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Giovani Alarcón
La estrategia principal para enfrentar el COVID-19 consiste en no colapsar el sistema de salud, pero también incide en focalizar cómo se mueve el virus en la sociedad. Para ello, las pruebas de diagnóstico permiten identificar quién tiene o tuvo el virus.
Mientras que las pruebas moleculares detectan la presencia de manera inmediata, las serológicas –o rápidas- revelan la existencia de anticuerpos generados frente al coronavirus días después del contagio.
A estos dos componentes se suma la prueba Elisa, que comprende reactivos usados bajo esta técnica referenciada para la detección del VIH. “Esta cuantifica la cantidad de anticuerpos (IgA, IgG e IgM). Para doctores o epidemiólogos es más eficaz para hacer análisis e identificar a la población que ya está inmune”, sostuvo Víctor Alfaro, gerente general de Sistemas Analíticos.
Las pruebas Elisa son un frente complementario. En esa línea, se estima que la demanda va a mantenerse o aumentar al menos por seis meses debido a las disposiciones de los protocolos para la reactivación de las actividades económicas. Estas pruebas pueden trabajarse de manera más masiva en tanto sus procesos son más eficientes y hay mayor infraestructura en laboratorios para estas a nivel nacional.
Así, hasta la fecha, se han implementado por lo menos tres laboratorios con mayor tecnología para el proceso que abarcaría ciclos con cerca de 100 pruebas por cada 4 horas. En estos establecimientos, se estima que la demanda llegue a las 30,000 pruebas al mes y los precios sean cercanos a los que actualmente tiene la prueba rápida. Además, otros dos laboratorios principales estarían en conversaciones para ofrecer este servicio.
Servicio
Según Gonzalo Van Oordt, CEO de Synlab, por ahora cuentan con pruebas rápidas y comercializarían un lote inicial de 1,000 pruebas Elisa de la marca Euroimmun. Además, dispondrán de pruebas moleculares una vez obtengan la autorización del Instituto Nacional de Salud.
Precisó que, por el momento, dicho laboratorio –que atiende ocho clínicas a nivel nacional, el Instituto Nacional Cardiovascular y el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja- ofrece el servicio de pruebas rápidas que consiste en un protocolo detallado de frecuencia regular. Esto implica la toma de pruebas, la medición de síntomas y la información sobre casos positivos y el aislamiento dentro de la empresa.
“Hay bastante demanda, pero la cantidad de tomadores puede ser un cuello de botella. También ofrecemos el servicio del cassette, pero los precios dependen del stock y cuánto me cuesta la prueba, ya que todas las semanas cambian los precios”, indicó Van Oordt a Gestión.
La diferencia del precio entre la prueba serológica sola y la toma de muestra bordea el 25%, mientras que con el servicio conjunto se reduce a un 10%. Así, los sectores que más están demandando los diagnósticos son la minería (que tienen avances previos en adquisiciones), pesca, fabril, alimentos, retail y salud.
“En volumen, las minas son las más grandes empleadoras del país. Pero las agrícolas también están muy preocupadas y estamos en conversaciones con algunas empresas. Hemos entregado 700 cotizaciones en el último mes y ya vamos cerrando 100”, detalló.
Riesgos de informalidad
El 13 de mayo pasado el Ministerio de Salud emitió una resolución (281-2020) que establece que las empresas podrán comprar pruebas de diagnóstico COVID-19 sin intermediarios; sin embargo, para aplicar estos test deberá ser “a través de sus servicios de seguridad y salud en el trabajo o el centro de salud con el fin de que la prueba sea aplicada en condiciones de bioseguridad y sus resultados se registren en el sistema integrado para COVID-19”.
Esta medida se contrasta con una disposición previa de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del 23 de abril que precisaba que solo las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (Ipress) y laboratorios autorizados para realizar exámenes clínicos tenían la facultad de comercializar y distribuir estos productos.
La medida de la Digemid se dio a raíz de un mercado informal de estos productos que resultó en precios diferenciados (Gestión 06.05.2020). Pero ahora que el Ejecutivo ha dispuesto dentro de los protocolos que se apliquen las pruebas, aumentaría el cuello de botella frente a la escasez de pruebas en el mercado lo que, a su vez, generaría informalidad en el mercado.
Fuentes consultadas por Gestión advirtieron que hace falta más filtros –como elevar requisitos para los agentes que ejecuten los test- para evitar dicho escenario.