Docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
A lo largo de la emergencia sanitaria por la COVID-19, se vienen dictando distintas disposiciones para la prestación de servicios de los servidores civiles (categoría que incluye al personal contratado en el Estado mediante los distintos regímenes de contratación vigentes). Las cuáles incluyen el trabajo remoto, el derecho a la desconexión digital, entre otros. Sin restar mérito a lo valioso de contar con estas disposiciones, poder determinar su nivel de cumplimiento no resulta una tarea sencilla, principalmente por la ausencia de información oficial. Si nos remitimos a lo señalado por distintos medios de comunicación, las Entidades de los distintos niveles de gobierno, habrían aplicado estas disposiciones en distinta proporción según el criterio de cada jefe inmediato.
A la ausencia de información oficial señalada, se suma una pregunta previa, para la cual tampoco encontramos información actualizada: ¿Las Entidades encargadas emitir las disposiciones para la prestación de servicios civiles en el Estado, conocen el perfil actual de los servidores? No nos referimos a un perfil de puesto, sino a un perfil de las personas que prestan los servicios. Por ejemplo, en el contexto actual de pandemia y ante el inicio del año escolar, ¿Se sabe cuántos tienen a su cargo un hogar uniparental (entendiendo por tal no solo a las madres solteras, que sin duda conforman la mayoría, sino también a todas las madres o padres que se encuentran solos a cargo de sus hijos)? ¿Cuántas(os) servidoras(os) tienen hijos pequeños? ¿Cuántas(os) servidoras(os) cuentan en casa con más de 1 lap top y adecuado servicio de internet?
Los últimos datos relacionados al tema, en el portal electrónico de la Autoridad del Servicio Civil-Servir, corresponden a un análisis de los años 2004 al 2018. En el 2018, aproximadamente el 47.5% de servidores civiles eran mujeres, de las cuales 41.5% se encontraban en el rango de edad de los 30 a 44 años, y el 43.7% se encontraban en el ámbito rural. En general, las servidoras civiles al 2018 no se desempeñaban en cargos directivos y el 23.6% eran jefas del hogar. El dato más reciente de la publicación es del 2019, y está referido al número de lactarios en las Entidades Públicas.
La generación de información actual y su análisis no es un tema menor, más aún porque el contexto exige que las normas y disposiciones tengan en cuenta la realidad social y las necesidades de las personas, así como la importancia de implementar las adecuaciones que permitan la continuidad de los servicios a cargo del Estado. La efectividad y los resultados deben estar por encima del control de horas trabajadas (que deja de tener sentido); la modernización del Estado debe venir con un fuerte componente de inclusión y empatía, y para ello, se debe partir por conocer al servidor civil. Es muy posible que en la actualidad, se trabajen más horas que antes de la pandemia, por lo que antes que un control de horas trabajadas, debiera controlarse el cumplimiento de metas o productos, junto con el respecto al derecho a la desconexión digital.
Volviendo al ejemplo del inicio del año escolar, en la mayoría de hogares del Perú, el cuidado de los hijos y su acompañamiento durante las clases recae en la madre, que al prestar servicios en el Estado, es a la vez una la servidora civil; la madre y la servidora civil, es una misma persona y el Estado no debería ignorar esta realidad. Tampoco puede dejar de lado que hoy en día, el empleo femenino reviste de especial vulnerabilidad como consecuencia de la pandemia, teniendo por tanto el Estado un rol importante por evitar la pérdida del trabajo de las servidoras civiles, y en consecuencia evitar el aumento del empobrecimiento y brechas sociales para la condición de la mujer y sus hijos menores en el país.
Por tanto, es necesario que Servir, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Educación, entre otros, coordinen la adecuación y articulación de sus normas y disposiciones, teniendo presente a los(as) servidores(as) civiles con hijos en edad preescolar y escolar, a quienes el nido o colegio le piden estar junto al menor durante las clases, conectados desde su hogar, en horarios que coinciden con aquellos que en la vida previa a la pandemia, se esperaba que estén en una oficina.
Lo contrario, regular sin conocer la realidad de las personas, equivale a agrandar los porcentajes de desempleo, agravar la desigualdad en el acceso a la educación y en el nivel del servicio educativo durante la pandemia, así como ahondar en las vulnerabilidades y diferencias sociales, en perjuicio principalmente de las madres que trabajan y sus hijos pequeños, sobre todo en los hogares uniparentales.