Un desastre ambiental que pudo evitarse

Han transcurrido más de tres semanas de uno de los peores desastres ambientales en la costa del Perú. Según las últimas cifras oficiales, 11,900 barriles de petróleo fueron vertidos en nuestro mar, contaminando casi 12,000 hectáreas entre mar y playa, que podrían incrementarse aún más con el pasar de los días.

El derrame en Ventanilla también afectó a la Zona Reservada de Ancón y la Reserva Nacional “Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras”, espacios protegidos por la riqueza de su biodiversidad y los ecosistemas que albergan. En su avance provoca muerte y daño de diversas especies de fauna terrestre y marina, algunas de ellas en peligro de extinción, como la nutria marina; además de cuantiosas pérdidas económicas por la paralización de actividades en las playas, muchas de ellas actividades de subsistencia, como la pesca artesanal, la acuicultura, el turismo y el comercio interno.

Lo sucedido es el resultado de todo lo opuesto a una conducta empresarial responsable y respetuosa de los derechos humanos, y un Estado vigilante y efectivo en cautelar esta conducta. Por un lado, hemos observado un intento por evadir responsabilidades, negando lo evidente y ocultando información, además de un actuar negligente y tardío; y por el otro lado, inacción, ausencias o insuficientes controles previos, así como una débil y lenta reacción en todos los frentes, que agravan el impacto ambiental y social. Incumplimiento tras incumplimiento y un aparato estatal que parece no advertirlos oportunamente.

Entonces, cabe reflexionar sobre los motivos que generaron este desastre ambiental y si el mismo pudo evitarse. Las actividades de hidrocarburos son de las más reguladas, con medidas de identificación, prevención, control y mitigación de impactos, instrumentos de gestión ambiental que recogen dichas medidas, así como un sistema de supervisión y fiscalización permanente.

Al respecto, surgen interrogantes como ¿solo hay responsabilidad de la empresa? ¿Las deficiencias y necesidad de actualizar el Plan de Contingencia, así como las fallas técnicas, pudieron advertirse antes por el Estado? ¿Los otros instrumentos de gestión ambiental de la empresa, aprobados por el Estado, son los adecuados? ¿Estos están actualizados? ¿Se realizaron las supervisiones estatales y dispusieron las medidas para prevenir este desastre ambiental? La inacción de la empresa no exime al Estado de sus obligaciones y responsabilidades, tal como la ha venido señalando la Defensoría del Pueblo desde el inicio del desastre.

El Estado peruano tiene el deber de cautelar los derechos de todas las personas afectadas. En tal sentido, frente a la vulneración diaria de sus derechos y la evidente demora de la empresa, se demanda al Estado la ejecución de medidas efectivas, que aseguren en el más breve plazo la contención del petróleo, la limpieza de las playas y del mar, y la recuperación y restauración de los ecosistemas afectados, con cargo a repetir contra la empresa responsable. Esta tarea es impostergable. El retraso en su atención provocará mayores impactos que los presentes.

Por otro lado, pese a las constantes invocaciones de la Defensoría del Pueblo, el Estado aún no emite un reporte único sobre el avance en estas importantes tareas, menos aún un reporte diario que permita a los gobiernos locales y a la población contar con información clara, continua y oportuna, que les brinde confianza y certeza para la toma de sus decisiones. Por el contrario, se observan comunicados y notas de prensa aisladas y, recientemente, conferencias de prensa, pero sin la continuidad que el desastre ambiental exige.

También resulta preocupante la situación de las personas afectadas, quienes deben recibir de manera inmediata y sin mayor trámite, la asistencia humanitaria y los servicios esenciales que requieren, además de ser compensadas por la empresa.

Sin embargo, no se conoce si el Estado y la empresa han identificado a todos los afectados, ni las medidas que implementarán o que se vienen ejecutando para su bienestar hasta que culminen todas las labores. Solo se conocen iniciativas individuales y en forma desordenada de algunas instancias estatales y la empresa, mas no del avance y eficacia de dichas medidas. Ante ello, la Defensoría del Pueblo demanda al Estado, y sin perjuicio de repetir contra la empresa, ejecutar con urgencia las acciones que aseguren la asistencia humanitaria, pero con la debida transparencia. La población tiene derecho a conocer las acciones que se llevan a cabo para cautelar sus derechos.

Las medidas que se adopten hoy, evitarán consecuencias mayores mañana. También contribuirán a evitar que desastres ambientales de esta magnitud vuelvan a ocurrir. Las lecciones aprendidas deben servir. El desastre ambiental pudo evitarse.