En noviembre, el presidente de China, Xi Jinping, inaugurará el enorme puerto de Chancay a 70km al norte de Lima y en el que la compañía china Cosco y una socia local han invertido US$ 1,300 millones, a la fecha. Este proyecto tipifica la huella que el gigante asiático ha estampado en América Latina este siglo. Su comercio con la región pasó de US$ 18,000 millones el 2002 a US$ 450,000 millones el 2022 —ya es la principal socia comercial de Sudamérica—.
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La presencia china no es solo económica. Ha multiplicado su personal diplomático mientras que Estados Unidos suele dejar vacantes altos cargos en sus embajadas. Además, funcionarios estatales, periodistas y académicos de la región son invitados a China gratuitamente. Esta expansión alarma a personas como el senador republicano Marco Rubio, quien sostiene que Estados Unidos “no puede darse el lujo de permitir que el partido Comunista chino amplíe su influencia y absorba a América Latina y el Caribe en su bloque político-económico”.
Los funcionarios de la región argumentan que al actuar como clienta, inversionista y financista de infraestructura necesaria, China ha llenado un vacío dejado por Occidente. Por ejemplo, Estados Unidos mantiene acuerdos de libre comercio con once países latinoamericanos, pero no muestra apetito por más. El Gobierno de Uruguay, de centroderecha, negocia un tratado con China luego de haber sido desairado por Estados Unidos, mientras que miembros de la Unión Europea (UE) están bloqueando la ratificación de un pacto comercial con Mercosur.
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Estados Unidos y Europa siguen siendo los mayores inversionistas foráneos en América Latina, pero a medida que crece el rol de China como socia comercial y de inversiones, en especial en Sudamérica, los gobiernos del subcontinente no quieren ser forzados a elegir entre las dos superpotencias mundiales. “Nuestra política es tratar de mantener un equilibrio”, señala un ministro de Relaciones Exteriores.
Pero algunos buscan una doctrina de política exterior de “no alineamiento activo”, término acuñado por Jorge Heine, exembajador chileno, que recuerda al Movimiento No Alineado, fundado durante la Guerra Fría. Heine argumenta que el proteccionismo adoptado por Donald Trump (y continuado por Joe Biden) y el ascenso del grupo BRICS, que incluye a Brasil y China, suponen un cambio irreversible en el orden mundial. El no alineamiento activo “permite a los países estar cerca de una potencia en ciertos asuntos y a otra en asuntos diferentes”.
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Si bien esto puede tener sentido para América Latina, en la práctica, sus líderes parecen no tener en cuenta las posibles consecuencias políticas de las decisiones económicas. La región “no está pensando sobre el dominio chino en términos de política gubernamental en el corto y largo plazo”, alerta Margaret Myers, del centro de investigación Diálogo Interamericano. Esto aplica al Perú, que además del puerto de Chancay, ha aprobado que empresas estatales chinas adquieran el monopolio de la distribución de electricidad en Lima.
El regulador aplicó condiciones leves a la transacción, pero ninguna entidad gubernamental consideró las implicancias geopolíticas. La amenaza no es que China pueda cortar la luz sino que ha adquirido una herramienta para aplicar mayor presión sutil. Myers precisa que China intenta moldear, según sus intereses, el entorno internacional en América Latina”. Esto es, por supuesto, lo que Estados Unidos ha tratado de hacer durante mucho tiempo, pero en este caso, hay mucha mayor percatación y pensamiento independiente respecto a cómo responder.
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“Nadie está pensando de manera organizada acerca de la inversión China”, señala el ministro entrevistado. No hay examinación estratégica de las inversiones foráneas, como sí ocurre en Europa o Estados Unidos. Una estatal china tiene una relación muy distinta con su Gobierno que, digamos, una firma privada europea. En la región escasean los expertos en China, la cual financia a varios de los pocos centros de investigación de política exterior existentes.
Tanto la UE como Estados Unidos están hablando de invertir más en América Latina. En una cumbre el año pasado, la UE prometió US$ 48,000 millones para el 2027, focalizados en energía verde, digitalización y minerales esenciales. Asimismo, Biden recibió a representantes de diez países latinoamericanos y del Caribe para la primera cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, respaldada principalmente por fondos del BID. Diplomáticos de la región sostienen que ambas iniciativas son, en su mayor parte, un reempaquetado de programas existentes.
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Más músculo tendría un proyecto de ley enviado en marzo al Congreso de Estados Unidos con apoyo bipartidista, que contempla beneficios comerciales, financiación de infraestructura y subsidios a la inversión en “near-shoring”. De aprobarse, haría que China enfrente un poco más de competencia. Para que América Latina saque provecho de más pretendientes y minimice el riesgo de dependencia, necesita ser perspicaz.
Traducido por Antonio Yonz Martínez.