Nancy Laos Cáceres
Exministra de Trabajo y Promoción del Empleo
Los derechos de sindicalización, negociación colectiva y huelga están reconocidos en la Constitución y permiten a los trabajadores mejorar sus condiciones de trabajo y de remuneraciones. Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el porcentaje de trabajadores afiliados a sindicatos en Perú ascendió a 5.2% (2021). Es decir, solo 5 de cada 100 trabajadores formales privados decidieron ser parte de un sindicato. Es un nivel bajo si se compara con Argentina (35%), Uruguay (25%) y Brasil (18%), según la OIT.
Resulta razonable preguntar ¿por qué siendo derechos tan importantes, los trabajadores no deciden afiliarse a sindicatos? ¿Será que el marco legal ahuyenta la sindicalización o será que el sindicato no genera confianza en los trabajadores? Aún no tenemos una respuesta contundente sobre el particular. Por ello, resulta sorprendente que, sin mostrar ningún estudio o evidencia, el Gobierno ha concluido que el problema es normativo y ha modificado el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas, asumiendo que con eso mejorarán los niveles de sindicalización. Así, ha empoderado a los actuales sindicatos, ha flexibilizado los trámites para las huelgas y ha distorsionado los arbitrajes y las negociaciones colectivas.
En nuestro mercado laboral la mayoría de los sindicatos está en las grandes empresas. Según Perú TOP Publications, en el Perú existen 12 mil grandes empresas, de un total de más de 2 millones de empresas, es decir, solo son el 0.6%. Más del 99% son micro y pequeñas y, dentro de ese grupo, la mayoría son de subsistencia, donde no existen sindicatos. Así, el Gobierno legisla para un pequeño grupo ya protegido, dejando a la gran mayoría sin derecho alguno. No se entiende por qué para el Gobierno no es prioridad dictar políticas públicas que beneficien a las grandes mayorías. ¿No sería mejor dar normas para incrementar la formalidad, buscando que más trabajadores ingresen a planillas y puedan tener protección social?
Es importante que los propios sindicatos reflexionen si la causa de esta baja afiliación sería más bien la falta de confianza en sus organizaciones. ¿La actitud de permanente confrontación y no de solución concertada podría explicar esto? Si esto fuera así, ¿no sería mejor empezar por la búsqueda de mecanismos que posibiliten cambios en la forma de negociar de las partes con técnicas modernas que viabilicen acuerdos duraderos y minimicen las confrontaciones y, por ende, los conflictos? ¿La norma emitida generará la credibilidad y disposición de los empresarios para mejorar la inversión y crear más puestos de trabajo? Mientras el nuevo ministro de Economía busca confianza para reactivar, casi todo el Gobierno hace lo contrario.
Las políticas públicas deben basarse en evidencias (y no solo en ideologías) y generar confianza en sus regulados. Los sindicatos deberían ser los más interesados en no avalar normas sin evidencias y en repensar su rol para recuperar credibilidad y la eficacia de su misión. La OIT podría ser un gran aliado para construir una nueva visión sindical en el Perú.