Contra una minería ilegal debilitada, erradicar es viable. Contra una minería ilegal financiada y abastecida, es apenas un espectáculo caro. (Foto: PCM).
Contra una minería ilegal debilitada, erradicar es viable. Contra una minería ilegal financiada y abastecida, es apenas un espectáculo caro. (Foto: PCM).

El lunes pasado, el Gobierno presentó a la Cámara de Diputados su proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). El punto que concentró la atención fue el rebautizo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que pasaría a llamarse Régimen de Consolidación, de carácter temporal y con vigencia hasta junio del 2028. Esto para que los inscritos en el Reinfo, que caduca el próximo 31 de diciembre, puedan culminar su proceso de formalización. Hay que recordar que dicho registro fue creado en diciembre del 2016 y también tenía carácter temporal (120 días), pero su plazo fue prorrogado en múltiples ocasiones. Diez años después, menos del 2.5% de inscritos ha culminado su proceso de formalización.

¿Qué asegura que no habrá más prórrogas? Si ha habido tantas, será difícil para el Gobierno convencer que el Régimen de Consolidación culminará, de manera definitiva, en junio del 2028. Las presiones de mineros, en particular de quienes se autodefinen pequeños y artesanales sin serlo, así como de congresistas, podrían provocar una o más prórrogas. Para los nuevos y los ya formalizados, el proyecto de Ley Mape establece un régimen ordinario permanente, cuya normativa incluirá requisitos de información, trazabilidad y fiscalización, además de autorización sectorial y certificación ambiental.

A fin de que la normativa no termine en letra muerta, el Gobierno está apostando por la creación de una entidad que, en la práctica, asumirá funciones que actualmente desempeñan (o deberían desempeñar) los gobiernos regionales: el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (Formape), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (Minem), con autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. Otra novedad es que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Osinergmin y Sunafil asumirían funciones de fiscalización y supervisión, aunque es extraño que se plantee que solamente durante cinco años.

Con respecto a la Sunat, el proyecto de ley mantiene su participación en el control de insumos y explosivos, pero no incide en un rol fiscalizador tributario más profundo. Esa y otras omisiones podrían subsanarse en el debate de la ley, aunque se desconoce la actitud que tomará el Congreso, sobre todo la oposición, que podría eliminar parte relevante de la normativa. En noviembre del 2024, el entonces titular del Minem, Rómulo Mucho, fue censurado por el Congreso –tras presentar un proyecto de Ley MAPE–. Una de las mociones de censura fue presentada por la bancada de Fuerza Popular.

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