PhD, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico
Que el Congreso de la República proponga y apruebe medidas económicas, como la recientemente aprobada ley de topes a las tasas de interés sin ningún fundamento técnico, pone sobre la mesa de discusión qué medidas se pueden implementar para asegurar la calidad técnica de las propuestas del legislativo en materia económica y financiera.
No conozco a un economista ni experto en finanzas de respetada trayectoria que, en base a argumentos técnicos, defienda tal medida. Todo lo contrario, son muchos los que se han pronunciado en contra, incluyendo al presidente del Banco Central de Reserva, el actual ministro de economía y más de un ex ministro de economía.
Se ha explicado que los topes a las tasas de interés no cumplen con el objetivo deseado y por el contrario lo que hacen es excluir del sistema formal a un segmento de clientes, típicamente de bajos ingresos y de la micro y pequeña empresa, poniéndolos en bandeja para ser atendidos por el sector informal con prácticas financieras ilegales. Se ha explicado que las distintas tasas de interés reflejan, y es deseable que así sea, las diferencias en riesgo de distintos segmentos de clientes. A clientes de mayor riesgo, pero con actividades rentables, naturalmente se les cobra una prima por riesgo.
Se sabe que cuando existen limitaciones en una rápida y eficiente resolución de conflictos se hace más costoso el crédito porque en caso de que algún mal cliente no quiera pagar su crédito a la empresa financiera se le hará más difícil poder efectuar el cobro. No es difícil de entender que cuando muchos clientes operan en el sector informal y se acercan al sistema financiero formal a solicitar un crédito se hace más costoso verificar la capacidad de pago del cliente con lo cual se encarece el crédito.
Sería legítima la preocupación de hacer algo si efectivamente el mercado financiero no funciona adecuadamente y las tasas de interés que se cobran no reflejan las de un mercado competitivo y son “altas” después de considerar factores de riesgo y costos fuera del control del sistema financiero (informalidad, deficiente sistema de resolución de conflictos). Pero la pregunta a quienes aprobaron esta medida es, ¿dónde está el diagnóstico en base a datos y evidencia rigurosa que nos demuestran que esto es así? Si existe la evidencia con gusto ayudamos a validarla y lo más importante a buscar soluciones técnicas que funcionen de verdad (entre ellas, elevar la competencia, mecanismos de “de-risking”, bajar la informalidad y el costo de resolver conflictos) para asegurar un sistema financiero con tasas competitivas en todos los segmentos de clientes.
Lo que no apoyamos son medidas que la experiencia (acordarse de los ochenta) y la ciencia económica y financiera nos dicen que no funcionan. Lo que no apoyamos son cada vez más propuestas que le dicen al mundo que en el Perú los temas económicos y financieros se deciden por cualquiera menos por expertos en finanzas y economía. Esa es la pésima señal que está dando el Congreso con esta y otras medidas aprobadas recientemente (retiro de pensiones y régimen laboral agrario entre ellas).
Es hora de debatir opciones para asegurar que las propuestas económicas y financieras del Congreso cuenten con fundamento técnico. Tal vez el Congreso deba considerar un centro de estudios económicos y financieros de alta calidad, con independencia, cuya labor exclusiva sea dar opinión favorable o desfavorable en base a sustento técnico a iniciativas de congresistas “creativos”.