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El Sistema Privado de Pensiones (SPP) peruano cumple 30 años este 2023. Además de su función previsional, este sistema también ha contribuido al desarrollo nacional y es una de las principales fuentes de ahorro a largo plazo, al contar con una cartera administrada equivalente al 11.8% del PBI y 63.2% del ahorro interno (S/ 112,828 millones).
De la misma manera, ha permitido ejecutar proyectos relevantes para el desarrollo del país en sectores como telecomunicaciones (telefonía móvil y fibra óptica), energía (gas a las casas de los peruanos y distribución, generación y transmisión eléctrica), transporte (redes viales, ferrocarriles, aerocomercial y portuario), saneamiento (plantas de tratamiento para potabilizar el agua) y agricultura (obras de irrigación).
Sin embargo, mal haríamos en señalar solo los aspectos positivos, ya que todo modelo es perfectible. En este trigésimo aniversario, es momento de hablar de una verdadera reforma del sistema que sea universal e inclusiva, con una perspectiva de largo plazo, que beneficie a los trabajadores de hoy y jubilados de mañana.
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Para ello, se debe tomar en consideración que nuestro país atravesará cambios demográficos importantes, como el incremento del envejecimiento poblacional (la población mayor de 65 años de edad se triplicará al 2070, alcanzando el 38% del total), la esperanza de vida pasará de 77 a 82 años y la tasa de fecundidad se reducirá en 23%.
En los últimos meses, nuevamente se ha puesto en la agenda y debate público la posibilidad de una reforma previsional. En esa línea, se han presentado propuestas de diversos sectores, incluida, por supuesto, una planteada por la Asociación de AFP.
Desde nuestro gremio, creemos que es absolutamente legítimo que los actores políticos, gubernamentales y privados presenten diversas propuestas para reformar el sistema previsional. Creemos que más allá de las diferencias que puedan existir (las cuales deben ser debatidas con enfoques técnicos), es sumamente relevante centrarnos en los puntos de convergencia de la mayoría de iniciativas, que apuntan a un sistema de pensiones sostenible a largo plazo con solidaridad, premio al esfuerzo de ahorro y eficiencia en el uso de recursos públicos.
Para cumplir con estos tres ejes, se requiere:
(i) Establecer la garantía de una pensión mínima universal para todos los afiliados, que incluya a trabajadores informales e independientes, sobre todo en una realidad con tan altas tasas de informalidad (78%) como es la peruana.
(ii) Preservar las cuentas individuales de capitalización con nombre propio e intangibles, herramienta más costo-eficiente que un sistema de reparto, donde los diversos escenarios evaluados muestran que el costo estatal de garantizar una pensión mínima puede ser hasta 6 veces menor con ahorros previsionales capitalizados.
(iii) Establecer una nueva modalidad de cobro de comisión por desempeño, con la finalidad de que los afiliados tengan más opciones de elección.
(iv) Aumentar la competencia en la administración de fondos de pensiones, siempre en igualdad de condiciones y bajo las mismas reglas (patrimonios separados y fondos intangibles para que las futuras pensiones estén bien protegidas).
A esta apertura, se debe sumar que el regulador cuente con mayores facultades para aprobar de manera oportuna el desarrollo de nuevos productos previsionales, que le permitan a los afiliados contar con más opciones, que incluyan nuevas modalidades de pago, acorde con la realidad del mercado laboral peruano.
Es momento de enfocarnos en una verdadera reforma de pensiones de largo plazo y pensar en aquellos peruanos que no tendrán de qué vivir cuando lleguen a la edad de jubilación. Ahí deberíamos incidir todos: Congreso, Poder Ejecutivo, trabajadores y sector privado, para que la reforma sea una realidad. Es necesario reconocer las diferencias, pero también debemos avanzar con las coincidencias.
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