización correspondientes, siempre que el informe de análisis de riesgo determine que el área ocupada no requiere acciones de mitigación.
Se advierte que, si el informe de análisis de riesgo determina que el área no tiene posibilidad de ejecutar o implementar recomendaciones que mitiguen el riesgo, no procede la formalización de dicho terreno, disponiéndose el archivo definitivo del respectivo expediente.
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Celeridad a los procesos de formalización
La norma se aprobó con 102 votos a favor y 5 abstenciones.
La presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción, María Agüero Gutiérrez (Perú Libre), manifestó que la norma dota de mayor celeridad a los procesos de formalización que tiene a cargo Cofopri, respecto de las posesiones informales ubicadas en posibles zonas riesgosas, los cuales deben ejecutarse en conformidad a las normas del SSINAGERD.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, Auristela Obando Morgan (FP) dijo que formalización supone un claro beneficio de cara a los gobiernos locales y al gobierno nacional, ya que genera y recopila información para la generación de políticas públicas en materia de zonificación, agua, saneamiento y despliegue de infraestructura.
Por su parte, la congresista Maricarmen Alva Prieto, autora del proyecto, informó que existen más de 20 mil posesiones informales con riesgo superable que requieren del cumplimiento de recomendaciones para superar la situación de riesgo, dicha inacción impide la titulación de más de 70 mil pobladores.
Asimismo, advirtió que existe una excesiva demora de los Gobiernos Locales y Regionales en la emisión de los informes de análisis de riesgo para descartar algún nivel de peligro; lo que retarda las acciones de formalización y genera una espera prolongada de la población que necesita sus títulos de propiedad.